La Oficina Anticorrupción de Milei avanzará en tribunales sobre Alberto Fernández y Juan Grabois por los seguros y fideicomisos
Lo confirmó a LA NACION el flamante titular del organismo, Alejandro Melik; advirtió que no se dedicará a la persecución política y fijó tres criterios para actuar
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LA NACIONHernán Cappiello
El Gobierno avanzará en los tribunales contra el expresidente Alberto Fernández en la causa donde se investigan los seguros contratados por el Estado a través de Nación Seguros y planteará su propia querella para impulsar la investigación sobre el destino final del fideicomiso que nutre al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que financiaba a sectores populares y lo gestionaban dirigentes cercanos a Juan Grabois.
Así lo dijo a LA NACION el flamante titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, un abogado penalista de confianza del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, puesto al frente de este organismo dedicado a recibir, analizar y reclamar las declaraciones juradas de bienes de funcionarios, llevar adelante políticas de transparencia y motorizar investigaciones de corrupción en la administración pública.
“No vamos a hacer persecución ideológica, vamos a investigar hechos de corrupción, independientemente de los nombres que aparezcan en el camino”, dijo el funcionario en su oficina del microcentro.
El organismo está nombrando aún a sus directivos en los cargos jerárquicos. Ya definió quién se hará cargo del área de transparencia y está decidiendo quién asumirá en el área de los litigios.
En ese sentido, el Gobierno cambió de política con respecto al rol de la Oficina Anticorrupción en la causas contra funcionarios. Primero dijo que no iban a ser querellantes para impulsar las denuncias, en lo que se interpretó como un supuesto pacto de impunidad con el kirchnerismo, y ahora anunció que será querellante en la causas de corrupción que cumplan con determinados criterios.
Melik explicó las razones del cambio en que, en un principio, se analizó una reforma legal para que la OA no querelle y que sean solo los fiscales, pero dijo que no se modificó la normativa por lo que decidieron retomar ese rol en las causas. “No hay ningún pacto de impunidad, nadie nos dijo lo que teníamos que hacer ni dejar de hacer, a quién denunciar o a quién no. No recibí ningún comentario de nadie. Vamos a investigar hechos de corrupción sin direccionamientos ideológicos”, afirmó el funcionario.
Melik dijo que está realizando un relevamiento de todas las causas de corrupción que tramitan en los tribunales federales de Comodoro PY 2002 y que luego decidirán en cuáles se presentarán como querellantes según sean relevantes en tres aspectos: institucional, social o económico.
Es decir, que la Oficina Anticorrupción asumirá las querellas e impulsará las causas de acuerdo con el rol institucional que tengan los investigados, considerando las consecuencias sociales de los casos o el monto de dinero involucrado.
Con estos criterios es que la OA decidió impulsar la causa contra Alberto Fernández, donde se investiga porqué el Estado pagaba comisiones a un broker de seguros para los contratos de las diversas dependencias del Estado que por decreto debían contratarse con Nación Seguros. En esa causa, el broker, Héctor Martínez Sosa, era amigo de Fernández y esposo de su histórica secretaria privada, Liliana Cantero. En ese caso se dan justamente los criterios que expresó Melik.
En ese sentido, la Oficina Anticorrupción relevó las denuncias que tramitan en tribunales sobre el caso, centralizadas en el juzgado federal de Julián Ercolini y la fiscalía de Ramiro González, donde este jueves quedó imputado Alberto Fernández. Además, la OA tomó vista de ese expediente y está trabajando en un escrito para ser querellante en esa causa.
“Nos vamos a presentar como querellantes, verificamos las denuncias, pedimos el expediente y en los próximos días haremos la presentación como querellantes”, dijo Melik.
El FISU
Con el mismo criterio está realizando una investigación interna sobre el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), la herramienta fiduciaria utilizada para urbanización de barrios populares y que era administrada por la exfuncionaria Fernanda Miño, ligada a Grabois. La administración mileísta resolvió desfinanciarlo al reducir el aporte que recibe del impuesto PAIS. Cuando concluyan este análisis se van a presentar en la Justicia para impulsar la investigación del caso.
Lo curioso es que el legislador libertario Sebastián Pareja, cuando fue designado por Milei para administrar el FISU, elogió largamente el manejo de los recursos por parte de Miño.
El FISU, creado el 5 de diciembre de 2019 por la Ley N° 27.453 de Régimen de Regulación Dominial para la Integración Socio Urbana para el financiamiento de obras de vivienda social, ahora solo percibirá el 1% del Impuesto PAIS, mientras que el 94% de lo recaudado irá destinado a obras de infraestructura económica y el restante 5% al fomento del turismo nacional.
El FISU manejó $480.611.383.294,59 durante los últimos cuatro años, pero solo concluyó el 6% de la obras asignadas. Este, al igual que otros fondos fiduciarios investigados por el Gobierno como una “caja negra de la política”, se convirtió en uno de los objetivos de Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo para recortar gastos del Estado. Se trató del punto de inflexión que terminó por hacer fracasar el proyecto de ley ómnibus cuando se trató en Diputados. El Ejecutivo pretendía obtener facultades para disponer a su voluntad de los fondos.
El fideicomiso fue creado por ley para financiar proyectos a partir de la inscripción de villas en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Durante el gobierno de Alberto Fernández la ejecución de este fondo (si bien comparte responsabilidades con la Agencia de Administración de Bienes del Estado) estuvo a cargo de Miño.
Según denunció el Gobierno, de las 6517 obras reportadas por el FISU tan solo 400 figuran como finalizadas, es decir un 6%. En tanto, 5886 se encontrarían en ejecución y 231 en etapa de contratación. A su vez, 133 de las finalizadas tienen que ver con veredas y cordones cuneta (más de un tercio). El resto se reparten entre “conexiones eléctricas”, “conexiones de agua”, “mejoramientos de vivienda” y “fortalecimiento comunitario en barrios populares en el marco del Covid-19″, entre otros.
A estas nuevas causas en las que se presentarán como querellantes, la OA sumará la posibilidad de querellar en otros expedientes donde se retiró en el gobierno de Alberto Fernández. No es posible presentarse en todos esos casos, sino solo en los que están en la etapa de instrucción.
“Mi pretensión es que la Oficina Anticorrupción funcione de acuerdo con la ley, haciendo esfuerzos por un lado en la prevención, integridad, transparencia y controles y a su vez pretendo que la oficina investigue los hechos de corrupción sin determinismo ideológicos. No haya ningún pacto de impunidad con nadie y no recibía ningún comentario, ni tuve injerencias de nadie en ese sentido”, explicó el funcionario.
Por Hernán Cappiello
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