La oposición denuncia al Presidente, a Cristina Kirchner y a otros funcionarios por instigar a cometer delitos, amenazar e intimidar

La oposición informó hoy sobre la presentación de una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández, su vice, Cristina Kirchner, y otros funcionarios y referentes del oficialismo, por considerar que llevan adelante un “plan de impunidad” respecto de los “delitos de corrupción” cometidos entre 2003 y 2015, durante los gobiernos del kirchnerismo.

La denuncia fue impulsada por la titular de Pro, Patricia Bullrich, junto a diputados nacionales, e involucra, además de a Fernández y a Cristina Kirchner, a los ministros del Interior, Eduardo De Pedro, y de Seguridad, Aníbal Fernández; al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; al líder piquetero Luis D’Elia; y a Hebe Pastor de Bonafini, como responsables por los delitos de “sedición, amenazas calificadas, violación de los deberes de funcionario público, instigación a cometer delitos e intimidación pública”.

La presentación, firmada por Cristian Ritondo, Gerardo Milman, Sabrina Ajmechet y Ricardo López Murphy, entre otros, denuncia la ejecución de un plan de impunidad respecto de “los graves delitos de corrupción” que se tratan en las causas “Vialidad”, “Hotesur-Los Sauces” y “Cuadernos”.

En el texto se sostiene, por ejemplo, que mientras “un sector del oficialismo instala la falsa idea de que el juicio” por la causa Vialidad fue “ilegal” y que “la acusación carente de sustento probatorio”, otros realizan la “amenaza concreta de que no será aceptado en lo pendiente -la sentencia de la causa Vialidad y los fallos pendientes en Hotesur-Los Sauces y Cuadernos- un resultado desfavorable a la actual vicepresidente y que de producirse se promoverán disturbios contra el orden institucional”.

En esa línea, Bullrich y los legisladores observan:

• Una campaña de desprestigio de la Justicia y de banalización de los hechos, a partir de la instalación de la idea del “lawfare” como una forma de persecución política.
• La colocación de “militantes” a cargo de áreas estratégicas del Gobierno para desactivar las denuncias: la Oficina Anticorrupción -Félix Crous-, UIF - Juan Carlos Otero-, Procuración del Tesoro -Carlos Zanini-, AFIP -Mercedes Marcó del Pont-, quienes desistieron de las querellas oportunamente promovidas en esos procesos.
• La promoción de acciones de hecho con la movilización de militantes a modo de amenaza contra los jueces y fiscales que tienen que tomar las decisiones en las causas de referencia, instalando la idea que en caso de ser condenada Cristina Fernández de Kirchner se producirán graves disturbios sociales.

“Tales acciones conforman claramente el delito de sedición contemplado en el art. 22 de la Constitución Nacional, tendiente a apañar hechos que el mismo texto constitucional califica como de traición a la patria (art. 36) y violan los compromisos asumidos por el país en las convenciones de Naciones Unidas e Interamericana contra la corrupción”, sostienen los denunciantes, que requieren la formación del correspondiente sumario y la citación de los acusados a prestar declaración indagatoria.

La denuncia completa

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