La oposición denunció irregularidades en la licitación del gaseoducto Néstor Kirchner
Hubo tres presentaciones de legisladores, dirigentes opositores y denunciantes habituales; todas señalan que a la empresa estatal de energía Ieasa
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La licitación de las obras del gasoducto Néstor Kirchner será investigada por la Justicia. Tres denuncias penales se efectuaron este lunes para que la justicia federal investigue si hubo delitos en la licitación y si estuvo direccionada.
Las denuncias fueron de los diputados Graciela Ocaña y Waldo Wolf; de Yamil Santoro, de la Fundación Apolo, y del abogado Santiago Dupuy de Lome.
La primera en ser sorteada fue la de los legisladores, por lo que el juez Ariel Lijo sería el que concentre el asunto, aunque esa situación se resolverá luego del análisis que hagan los fiscales en cada caso.
Ocaña y Wolf presentaron una denuncia para que la Justicia investigue las sospechas de corrupción en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner que deslizó el exministro de Desarrollo Productivo y por las que el presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia. Les tocó a Lijo y al fiscal Eduardo Taiano.
El principal acusado es Agustín Gerez, presidente de Integración Energética Argentina SA (Ieasa) y hombre que responde al subsecretario de Energía, Federico Basualdo, en el organigrama de La Cámpora.
La denuncia es por los supuestos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.
Las medidas de prueba sugeridas por los denunciantes incluyen que sean citados a declarar como testigos la vicepresidenta Cristina Kirchner, el exministro Matías Kulfas y el exfuncionario Antonio Pronsato, quien tenía a su cargo la unidad ejecutora responsable del gasoducto y que renunció hace una semana disconforme con el escaso avance de la obra.
“Vamos contra Gerez y queremos que Kulfas declare en testimonial, ya que estaría obligado a decir la verdad”, dijo ayer Ocaña a LA NACION.
En paralelo, la Fundación Apolo, de Yamil Santoro, José Magioncalda y José Luis Patiño, presentó otra denuncia contra el directorio de Ieasa para que se determine si se direccionó la licitación para la compra de los caños necesarios para ejecutar la obra. Ingresó más tarde que la de Ocaña y Wolf, y le tocó al juzgado federal 12, hoy vacante.
Los denunciantes de la Fundación Apolo señalaron que se habría “direccionado la contratación de los caños para el gasoducto Néstor Kirchner, mediante la exigencia de especificaciones técnicas tendientes a que sólo una empresa pudiese resultar adjudicataria de la licitación”.
“Los intereses confiados en los que ejercen la administración de la compañía IEASA, se habrían visto perjudicados, pues evidentemente o se estarían llevando a cabo las obras con tecnología de menor calidad de la disponible, o a un costo más alto del posible”, afirmó la ONG en su denuncia.
El pliego de la compra se aprobó mediante la Resolución N° 15/2022 y, si bien la misma no se encuentra publicada en la página web de Ieasa -en violación de normas de transparencia activa establecidas por la ley 27.275 de acceso a la información pública-, el 4 de mayo pasado la empresa estatal emitió un comunicado en el que daba cuenta de la adjudicación a Techint, única empresa oferente.
La tercera denuncia, de Depuy Delome, señala que hay que investigar los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario publico y abuso de autoridad.
Tras el trascendido, Ieasa emitió un comunicado en el que señaló que previo a iniciar el proceso licitatorio, la empresa estatal solicitó a la Cámara Argentina de Fabricantes de Caños y Tubos de Acero que indicara qué empresas podían cumplir con los requisitos técnicos que exigía la obra y la respuesta fue que solo SIAT SA, de Techint, los cumplía. “Pese a esto, se realizó un proceso licitatorio internacional para convocar a empresas extranjeras. Solo SIAT S.A. presentó oferta”, informaron.
En cuanto a las válvulas usadas para la obra, que en el trascendido se mencionaba que habían sido compradas a una empresa extranjera e importadas, Ieasa informó que esa licitación fracasó “debido a que ninguna de las ofertas recibidas cumplen con los plazos de entrega solicitados”.
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