La obra social de los militares tiene una deuda acumulada de $4795 millones

A pesar de que en los últimos cinco meses se pudieron equilibrar los gastos administrativos y en prestaciones de salud con los ingresos, la obra social de los militares mantiene una deuda acumulada de $4795 millones.

Así lo reveló a LA NACION el presidente del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), Darío Díaz Pérez, quien atribuyó el alto pasivo a "desaciertos" del gobierno anterior, al tiempo que garantiza que el fantasma de la quiebra quedó atrás.

La polémica por la abultada deuda, a la que se sumó el ministro de Defensa, Agustín Rossi, provocó la reacción de su antecesor Oscar Aguad, quien en diálogo con LA NACION negó responsabilidades de su gestión como ministro de Juntos por el CAmbio y advirtió que la obra social "es administrada por las Fuerzas Armadas".

"Al asumir encontramos una obra social quebrada y desfinanciada. Estamos trabajando para revertirlo, pero no es fácil", resumió el actual titular Díaz Pérez, exintendente de Lanús.

"Habían reducido prestaciones, fijaron topes de consultas en salud mental, odontología y kinesiología, y privilegiaron a los prestadores privados más caros por encima de los hospitales de las Fuerzas Armadas, lo que aumentó los costos e incrementó la deuda", enumeró, al trazar un inventario de la herencia.

Hoy, la prioridad es bajar los gastos de funcionamiento sin resentir las prestaciones, insiste Díaz Pérez, puesto en funciones por Rossi en enero pasado.

"Achicamos un 35% la planta de nivel gerencial, lo que produce un ahorro de $38 millones, adecuamos algunas prestaciones y trabajamos en el fortalecimiento de los hospitales militares de todo el país, además de avanzar en un esquema de mayores controles a través de auditorías, según las disposiciones de la Sigen", explicó Díaz Pérez, consciente de que las cuentas aún no cierran.

El propio Rossi fustigó a la conducción de Iosfa durante la gestión de Juntos por el Cambio, que producía un déficit mensual de $400 millones. "Lo que se hizo fue un estropicio, una administración absolutamente irresponsable de los fondos del personal militar", dijo, en declaraciones radiales.

La reacción de Aguad

Al ser consultado por LA NACION, Aguad admitió que al concluir su gestión existía una deuda en el Iosfa cercana a $2000 millones, pero afirmó que la obra social "es administrada por las Fuerzas Armadas".

"Hay un directorio de diez miembros, de los cuales ocho son militares, gendarmes y prefectos. Lo único que hace el Ministerio de Defensa es designar al presidente", dijo Aguad.

Atribuyó la acumulación del déficit a la política salarial de Rossi en su anterior gestión, entre 2013 y 2015, cuando el 47% de los sueldos militares se pagaba en negro, lo que reducía los aportes a la obra social. "Nosotros bajamos la parte en negro al 25%, pero si los militares hubieran aportado con un sueldo 100% en blanco, como corresponde, la obra social estaría saneada", aventuró.

"Es falso, además, que se hayan privilegiado los contratos con prestadores privados. El único que se incorporó fue el sanatorio Güemes, para casos de alta complejidad", agregó el exministro de Mauricio Macri.

Con 585.000 afiliados, la obra social de los militares es la segunda obra social del Estado nacional después de PAMI por sus dimensiones, y la tercera si se cuenta el IOMA bonaerense.

El Iosfa fue creado por el decreto 637, del año 2013, durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, para unificar los servicios médicos y sociales que cada fuerza militar mantenía por separado. Maneja un presupuesto de $20.000 millones anuales, conformado por aportes y contribuciones.

"Durante cuatro años no se hizo nada para avanzar en la unificación", advirtió a LA NACION el médico Pedro Barrios, quien presidió la obra social de los militares entre diciembre de 2017 y noviembre de 2019, durante la gestión ministerial de Aguad.

Dijo que si bien el decreto ordenaba que el personal militar hiciera sus aportes y contribuciones "sobre el total del ingreso percibido, con excepción del salario familiar y los viáticos", solo se hacían aportes sobre los haberes en blanco. "Al cabo de los años, eso generó un déficit acumulado de $3000 millones, que explicaría la deuda que ahora denuncian Rossi y Díaz Pérez.

"Pese a todo, nuestra gestión terminó con un superávit de $800 millones [al margen de la citada deuda]. No entiendo cómo en cinco meses se puede generar un déficit tan grande de $4700 millones", argumentó Barrios.

Agregó que ya a fines de 2015 e, incluso, en los primeros dos años de la gestión de Macri, la obra social presentaba situaciones irregulares, sin rendiciones de cuentas, con atrasos en los reintegros y 200 cortes de servicios por mes.

Según pudo saber LA NACION, la unificación de las tres obras sociales que históricamente manejaban por separado el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea generó una creciente tensión entre las autoridades civiles -el Ministerio de Defensa- y las fuerzas militares.

En los últimos meses crecieron las quejas por interrupciones en los servicios. Los reclamos muestran sintonía con la denuncia penal presentada en 2018 por la Unión del Personal Militar Asociación Civil (Upmac), que pidió investigar irregularidades, a la que se sumó otra del coronel retirado Gabriel Juez.

"Estamos a disposición de lo que disponga la Justicia", dijo, al respecto, Díaz Pérez. En una circular difundida a los afiliados, el presidente del Iosfa resumió que la situación económica del instituto sigue siendo crítica por la acumulación de deuda de años anteriores. "Para solucionar este escenario complejo, se abrieron distintas negociaciones con prestadores privados y laboratorios con el fin de ir disminuyendo los cortes en los servicios", anticipó.

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