La oposición acusará al Presidente de “intromisión indebida” en la Justicia y no descarta reclamar su juicio político
Alega que violó el artículo 109 de la Constitución Nacional; JxC analiza pedir el enjuiciamiento de Fernández, mientras que el interbloque Federal planteará la nulidad de una de las causales por las que el oficialismo acusa a la Corte
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Tras la fuerte embestida del presidente Alberto Fernández contra la Corte Suprema en su discurso frente a la Asamblea Legislativa, la oposición acusará al presidente de entrometerse en las funciones del Poder Judicial, lo que le está prohibido por la Constitución. Mientras Juntos por el Cambio no descarta reclamar el inicio del juicio político al primer mandatario, el interbloque Federal pedirá la nulidad de una de las causales por las cuales el oficialismo pretende avanzar en el juicio político al máximo tribunal.
La oposición realizará sus planteos el martes próximo en la reunión de la Comisión de Juicio Político, presidida por Carolina Gaillard y dominada por el oficialismo. El jefe del bloque radical, Mario Negri, es de la idea de reclamar la apertura del juicio político al presidente tras lo sucedido ayer en el Congreso; a su juicio, la Corte fue víctima un virtual “linchamiento” por parte del jefe de Estado. Discutirá el asunto con sus pares de Juntos por el Cambio antes de la reunión de la Comisión de Juicio Político.
El único representante del interbloque Federal en la comisión, Alejandro “Topo” Rodríguez, no comulga con la idea de insistir con el pedido de enjuiciamiento al jefe de Estado. “La mayoría oficialista en la comisión lo va a rechazar in límine en cuestión de segundos”, alega. Su estrategia es otra: realizará una presentación para que se declare nulo lo actuado en el pedido de juicio político que impulsa el oficialismo contra la Corte. Planteará que el presidente Fernández incurrió en una intromisión indebida no solo en las atribuciones del Poder Judicial (artículo 109 de la Constitución) sino que, además, interfiere en el curso del proceso de enjuiciamiento que se lleva adelante en la Comisión de Juicio Político para direccionar su resultado final.
“El presidente, en su discurso, demostró arrogarse conocimiento de una causa pendiente, particularmente en el fallo sobre coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires. Su actitud viola el artículo 109 de la Constitución Nacional”, agregó, por su parte, la diputada Graciela Camaño, del interbloque Federal, quien asesora a Rodríguez con su equipo jurídico.
Mi solidaridad con los miembros de la Corte que hoy soportaron el ataque del Presidente a la independencia de poderes. Incluso estamos analizando un pedido de juicio político por haber opinado en un asunto judicial, hecho prohibido por el artículo 109 de nuestra Constitución. pic.twitter.com/IP3FWpgbgJ
— Graciela Ocaña (@gracielaocana) March 1, 2023
En este punto coincide con Negri. “El presidente Fernández opinó sobre las sentencias ya dictadas por la Corte Suprema. Esto le está vedado por la Constitución en su artículo 109; está claro que interfiere en otro poder del Estado”, enfatizó el jefe del bloque radical.
En su discurso ante la Asamblea Legislativa, Fernández fue enfático al cuestionar uno de los fallos de la Corte, aquel que ordenó la devolución de fondos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires. En su mensaje sostuvo que esos recursos “no le corresponden” a la Capital porque no forma parte de la ley convenio que firmaron las provincias y la Nación sobre coparticipación federal.
“La intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible. Excede sus facultades, olvida la regla jurisprudencialmente fijada que reconoce ‘cuestiones políticas no judiciables’ y pone en riesgo la lógica redistributiva de la Ley de Coparticipación Federal causando un severo daño al equilibrio de las cuentas públicas”, alegó el jefe de Estado.
La arremetida de Fernández provocó un fuerte malestar en el sector judicial. Por caso, la Asociación de Magistrados declaró su “estupor” por el mensaje del mandatario y denunció que se trata de una injerencia del Poder Ejecutivo en la Justicia. “Un acto de esa trascendencia institucional, diseñado para dar cuenta al país sobre el estado de la Nación, fue aprovechado para dirigir un ataque hacia las máximas autoridades del Poder Judicial de la Nación”, enfatizó el organismo.
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