La Oficina Anticorrupción, que debe investigar a Milei: un organismo que perdió poder y lidera un amigo de Cúneo Libarona
El Presidente ordenó ayer, por decreto, que se abra el expediente por el caso $LIBRA; según fuentes oficiales, se está “recolectando información”
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LA NACIONMaia Jastreblansky
Con la voz deMaia Jastreblansky
Ninguno de los movimientos que hizo hasta ahora el Gobierno abonaron la idea de que la Oficina Anticorrupción (OA) va a hacer una investigación completamente independiente en el caso $LIBRA. El anuncio de que ese organismo se iba a encargar de revisar si Javier Milei incurrió en una conducta impropia para un funcionario público se hizo mediante la cuenta oficial de la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA). El ente que brega por la integridad y la transparencia en el Poder Ejecutivo, en tanto, fue instruido para actuar por un decreto firmado por el propio Milei -el 114/2025 publicado este jueves en el Boletín Oficial- que dio la orden de iniciar la pesquisa. “Pedí que nos investigue a todos, incluso a mí mismo”, dijo el primer mandatario en la entrevista que le dio a TN.
En el Gobierno aseguran que, en la práctica, la OA inició actuaciones “de oficio” en el caso $LIBRA el mismo lunes. Y que el decreto en el que Milei le dio la instrucción de investigar fue solo a los fines de “reforzar” el carácter institucional de la investigación. Las fuentes oficiales se limitaron a señalar que la OA comenzó a “recolectar información” y no quisieron dar mayores precisiones sobre los pasos a seguir.
“Toda vez que las actuaciones respecto a la difusión de la inversión privada Viva la Libertad Project se encuentran en trámite, no se suministrará información al respecto”, se limitaron a decir en el Gobierno.
Al frente de la OA está Alejandro Melik, un abogado especializado en derecho penal y lavado de activos que es amigo del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Fue su socio y en la década de los 90 integró con el ministro el equipo de abogados defensores de Guillermo Coppola que logró la absolución en el caso del jarrón.
El asesor presidencial Santiago Caputo saltó para intervenir y editar la entrevista grabada de Milei con TN cuando el Presidente dijo que se iba a asesorar jurídicamente con el titular de la cartera judicial: se supone que Cúneo Libarona estará del lado de los investigadores del caso y no de los abogados defensores.
En el gobierno de Alberto Fernández se había decidido sacar a la OA de la órbita de Justicia para que trabaje como un organismo desconcentrado de la Presidencia de la Nación. Al titular del organismo anticorrupción, además, se le había otorgado rango de ministro. En los papeles, un “organismo desconcentrado” está a mitad de camino entre un ministerio (que tiene dependencia administrativa y política del Presidente) y un ente autárquico, con autonomía plena y recursos propios (como se espera, por caso, del Banco Central). Con Milei, la OA siguió siendo un organismo desconcentrado aunque volvió a la órbita del Ministerio de Justicia.
El decreto 114/2025 además de instruir a la OA para que “inicie las investigaciones necesarias a efectos de determinar posibles irregularidades o hechos de corrupción” en el caso $LIBRA, también ordenó que, de corresponder, el organismo efectúe “las pertinentes denuncias ante el Poder Judicial”. Fuentes oficiales señalaron que el organismo se va a concentrar “en determinar si se cometió una violación al Código de Ética en la Función Pública”.
Además, el decreto 114/2025 creó (también dentro del Ministerio de Justicia) la nueva Unidad de Tareas de Investigación (UTI) para “recabar la información relacionada con el criptoactivo $LIBRA con el fin de colaborar de forma rápida y expedita con Poder Judicial”. La UTI todavía no tiene designado un titular. Y se eliminará apenas se dé por concluida la investigación sobre el activo digital que promocionó Milei el pasado viernes por la tarde desde la quinta de Olivos.
El decreto 114/2025 va en contra de una idea extendida en la gestión mileísta que indica que el Poder Ejecutivo no tiene que impulsar acciones que les corresponden al Poder Judicial. Por eso, por ejemplo, en el Gobierno han exhibido idas y venidas con la idea de que organismos como la OA o la UIF se presenten como querellantes en causas de corrupción.
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