La oposición frenó en el Consejo de la Magistratura la compra de un edificio para activar un tribunal clave en Santa Cruz
Los consejeros que apoyan a Juntos por el Cambio no habilitaron $17 millones del presupuesto para avanzar con la obras para construir la Cámara Federal en un pueblo patagónico
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LA NACIONHernán Cappiello
La compra de un edificio para que funcione una cámara federal en el corazón de la Patagonia para concentrar las causas federales que interesan al kirchnerismo fue excluida, por ahora, del presupuesto del Consejo de la Magistratura. Así se resolvió tras una discusión de alto voltaje político entre los consejeros que apoyan a Juntos por el Cambio y otros que suelen votar en sintonía con el Gobierno.
El debate de la Comisión de Administración Financiera fue áspero y estuvo cargado de chicanas e ironías, lo que desnudó el verdadero problema político detrás de presupuestar esta compra edilicia. La discusión duró una hora y media, y la ganó la postura impulsada por Juntos por el Cambio por siete votos a favor contras tres; hubo una abstención, de la consejera académica Pamela Tolosa.
Los cruces fueron entre el consejero Diego Marías, representante de los abogados, y la consejera Roxana Reyes, diputada radical y santacruceña, versus las posiciones del senador kirchnerista Martín Doñate, el senador del oficialismo Mariano Recalde y el juez Alberto Lugones. La diputada Graciela Camaño, con sus propios argumentos, votó en favor de sacar del presupuesto la compra de este edifico patagónico, ante la necesidad de atender demandas más urgentes de los trabajadores judiciales en otros edificios con problemas.
El asunto ahora se tratará en el próximo plenario, donde seguramente volverá la discusión porque los que perdieron insisten en que se revise el tratamiento del presupuesto para negociar. Quieren mantener esta compra de un edificio por 17 millones de pesos, una cifra ínfima económicamente en un presupuesto de 262 mil millones de pesos, de los cuales 3250 están destinados a obras, pero un gesto simbólico de gran peso político.
La Corte no habilitó este tribunal, situado a 240 kilómetros de Río Gallegos y a 467 de Caleta Olivia, en una ciudad de unos 6000 habitantes, pocos abogados, conectividad deficiente, sin aeropuerto y famosa por su estatua de Patoruzú en la entrada, en homenaje al personaje de historieta, que tiene un parque temático infantil en el lugar. Desde Tierra del Fuego los letrados deberían ir a Calafate tomar un avión para llegar hasta allí.
La Cámara Federal de Apelaciones de Luis Piedra Buena, ideada por el kirchnerismo, es la alzada de los dos juzgados federales de Santa Cruz (en Río Gallegos y Caleta Olivia) y de dos nuevos juzgados creados en Tierra del Fuego. Parte la competencia de la actual Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y busca convertirse en un lugar más amable para las causas que le interesan al kirchnerismo.
Ya fueron elevado los pliegos de Marcelo Hugo Bersanelli, Carlos Augusto Borges y Nelson Andrés Sánchez como vocales, pero por ahora no hay plata para comprar el edificio.
Fue Diego Marías, quien propuso sacar del presupuesto la compra porque dijo que era un tribunal no habilitado y que habiendo otras necesidades más urgentes no era necesario. Reyes, radical y patagónica se sumó con entusiasmo y abundó en las deficiencias no compradas de otros lugares que funcionan en edificios en comodato.
El juez Lugones puso de manifiesto que se trataba de una discusión política entre oficialismo y oposición, y dijo que si se aprobó la creación de la Cámara el deber del Consejo era dotarla de un edificio para su funcionamiento, y que el debate partidario debe darse en el Congreso.
Reyes se opuso e insistió en que hay que evaluar prioridades y Piedra Buena no era de esas. Doñate, patagónico, la chicaneó y dijo que era extraño que otra patagónica como ella no defendiera la existencia de un nuevo edificio judicial con los beneficios que traería aparejados para la región.
Graciela Camaño, que solía acompañar al oficialismo, en esta ocasión votó con Juntos por el Cambio. Pero aclaró que no lo hacía desde su lado de la grieta, sino citando un reclamo del gremio de los judiciales de Julio Piumato sobre los graves problemas edilicios que tienen los tribunales en funcionamiento y que se deben atender.
Mariano Recalde fue el más picante y se cruzó con Reyes. Dijo que su posición se basaba en un “problema pollítica partidario de la diputada con el otro partido de la provincia”. Insistió en que la discusión por 17 millones de pesos por “un capricho político de una diputada que hace una argumentación rebuscada. Sinceremos la discusión política”, reclamó Recalde.
Tras una hora y media de debate, se votó y se impuso la postura opositora.
Por Hernán Cappiello
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