La Coalición Cívica denunció a Alberto Fernández por dejar acéfala la Comisión de Defensa de la Competencia
LA NACION
En una nueva reaparición desde que anunció su retiro de la política, Elisa Carrió cargó hoy contra Alberto Fernández por dejar acéfala la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la oficina del Estado destinada a regular abusos en el mercado. La Coalición Cívica presentó una denuncia penal que acusa al Presidente, al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y a la secretaria de Comercio, Paula Español, del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La acusación, firmada por los diputados opositores Maximiliano Ferraro, Hernán Reyes y Juan Manuel López, está fundada en que Fernández retiró del Senado, apenas desembarcó en la Casa Rosada, el pliego para nombrar a Esteban Greco al frente de Defensa de la Competencia, cargo para el que había sido elegido durante la gestión de Mauricio Macri. El Presidente no volvió a remitir dicho pliego al Senado, así como tampoco inició un nuevo concurso público.
Además de la denuncia, los tres diputados presentaron junto con Carrió una acción de amparo para que se intime al Presidente a designar al titular de dicha oficina. Caso contrario, le piden a la Justicia que fije un plazo máximo para que el Poder Ejecutivo inicie un nuevo concurso a fin de designar autoridades en el organismo público.
Mientras no haya autoridades nombradas oficialmente, Defensa de la Competencia queda sujeta a las decisiones que se tomen dentro de la Secretaría de Comercio, que está en la órbita del Poder Ejecutivo. "La ausencia de la Autoridad Nacional de Competencia implica una restricción en los derechos de empresas y consumidores, quienes se encuentran imposibilitados de acceder al juez natural para el control y sanción de las conductas anticompetitivas", aseguraron los diputados.
La designación de las autoridades de la Comisión de Defensa de la Competencia es un proceso complejo que incluye varios pasos: comienza con un concurso público de antecedentes, una vez terminado se reciben las impugnaciones y observaciones de la sociedad civil, y luego se remite el pliego de designación para su acuerdo en el Senado. Durante 2019, el último año del gobierno de Macri, se realizó el proceso de designación y el Poder Ejecutivo envió el pliego al Senado, pero cuando asumió Fernández retiró el pliego para revisarlo, como ocurrió con más de 100 pliegos de jueces federales.
"La independencia de dicho organismo es condición necesaria de un organismo que estudia, investiga y sanciona tanto a privados como a sociedades del Estado o con participación de los propios funcionarios del gobierno a cargo", reclamaron los diputados opositores. Y aseguraron que "los funcionarios omiten sus deberes a partir del retiro del pliego en el Senado de la Nación que interrumpió el normal desenvolvimiento del normal transcurso del procedimiento de designación".
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