La oposición cierra las puertas a flexibilizar el manejo de la deuda
La oposición en la Cámara de Diputados cerró filas en rechazo de la propuesta del Gobierno para flexibilizar las condiciones de reestructuración de la deuda externa. Es uno de los artículos más polémicos del proyecto de presupuesto 2019 .
El Frente para la Victoria (FPV), el Bloque Justicialista y el Frente Renovador coincidieron en cuestionar, durante la exposición del secretario de Finanzas, Santiago Bausili, la modificación de la ley de administración financiera, contenida en el proyecto de presupuesto.
El artículo el artículo 53 del proyecto de presupuesto propone modificar el artículo 65 de la ley de administración financiera, que regula las operaciones de reestructuración de la deuda pública. Plantea dejar de lado el criterio que solo autoriza una reestructuración en casos de "mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses" y reemplazarlo por un criterio que atienda "las condiciones imperantes en el mercado financiero".
El rechazo opositor fue tan firme que, tras la reunión, en el oficialismo reafirmaron que están dispuestos a introducir modificaciones en ese artículo para que pase el filtro del Congreso. En la misma línea se había manifestado la semana pasada el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. "Se va a llegar a una redacción que conforme a todos y deje tranquilos respecto de esta situación. Se va modificar en línea con lo que se acuerde", dijo el ministro.
A contramano de esas conversaciones, Bausili defendió los cambios propuestos. "El artículo no funciona como una protección, solo nos pone restricciones que trae un costo mayor que la protección que nos provee", dijo el funcionario en la apertura de una nueva reunión de la Comisión de Presupuesto, y argumentó que, "por cumplir con la ley" tal como está, "se pierde de vista si las condiciones del mercado son favorables o no" para una renegociación que mejore el perfil de deuda.
Como ya había hecho el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, Bausili descartó que el Gobierno evalúe una reestructuración general de la deuda externa. Afirmó que lo que se busca es poder ejercer de manera más ágil la administración de los pasivos de corto plazo, como hacen otros países de la región e incluso provincias argentinas. A su lado, asentía el diputado Luciano Laspina, presidente de la comisión.
Con diferencias de tono pero con fuertes coincidencias en el planteo de fondo, los diputados Axel Kicillof (FPV), Diego Bossio (Bloque Justicialista) y Marco Lavagna (Frente Renovador) rechazaron los argumentos del funcionario e hicieron duras advertencias sobre el crecimiento de la deuda externa.
"En una coyuntura favorable, la discusión se entiende. Pero en un contexto como el actual, patear los vencimientos puede significar más tasa y más costos. Si lo proponen ahora es porque tienen un objetivo de hacer reestructuraciones ahora. Veo una herencia muy pesada en términos de deuda para el próximo gobierno", sostuvo Lavagna.
Elevó la temperatura Bossio, que arrancó insistiendo en la convocatoria del presidente del Banco Central, Guido Sandleris, para exponer sobre la nueva política monetaria. Anticipó después que no va a habilitar la flexibilización de las condiciones de renegociación de la deuda. "Estamos discutiendo una delegación de facultades. Ese artículo se usó para megacanjes. Cuando uno se quema con leche, ve una vaca y llora. No estamos dispuestos a seguir delegando facultades al Poder Ejecutivo sin razones de urgencia", señaló.
Más duro todavía, Kicillof exigió conocer el acuerdo que el Gobierno firmó con el Fondo y le dijo al funcionario que el manejo de la deuda había terminado en un "rotundo fracaso". "Se han endeudado en 100.000 millones de dólares netos. Entiendo que el artículo [de la ley de administración financiera] les resta comodidad y les quita dinamismo. Claro, porque están manejando la deuda de un país. Obviamente que uno está muy restringido para el manejo de la deuda. El constituyente lo hizo porque después vienen cosas como el megacanje", dijo.
Sin entrar en el golpe por golpe, Bausili insistió en sus argumentos. "Es una restricción que tiene un costo y no un beneficio para la Argentina. No nos protege, porque nos hace pagar un costo muy grande", respondió. Reconoció que el artículo, tal como lo redactó el Gobierno, habilita una reestructuración general, pero argumentó que ese tipo de operaciones pasan por el Congreso, "porque ningún ministro podría hacerse cargo de esa responsabilidad".
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