La ofensiva kirchnerista contra Conte Grand naufraga en la Legislatura y se concentra en el Congreso

En la provincia de Buenos Aires, la salida del procurador general, Julio Conte Grand, es un objetivo declarado del gobernador Axel Kicillof. Con la difusión, a fines de 2021, del video de una reunión en la sede porteña del Banco Provincia en la que el exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas habló de una “Gestapo” para terminar con los gremios, el oficialismo provincial anunció un pedido de juicio político. Pero la efervescencia de esa presentación en la Legislatura bonaerense bajó y, con el transcurso de los días, la estrategia naufragó ante la falta de respaldo opositor. Despejado de su horizonte el juicio político en la provincia, al procurador por el momento solo lo espera una definición en el Congreso: el informe final que producirá la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que preside el diputado Leopoldo Moreau.

A principios de enero, el bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados bonaerense hizo una conferencia de prensa para presentar su pedido de juicio político contra el procurador, al que acusó de formar parte de una “mesa judicial” provincial. Estaba fresca la sesión que habilitó una nueva reelección para los intendentes y el oficialismo apostaba por cosechar voluntades entre las heridas del bloque de Juntos, que votó dividido los cambios en la ley que había sancionado María Eugenia Vidal en 2016. Pero la oposición se abroqueló, apoyó a Conte Grand y la estrategia del juicio político quedó congelada.

“El bloque del Frente de Todos pidió el juicio político. No están los votos suficientes para eso, son dos tercios. Para crear una comisión investigadora es mayoría simple, pero se necesita quorum antes y dos tercios para tratar el tema sobre tablas”, subrayó a LA NACION una fuente legislativa al exponer la imposibilidad de avance del oficialismo.

Un legislador peronista admitió que el tema Conte Grand “se pinchó” en la Legislatura. Sin votos para acelerar, afirmó que no ve chances de que se convoque a sesiones extraordinarias. “No creo que haya sesiones hasta marzo”, consideró.

En paralelo al fracaso del juicio político, quedó en pie una investigación en la comisión bicameral de Inteligencia del Congreso que involucra al procurador, en la que declaró el jueves, sin convencer al kirchnerismo y con cuestionamientos de su parte a la legalidad del llamado. Esa investigación derivará en un informe sobre la presunta mesa judicial de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.

“Cuando exhibimos una parte del video del Bapro, en la que Villegas dice que para el armado de causas tienen el respaldo de la Procuración, de fiscales, de la estructura orgánica de la Procuración, le preguntamos a Conte Grand y él negó que la Procuración estuviera involucrada en estas maniobras. Pasamos dos o tres veces el video. Quedó planteada la contradicción entre Villegas y Conte Grand, y citamos a Villegas para el miércoles porque uno de los dos falta a la verdad”, afirmó Moreau a LA NACION.

“También enumeramos seis casos de fiscales que dependen de su órbita y que participaron del armado de causas. Dijo desconocer los casos y que iba a investigar. Nos pareció poco creíble”, agregó el diputado kirchnerista, que indicó que le preguntó a Conte Grand “por qué era el único procurador provincial que tenía un teléfono encriptado de la AFI” y que el procurador contestó que “se lo entregaron en una reunión de la AFI y puso como argumento que participó de reuniones por el G-20″.

Al finalizar la investigación, la bicameral hará un informe. “Lo pondremos en conocimiento del Parlamento. Si aparecen delitos, los denunciaremos. Las declaraciones las remitiremos a los juzgados porque tienen carácter de indicio”, resumió Moreau.

Conte Grand se presentó, pero planteó que el procedimiento es irregular. En su entorno indicaron que “la clave no son las preguntas ni las respuestas, sino la irregularidad del procedimiento”. Sostuvieron que el procurador “negó la intervención de la Procuración en el armado de causas, explicó que la estructura de la Procuración está siempre a disposición de los fiscales, y que el teléfono encriptado se le entregó en relación al G-20 y, al no usarlo, lo devolvió”.

En una carta dirigida a Moreau, Conte Grand cuestionó que no se le permitió declarar por escrito. Planteó que existe una “violación del debido proceso legal por desconocimiento de la garantía institucional de declarar por informes que asiste a la investidura del Procurador General” y señaló que esa prerrogativa se incluye, entre otros, en el artículo 165 del Código Procesal Penal Federal.

“Tuvimos un cruce de notas. Nos dijo que se amparaba en la prerrogativa de declarar por escrito y le dijimos que eso regía para él solo en la provincia de Buenos Aires. La ley de Inteligencia es de carácter federal y él no podía no concurrir”, dijo Moreau ante la consulta de LA NACION.

Las impugnaciones de Conte Grand también incluyeron que la convocatoria no precisaba “su objeto ni la materia investigada” y que “no se indicaban los integrantes de la subcomisión ni el responsable de la instrucción”.

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