La oposición pide interpelar a la ministra Vizzotti por las irregularidades en las contrataciones por el Covid 19

Luego de que la Auditoría General de la Nación (AGN) diera a conocer un informe lapidario sobre la gestión del Ministerio de Salud durante la pandemia, la diputada Margarita Stolbizer, de Juntos por el Cambio, reclamó la interpelación de la ministra del área, Carla Vizzotti, al tiempo que su colega Graciela Ocaña reclamó la creación de una comisión investigadora en la Cámara baja para que analice y verifique las presuntas irregularidades en las contrataciones de emergencia que efectuó el Estado.

“Queremos saber los secretos que el oficialismo no quiere que se conozcan, como las compras sin control. Por qué el Gobierno rechazó 13 millones de dosis de la vacuna Pfizer”, enfatizó Ocaña.

En su último informe, la AGN advirtió que, al amparo del decreto que instauró la emergencia sanitaria, el Ministerio de Salud –por entonces comandado por Ginés González García– relajó los procedimientos de control interno al realizar las contrataciones dando lugar, en algunos casos, a pagos indebidos a empresas proveedoras al verificarse diferencias entre los montos de la orden de pago y lo efectivamente facturado. No solo eso: además se constató, en varios de los expedientes analizados, que los oferentes no acompañaron los productos comercializados con el correspondiente certificado de la ANMAT.

“Lamentablemente, y no es la primera vez, las emergencias son utilizadas como una salvaguarda para sortear controles y evitar los procedimientos que en sí mismos están fijados por las normas para asegurar la transparencia que deben tener las contrataciones del Estado -sostuvo Stolbizer-. Lo que ha ocurrido, en un comportamiento tan repudiable como inmoral, es la utilización de la situación de personas con una necesidad particular para montar sobre ellas negocios de los que resultan beneficiarias personas tan inescrupulosas en el sector privado como aquellos que así lo facilitan desde el manejo de lo público”.

Asimismo, la diputada Stolbizer pidió a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) que se aboque a la investigación de las presuntas irregularidades detectadas por la AGN.

“No hay duda sobre las anomalías de índole administrativa pero también aparecen hechos que podrían constituir delito y esa es la razón que motiva esta presentación -advirtió-. Las diferencias entre pagos autorizados y los efectivamente hechos, excediendo los montos, es de por sí grave. O la compra de insumos que no contaban con la aprobación técnica del organismo a cargo, ANMAT”.

Compra de vacunas

Sobre la compra de las vacunas, sin embargo, la mayoría oficialista de la AGN decidió no revelar el contenido de los contratos que el Estado suscribió con los laboratorios con el argumento de que contienen aspectos confidenciales. La oposición, en vano, reclamó avanzar a fondo en las investigaciones.

Este es uno de los puntos oscuros de la gestión de la pandemia sobre los que la comisión investigadora debería abocarse, insistió Ocaña. En su proyecto, propone que el cuerpo a crearse enfoque su análisis en tres cuestiones: los procesos de compras y contrataciones realizados por el Estado para atender la pandemia; los contratos suscriptos por la Argentina con los laboratorios productores de las vacunas contra el Covid 19 y el cumplimiento de los objetivos de la campaña de vacunación.

Los diputados de Juntos por el Cambio proponen que la comisión esté integrada por 30 miembros y que, durante el plazo de un año, produzca la investigación correspondiente. Finalizado ese lapso, deberá presentar un informe al plenario dentro de los 90 días subsiguientes.

Para poder realizar la investigación, los diputados podrán recibir denuncias, escritas u orales, y material probatorio sobre los hechos que son objeto de la investigación. Asimismo, podrán requerir y recibir declaraciones testimoniales como así también realizar inspecciones oculares, debiendo dejarse constancia de sus resultados.

“Si como consecuencia de la investigación, o en el transcurso de la misma, se advirtiera en la comisión de actos que pudieran considerarse delitos de acción pública, la comisión deberá formular la pertinente denuncia penal, aportando los elementos de prueba recopilados”, propone Ocaña.

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