La oposición rechaza el DNU que habilita al Gobierno a subir las jubilaciones por decreto

Distintos referentes de la oposición cuestionaron con dureza la decisión del Gobierno de prorrogar, por medio de un decreto de necesidad y urgencia, la suspensión por otros 180 días, de la ley de movilidad jubilatoria, lo que le permitirá disponer discrecionalmente y por decreto las futuras subas de las jubilaciones hasta fin de año.

Los diputados de Juntos por el Cambio presentaron sendos proyectos de ley, elaborados por el Graciela Ocaña y el radical Alejandro Cacace, para derogar este decreto presidencial. Argumentan que los jubilados y pensionados, lejos de percibir una mejora en sus haberes como había prometido el presidente Alberto Fernández durante la campaña electoral, han sido perjudicados con las subas impuestas hasta ahora por decreto.

"Con la fórmula de movilidad que hoy se encuentra suspendida, en marzo los jubilados hubieran recibido un aumento del 11,56%, mientras que en junio el aumento hubiera sido del 10,9%, casi duplicando el aumento fijado por decreto de 6,12%. De esa forma, el haber mínimo que ahora es de $16.864, hubiera sido, de regir la ley suspendida, de $17.405", advirtió el diputado Cacace. A su juicio, esta nueva suspensión de la movilidad jubilatoria dispuesta por decreto presidencial avasalla facultades propias del Congreso, a cargo de definir una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

"Esta es una medida inconstitucional ya que menoscaban los derechos adquiridos de nuestros jubilados y atentan contra los principios de igualdad ante la ley, irretroactividad y progresividad de los derechos fundamentales", advirtió Ocaña.

En diciembre pasado, con la ley de emergencia económica, el oficialismo suspendió por seis meses la aplicación de la fórmula de movilidad dispuesta por ley en 2017, plazo que vence el 20 de este mes. Asimismo dispuso que, en el ínterin, una comisión integrada por funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores de ambas cámaras defina un nuevo cálculo de actualización. Sin embargo, la comisión ad hoc se conformó recién el mes pasado, por lo que el Gobierno, ante el inminente vencimiento del plazo de la suspensión, emitió el decreto para prorrogarla por otros seis meses.

La decisión del Gobierno desató una airada crítica de la oposición. El presidente del bloque Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, advirtió que este nuevo decreto constituye "un escandaloso ajuste y robo a nuestros adultos mayores" y exigió que se restablezca la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada en 2017.

Más críticas

Por su parte, el diputado radical Luis Petri consideró que con el decreto 542 se oficializa "un despojo por 180 días más a los jubilados argentinos, a esos jubilados que en la campaña les decían que les iban a aumentar con las Leliqs ahora les congelan por todo un año su haber en nombre de la progresía".

Su correligionario chubutense Gustavo Menna afirmó que con esta medida "les siguen metiendo la mano en el bolsillo a los jubilados. Esta vez por decretazo", al tiempo que la diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica, enfatizó que esta medida "prorroga el hambre" de los jubilados.

También desde la izquierda surgieron los duros cuestionamientos. El diputado Nicolás del Caño sostuvo que "la prórroga de la suspensión de la movilidad a través de un nuevo DNU es para seguir ajustando a las jubiladas y jubilados. Al desastre de (Mauricio) Macri hay que sumar un mayor deterioro de los ingresos de los adultos mayores, que son la principal población de riesgo frente al Covid-19".

A su vez, el legislador porteño Gabriel Solano calificó de "atropello" al decreto presidencial. "Es un atropello a los jubilados, que debían cobrar en junio 9.8% y recibirán solo el 6.1%. Mientras tanto la Anses sigue siendo usada para financiar gastos de todo tipo", insistió.

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