La operatoria de las cooperativas que salpica a Mayra Mendoza ya había sido denunciada en 2009 y con el mismo funcionario involucrado
Durante la gestión de Francisco Gutiérrez, el Tribunal de Cuentas bonaerense había advertido que funcionarios municipales cobraban también como cooperativistas; Sebastián Raspa estaba entre los mencionados
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LA NACION
La denuncia por el presunto manejo irregular de unos $535 millones que la Municipalidad de Quilmes abonaba a cooperativas vinculadas a un funcionario que debió renunciar tiene antecedentes que se remontan a los años 2009 y 2010, cuando el intendente era el también kirchnerista Francisco “Barba” Gutiérrez. Al aprobar las rendiciones de cuentas de esos ejercicios, el Tribunal de Cuentas bonaerense había advertido sobre la existencia de pagos a cooperativas que tenían como integrantes a empleados municipales, en casos de incompatibilidad entre los que se mencionaba a Sebastián Raspa, el subsecretario de Hábitat de la intendenta Mayra Mendoza que presentó su dimisión la semana pasada.
En un fallo del 28 de abril de 2011, la División Relatora del Tribunal de Cuentas detectó, al expedirse sobre la rendición de cuentas municipal de 2009, pagos a cooperativas que tenían como autoridades o integrantes a agentes municipales. Se trata de la misma operatoria que se denunció a fines de abril por una publicación del sitio El Disenso.
En ese dictamen del Tribunal de Cuentas de hace 11 años se informa que Raspa era, a la vez, funcionario municipal y titular de la Cooperativa Barrio Unido Limitada, que cobraba del municipio. “Revista como empleado de la planta permanente de la Municipalidad de Quilmes, correspondiendo al mismo el Legajo N° 26.595, categoría Asesor ‘B’, habiéndose desempeñado simultáneamente como presidente de la cooperativa”, decía ese fallo.
Sobre Barrio Unido Ltda., el Tribunal de Cuentas informó en ese dictamen que “los pagos realizados a su favor en el transcurso del ejercicio en tratamiento ascendieron a la suma de $64.000″, mientras “que las remuneraciones [municipales] percibidas por el Sr. Raspa en el año 2009 importaron un total de $45.704,50″.
En la gestión de Gutiérrez, Raspa tuvo cargos como asesor y subsecretario de Relaciones con la Comunidad. El exintendente kirchnerista gobernó Quilmes entre 2007 y 2015, cuando fue vencido por Martiniano Molina. Tras perder la interna con Mayra Mendoza en 2019, no pudo ser candidato nuevamente y se quedó con su cargo de jefe de la UOM local, puesto que cedió este año al caer en elecciones.
En el informe del ejercicio 2009, el tribunal apuntó otros ocho casos similares, con empleados municipales que eran, a la vez, integrantes de cooperativas que le facturaban a la intendencia por distintos trabajos. Se mencionaba a las cooperativas 26 de Julio, Mi Mensaje, El Progreso, Enfermera Silvia Isabella, El Dorado, Darío Santillán, Virgen de Itatí y Esperanza de Itatí.
Al expedirse sobre la rendición de cuentas del año 2010, el Tribunal de Cuentas volvió a mencionar hechos de incompatibilidad a partir del manejo de las cooperativas. Nuevamente se marcó el caso de Barrio Unido Ltda., con dos integrantes que trabajaban en las áreas de Gobierno y de Medio Ambiente.
La aprobación de las cuentas de 2010 se efectivizó en un fallo del año 2012. En ese dictamen, el tribunal que revisa los números de los 135 municipios aclaró que Raspa había realizado un reintegro por los $45.704,50 percibidos en 2009.
También en ese informe se mencionaban otras cooperativas en la misma situación irregular, además de Barrio Unido Ltda. Eran las llamadas Virgen de Itatí, Nuevo Horizonte y San Jorge.
La trama de los años 2009 y 2010 se difundió en medios quilmeños y se completó con denuncias judiciales por desmanejos en las cooperativas de las que había dado cuenta el programa PPT, de Jorge Lanata. En esos años se conformó en el Concejo Deliberante local una comisión investigadora para relevar lo sucedido con el plan Argentina Trabaja, que incluyó proveedores que vivían en asentamientos o jubilados que figuraban al frente de las cooperativas que contrataba la comuna. La causa se elevó a juicio oral, con funcionarios de Gutiérrez acusados.
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