La oposición lanzará una ofensiva en el Congreso para frenar el canje de bonos de la Anses

Con la puja electoral como telón de fondo, la oposición emprenderá esta semana una ofensiva contra el oficialismo en el Congreso con el foco puesto en la decisión del ministro de Economía, Sergio Massa, de instrumentar un canje forzoso de las tenencias en dólares de los organismos públicos –incluido el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses- por bonos en pesos. Los opositores denunciarán que se trata de una operación lesiva a los intereses de los actuales y futuros jubilados que favorece al sector privado y financiero.

La embestida incluirá desde pedidos de citación al ministro Massa y de la jefa de la Anses Fernanda Raverta al Congreso hasta la presentación de un proyecto de ley para derogar los dos decretos que instrumentan el canje forzoso de bonos. Además, los opositores de Juntos por el Cambio buscarán emplazar al Frente de Todos a que convoque de manera urgente a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de revisar los decretos presidenciales; por decisión del oficialismo este cuerpo está paralizado desde noviembre pasado.

En paralelo, la bancada de Pro presentó ante la Justicia un recurso de amparo para anular este canje forzoso de las tenencias en dólares de la Anses; ello se suman a sendas denuncias penales contra el presidente Alberto Fernández y el ministro Massa que formularon las diputadas Graciela Ocaña (Pro) y Romina Del Plá (Frente de Izquierda).

Los opositores utilizarán como escenario de su ofensiva las sesiones que fueron convocadas para esta semana en la Cámara de Diputados y en el Senado. Si el clima político en el Congreso ya viene enrarecido desde que el oficialismo le declaró la guerra a la Corte Suprema, todo anticipa un enfrentamiento sin cuartel en ambos recintos.

Difícilmente la oposición consiga revertir la medida que adoptó Massa –la tropa oficialista bloqueará toda ofensiva con su mayoría en las comisiones-, pero buscará al menos llevarse un trofeo simbólico: dejar al desnudo al kirchnerismo en su contradicción de permitirle al Gobierno la “herejía” de avanzar sobre los fondos jubilatorios para beneficiar a bancos y sectores privados, sus enemigos dialécticos.

De no lograr este objetivo, los opositores irán por un “plan B”. El bloque de la UCR, encabezado por Mario Negri, al igual que el diputado Alejandro Cacace, de Evolución Radical, presentaron hoy sendos proyectos de ley para derogar, lisa y llanamente, los decretos presidenciales.

“Comprometen gravemente el futuro de los jubilados y pensionados al quedar deteriorada la solidez de la inversión actual, pasando de una moneda fuerte a la moneda local en proceso de destrucción y pérdida de valor constante frente a la moneda extranjera -advirtieron los diputados radicales-. Estos activos serán vendidos luego al sistema bancario, quienes comprarán a precio más barato dándole los pesos al Tesoro para seguir en la búsqueda de financiamiento del déficit fiscal, trayendo como consecuencia que habrá menos capacidad de crédito para el sector privado. Pero, además, toda esta operación tiene un altísimo costo para el Estado ya que al vender esos títulos en dólares se estaría endeudando al 25% y hasta un 45% anual en dicha moneda conforme estimaciones de especialistas en materia financiera, lo cual es inadmisible desde todo punto de vista”.

El radical Cacace advirtió, además, que los decretos presidenciales violan la ley de administración financiera y vulneran la ley que sustenta el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el cual fue concebido para atender insuficiencias para el pago de haberes previsionales en situaciones de contingencia.

Los opositores llevarán ambos proyectos mañana al recinto para intentar forzar su tratamiento en las comisiones. Buscarán el apoyo del interbloque Federal y de la izquierda, que anticiparon su rechazo a la operatoria.

“Este es un nuevo arrebato para raspar el fondo de la olla, en este caso a los fondos de los jubilados. Este operativo no tiene otro objetivo que salir del atolladero en el que se ha metido el ministro Massa. Nosotros rechazamos absolutamente esta maniobra, no es el camino –enfatizó Carlos Gutiérrez, miembro del interbloque Federal y mano derecha del gobernador cordobés Juan Schiaretti-. Seguir financiando el festival del déficit fiscal y la falta de dólares con los recursos de los jubilados es un límite que el kirchnerismo ha decidido cruzar pero nosotros no aceptamos.”

En el mismo sentido se expresó la socialista Mónica Fein. “Desde el Socialismo estamos en contra del canje de deuda que se le impuso a la ANSES, pesificando los bonos que respaldan las jubilaciones para beneficiar los dólares que usan los sectores financieros especulativos”, escribió la legisladora en su cuenta de Twitter.

Rossi, frente a un debut caliente

Como condimento adicional a la pelea, pasado mañana hará su debut en la Cámara baja el flamante jefe de Gabinete Agustín Rossi, quien expondrá su primer informe de gestión. Fiel al lema de que no hay mejor defensa que un buen ataque, el exjefe del bloque oficialista, conocedor como pocos del paño legislativo, promete devolver con munición gruesa la embestida opositora.

Rossi no sólo les enrostrará el crecimiento que exhibió la economía en el último año y la baja del índice de desocupación –en contraste con el último año de gestión de Mauricio Macri-, sino que además, exaltará que el canje de bonos resultará beneficioso para las arcas de la Anses.

El jefe de Gabinete se hará eco de las palabras del ministro Massa, quien en declaraciones radiales anticipó que pedirá un dictamen a la Universidad de Buenos Aires (UBA) sobre la operatoria. El ministro exaltó que el canje de bonos permitirá reducir la deuda en dólares en ley extranjera en 4000 millones de dólares e insistió en que la ANSES ganará 2000 millones de dólares con la operatoria.

“Para el jubilado esa ganancia de ANSeS aumenta el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en más de 400 mil millones de pesos que irán volcados a créditos para jubilados y créditos productivos”, adelantó, en respuesta a las críticas opositoras.

Ante la Cámara de Diputados, Rossi también deberá dar cuentas sobre la gestión del gobierno nacional frente al avance narco en su provincia, Santa Fe, otro de los temas candentes sobre los que la oposición promete machacar este martes en el recinto. Lo hará al momento de discutir el proyecto por el cual se crearán 50 nuevos cargos judiciales (entre jueces, fiscales y defensores), una iniciativa acordada por todos los bloques legislativos pero que recién podrá cristalizarse a largo plazo –en no menos de dos años-, cuando los nuevos magistrados sean designados.

El debate del proyecto disparará una fuerte discusión entre oficialistas y opositores sobre las responsabilidades políticas que han llevado a que Santa Fe –y particularmente Rosario- se haya convertido en la última década en una meca del narcotráfico y del crimen organizado.

Juntos por el Cambio también pretende llevar esta discusión al Senado, el cual está paralizado hace cuatro meses por orden de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Para ello convocó a una sesión especial para tratar los pliegos de tres candidatos a jueces con destino en tribunales en Rosario que tienen dictamen de comisión desde hace seis meses.

La oposición acusa a Cristina Kirchner de haber ordenado el congelamiento de esos acuerdos porque uno de los postulantes, Elena Dilario, es secretaria en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti, la jueza que tiene a su cargo la investigación del fallido atentado y a quien la vicepresidenta viene criticando y tratando de recusar desde noviembre del año pasado.

En línea con esta cuestión, Juntos por el Cambio volverá a la carga con la constitución de la Comisión Bicameral de Implementación del Código Procesal Penal, que no se reúne desde febrero de 2021. En aquella última reunión se había prometido avanzar con la implementación del nuevo sistema acusatorio en los departamentos judiciales de Mendoza y Rosario. Nunca lo hizo porque Cristina Kirchner dispuso no conformar las comisiones bicamerales luego de que el oficialismo perdiera su holgada mayoría en el cuerpo tras las elecciones legislativas de 2021.

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