La oposición acusó al kirchnerismo de hostigar testigos en el juicio político a la Corte Suprema

En un ambiento caldeado y a los gritos, los diputados de Juntos por el Cambio que integran la Comisión de Juicio Político acusaron a sus pares del oficialismo de “hostigar” a los testigos citados, para que revelen información privada que les permita demostrar una supuesta connivencia entre el gobierno porteño y los jueces de la Corte Suprema, sometidos a juicio político a instancias del presidente Alberto Fernández.

Era casi palpable el clima de tensión y nerviosismo en la comisión. En un momento, en medio del griterío, Mario Negri, jefe del bloque de la UCR, pegó un golpe en la mesa. “¡Acá hace falta el respeto a los testigos. Llaman a personas que nada tienen que ver con el juicio político!”, exclamó, tras reclamarle en vano a la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, que se le dé la palabra a la oposición.

La diputada Paula Penacca, del kirchnerismo, reaccionó indignada. “¡Golpea la mesa porque es una mujer!”, espetó, en referencia a la presidenta de la comisión.

“Acá se les preguntan cosas a los testigos que nada tienen que ver con el juicio político a la Corte Suprema. ¡Es hostigamiento!”, respondió, exaltada, la diputada Silvia Lospennato, de Pro.

“¡Ustedes están demoliendo el instituto del juicio político! –acusó Negri-. Los cuatro puntos (sobre los que se impulsa el juicio político a la Corte) están en la banquina. Hoy quedó demostrada la desesperación por conseguir algo de alguien, en lo posible contra la Justicia y contra la Corte con tal de joder. La próxima vez van a hacer un cásting en la calle. ¡Esto es una vergüenza! Saquen el dictamen de una vez así los aplauden y se ocupan de una vez de los problemas del país.”

“La sensación que tengo es que ustedes no quieren esclarecer la verdad”, respondió Gaillard.

En medio del tiroteo entre los oficialistas y opositores los testigos, atónitos, esperaban su turno para prestar declaración testimonial. De los seis convocados se presentaron cuatro: Juan Manuel Olima Espel, secretario institucional de la Procuración General de la Nación; Sebastián Alberto Garay (Secretaría de Juicio Originarios de la Corte Suprema) y Guillermo Sebastián Garay y Natalia Hilda Monayer, quienes se desempeñan en la vocalía del juez Rosatti.

Faltaron a la cita el fiscal federal Carlos Stornelli –quien insiste en testimoniar por escrito, prerrogativa que fue rechazada por el oficialismo- y el abogado Marcelo Mazzeo. Gaillard anticipó que pedirá al titular del Ministerio Público Fiscal, Carlos Casal, que se impulse el desafuero de Stornelli para que concurra de manera presencial a la comisión.

El oficialismo no fue inocente a la hora de convocarlos: su objetivo era tratar de demostrar el presunto vínculo entre la Corte y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a partir del intercambio de mensajes filtrados entre Silvio Robles, mano derecha del presidente del máximo tribunal, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño, hoy de licencia.

Olima Espel aparece en la filtración de chats: según trascendió, el funcionario mantuvo un intercambio de mensajes con D’Alessandro, quien le requería el dictamen por el cual Casal reconocía la competencia de la Corte Suprema para intervenir en el reclamo por los fondos coparticipables impulsado por el gobierno de Rodríguez Larreta. Olima Espel confirmó ese intercambio de chats con D’Alessandro en las redes sociales cuando fue interpelado por la periodista Cynthia García, cercana al oficialismo.

El diputado Tailhade, un duro del kirchnerismo, le preguntó sobre ese intercambio con la periodista. El testigo se quebró, admitió que al momento de responderle a Cynthia García en las redes estaba atravesando un momento familiar delicado. “Me pareció muy injusto lo que se decía de mí”, sostuvo, al borde de las lágrimas. La oposición salió en su defensa.

“¡Es berreta lo que estás haciendo, Tailhade!”, interrumpió el opositor Omar de Marchi. “Sos un chanta, un servicio”.

“Cállese, cállese, tranquilícese, empiece a trabajar para (Alfredo) Cornejo y deje de joder acá”, respondió el kirchnerista.

El debate amenazaba con perder su cauce. “Si no hacen silencio se tienen que retirar de la sala”, le advirtió Gaillard a los opositores.

Los oficialistas insistieron en preguntarle a Olima si los chats con D’Alessandro eran verdaderos. “Yo ese chat no lo recuerdo. Por mi función interactúo permanentemente con funcionarios nacionales y provinciales y trato de proporcionarles la información que requieren cuando ésta ya es pública”, relató el doctor Olima Espel.

Cuando se retiró el testigo, la diputada de la Coalición Cívica Mariana Stilman le reclamó a Gaillard que se deje de hostigar a los testigos.

“El diputado Tailhade acaba de clarificar la estrategia de acusación llevan adelante: consiste en traer a todas las personas que fueron vulneradas en su privacidad y hacerlos comparecer para que digan si es verdad o no que tuvieron o no tal o cual conversación. Luego buscan ratificar si la conversación que les interesa es trucha o no –sostuvo-. No se puede probar indirectamente conversaciones de origen ilícito a partir de otras conversaciones que también tuvieron origen ilícito. Tenemos que reconducir esto, estamos juzgando a los jueces de la Corte respecto a expedientes determinados, no entiendo a qué vienen estas citaciones”.

“Aquí intentamos dilucidar el presunto vínculo entre el señor Robles y D’Alessandro. Hay conversaciones filtradas y se intenta determinar su grado de veracidad, si se determina que son veraces se demostraría un acuerdo o negociación de fallos de la Corte con un sector del gobierno de la ciudad”, respondió Gaillard.

“Esta comisión se fue a la banquina. Se acaba de conocer 6,6% inflación, que es la preocupación de todos los argentinos y en esta comisión se está interrogando a testigos que son simples despachadores de expedientes viendo qué pueden pescar para sostener acusaciones. El escrache a la familia Garay, simplemente por ser hijo o hermano, es inaudito. Nunca caimos tan bajo”, cuestionó Graciela Ocaña, de Juntos por el Cambio.

Más testigos

Luego ingresaron a la comisión Sebastián y Guillermo Garay, ambos funcionarios de la Corte. Los oficialistas intentaron poner de relieve su vínculo con Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, promotor de la causa por la cual la Corte finalmente declaró inconstitucional la ley de Consejo de la Magistratura sancionada durante el kirchnerismo.

“No sé bien por qué me citaron, creo que por el vínculo con mi padre”, admitió Sebastián Garay ante una pregunta de Negri.

La última testigo en comparecer fue Natalia Monayer, quien trabaja codo a codo con Robles en la Corte. El diputado Leopoldo Moreau dirigió sus preguntas para intentar comprobar si ella estaba al tanto, o bien participa, del tráfico de influencias con sentencias de la Corte que le atribuye a Robles. El legislador kirchnerista sacó a relucir, en la comisión, que la madre de Monayer, Patricia Duró, es socia de Robles en una sociedad, Monayer SRL.

“Queremos saber de qué se trata la sociedad, sospechamos que se trata de un vehículo de tráfico de influencias”, advirtió Moreau. Monayer reconoció que conocía la sociedad, pero que no sabía si continuaba activa. “Yo no tengo vínculo con esa sociedad, fui citada para hablar de mi trabajo en la Corte Suprema”, se defendió. “Las preguntas las formulamos nosotros”, cortó Moreau.

Tras el desfile de testigos, los oficialistas confirmaron que promovieron una denuncia penal contra el juez federal Sebastián Ramos por falso testimonio. A su juicio, el magistrado mintió cuando, en la comisión, aseveró que no conocía a D’Alessandro, cuando hay una filtración de chats que revela lo contrario. Juntos por el Cambio, a instancias del diputado Pablo Tonelli, reclamó que la misma acusación debía promoverse contra el juez federal Alejo Ramos Padilla, quien hace tres semanas compareció ante la comisión. Sin embargo, el oficialismo, con su mayoría en la comisión, rechazó el pedido.

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