La odisea de la mujer que desnudó las presiones a la Justicia en San Luis
"Felicitaciones", le dijo el funcionario del gobernador Alberto Rodríguez Saá que la llamó. Pero lo que empezó como el anuncio de una buena noticia (el gobierno puntano había decidido nombrarla camarista), incluía una condición que todavía no le habían contado: antes de que se concretara su designación, tenía que firmar su renuncia. En blanco. Para que el gobierno pudiera ejecutarla cuando quisiera.
"Me dio miedo y la firmé. Un mes y medio duré como camarista penal", dijo a LA NACION Marina Ziliotto. Duró hasta que la llamaron y le dijeron que tenía que denunciar a otros dos camaristas. Ella se negó y a las pocas horas se enteró de que había renunciado al cargo.
Así lo denunció y está previsto que hoy vuelva a hacerlo, en un juicio oral que empezó ayer y la tiene como protagonista.
El juicio se lleva adelante trece años después de los hechos. En el banquillo están un ministro que sigue integrando el gabinete provincial y un exfuncionario de Rodríguez Saá. Ziliotto es una testigo clave, pero de acuerdo con la denuncia que originó la causa, no es la única que fue obligada a renunciar, aunque los otros casos no llegaron a esta instancia: el juez consideró que la dimisión anticipada de los demás no había sido forzada. Esa decisión fue apelada en 2007 y todavía no hubo una definición final.
"Había once, pero fueron componiendo su situación a lo largo del tiempo. Se callaron y tuvieron muy buenos cargos. Para mí estos años fueron muy duros. Presentaron testigos truchos. Usaron los medios, que son todos de ellos… Hicieron todo para quebrarme", dijo Ziliotto a LA NACION. Hoy trabaja como abogada particular y es asesora legal -con un cargo de planta transitoria-, en el Inadi.
El juicio oral tiene como acusados al exministro de Legalidad y Relaciones Institucionales Sergio Freixes y a su segundo, Mario Zabala, que coordinaba la "Comisión de Notables" cuando -cuenta Ziliotto- la llamó, le anunció que la habían elegido y la intimó a que dejara firmada la renuncia.
"Yo había rendido un examen, estaba primera en el orden de mérito del Consejo de la Magistratura. El ultimo día que tenía el Ejecutivo para girar su candidato al Senado, me llama quien estaba como coordinador de la Comisión de Notables en Justicia, dependiente del Ministerio de Legalidad. Yo lo conocía desde hacía mucho. ‘Tengo una buena noticia para darte -me dice- y necesito pedirte unos datos’. En la reunión, a solas, me dijo que tenía que firmar la renuncia en blanco. Era un horario sin gente en el edificio. Había una sola puerta abierta. Él empezó a exaltarse. A gritar. Me dio miedo y firmé. Un mes estuve bloqueada, deprimida. No me animaba a hablarlo con nadie. Finalmente, lo hablé con Gretel", dijo Ziliotto.
Gretel Diamante, entonces fiscal de Villa Mercedes, fue quien presentó la denuncia. "Fue un camino tremendamente largo y muy dificultoso. Después de mi denuncia hubo maniobras de todo tipo para tapar lo que habían hecho. Falsificación de pruebas, testigos falsos. Siete jueces se excusaron", relató Diamante a LA NACION. Hoy ella es jueza de un tribunal oral federal de San Luis. Ayer declaró durante horas ante el tribunal a cargo del juicio, formado por tres jueces federales de Mendoza: Roberto Naciff, Paula Marici y Alejandro Piña. La fundación Poder Ciudadano fue aceptada como amicus curiae en el proceso.
Hoy, Diamante estará otra vez en el juicio porque tratarán el tema de los videos, con cámara oculta, en los que Diamante grabó a otros jueces admitiendo que habían sido intimados a firmar sus renuncias por anticipado al momento de su designación.
En 2005, en una charla en la Universidad De Tella, le preguntaron por este caso a Alberto Rodríguez Saá. Él contestó que la Justicia puntana no era "la mejor pero tampoco la peor", y que Gretel Diamante era "subjetiva", tenía "motivaciones políticas" y había usado "pruebas ilegales para sustentar sus denuncias" (por las cámaras ocultas). "Los nazis también usaban métodos ilegales para obtener información, y no vamos a decir que torturar está bien", dijo.
Freixes dejó el Ministerio de Legalidad en 2007, cuando fue procesado junto con Zabala, pero en 2011 fue elegido legislador provincial y el año pasado renovó su banca. En agosto de este año volvió al gabinete provincial y hoy es ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción.
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