La novedosa alianza de Milei con la casta sindical

Martín Tetaz, el diputado radical que preside la comisión de Legislación del Trabajo, llamó el lunes por teléfono uno a uno a sus colegas no peronistas del grupo. Volvió a su casa creyendo que tenía anudado los acuerdos con La Libertad Avanza, Pro y la Coalición Cívica para avanzar con el dictamen del proyecto de ley de su autoría que busca limitar el poder de los sindicatos. Para encontrar cambios en la legislación laboral de esta magnitud hay que remontarse a 1976, en dictadura militar. En democracia, no lo consiguieron ni la ley Mucci, con Alfonsín, ni “la Banelco”, con De la Rúa.

Al día siguiente, apenas unas horas antes de la convocatoria a los 30 miembros de la comisión, los apoyos que Tetaz creía haber conseguido se desplomaron. La libertaria Alida Ferreyra, con quien había pactado el aval del oficialismo, le comunicó que había “una orden del Ejecutivo” de no acompañar. Sucedió lo mismo con otros diputados de Pro aliados de la Casa Rosada. Inesperado triunfo de los sindicalistas, que sintieron fugazmente amenazado su financiamiento y representación.

La CGT desplegó su poder de lobby para frenar la iniciativa de Tetaz. Fue una estrategia articulada, a tres bandas: negoció con el Gobierno, con los diputados y también con la Unión Industrial Argentina (UIA).

Gerardo Martínez, jefe de la Uocra, involucró en las conversaciones a Guillermo Francos y Santiago Caputo, asesor directo del presidente Javier Milei. También se reunió cara a cara con Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación del Estado con el que afinó detalles sobre la reglamentación del capítulo laboral de la Ley Bases. Pero habría sido el jefe de Gabinete el que bajó la orden a los diputados libertarios y de Pro de boicotear el proyecto de ley impulsada por el radicalismo. “No es el momento de confrontar con los gremios”, argumentó, según reconstruyó LA NACION de fuentes oficiales, legislativas y sindicales.

Una consecuencia inmediata de este apretón de manos fue la confirmación de la reunión que tendrán el lunes próximo, en la Casa Rosada, Francos y la cúpula cegetista. ¿Un pacto a cambio de paz social? “Hay buena sintonía, hay diálogo y comenzó a haber entendimiento”, dijo a LA NACION Martínez, uno de los sindicalistas más influyentes del país desde la década del 90 hasta la actualidad. En el ajedrez interno de la CGT, Martínez integra el sector de los autodenominados “independientes”, que articula con “los Gordos” (grandes gremios de servicios). Ambos bastiones representan el ala dialoguista, que trabaja por estos días para neutralizar el eventual paro del 17 de octubre de los gremios del transporte, cuyo referente es Pablo Moyano. “No hay hoy marco ni contexto para activar una huelga”, reforzó un dirigente de jerarquía que no comulga con el camionero. Lo que suceda finalmente con los transportistas servirá para comprobar si el acercamiento entre la CGT y el Gobierno es algo pasajero o el inicio de un pacto duradero. La tregua está por ahora vigente.

Otro de los frentes de negociación que se abrió para voltear el proyecto de reforma sindical fue con los empresarios. Hubo una reacción corporativa para blindarse de la política. La primera señal de que había algo en ciernes la dio el abogado laboralista Juan José Etala, cuando asistió hace casi un mes a la comisión laboral en representación de la UIA para expresar su rechazo a la iniciativa de Tetaz. “Somos respetuosos de la libertad y autonomía sindical. El convenio 87 de la OIT [Organización Internacional del Trabajo] establece que las organizaciones de trabajadores como de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y de elegir libremente sus representantes”, expuso Etala, exasesor en temas laborales del gobierno de Mauricio Macri. El corte con el video de la exposición de Etala en Diputados circuló de inmediato en el WhatsApp de los sindicalistas. Otro triunfo inesperado.

Dentro de la comisión de Legislación del Trabajo, el diputado kirchnerista Sergio Palazzo, que además es jefe del gremio bancario, se encargó personalmente de romper los acuerdos con los que había avanzado Tetaz. Habló con los legisladores de la Coalición Cívica, Innovación Federal e incorporó a Miguel Ángel Pichetto a las tratativas. Una ironía: Palazzo es un sindicalista de raíz radical. Uno de sus interlocutores para frenar el proyecto fue Pablo Miguel Ansaloni, diputado de La Libertad Avanza y sindicalista de los ruralistas de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre). Camaleónico, de lealtades frágiles e investigado por la Justicia por presunta malversación de fondos, Ansaloni es protagonista hoy de una interna gremial que podría terminar en escándalo. Según fuentes confiables, urde una trama junto con dirigentes del interior para desbancar a José Voytenco de la conducción de la Uatre. La semana próxima habrá una reunión de comisión directiva en la que todo puede pasar. Hace casi dos años a Ansaloni lo intentaron matar mediante un sicario narco.

Una caja millonaria

Voytenco, un chaqueño de bajo perfil a quien le gustan los lujos, está hoy parado sobre una caja millonaria que cautivó en su momento al macrismo y después al kirchnerismo. La Uatre administra $9000 millones mensuales mientras que su obra social llegó a tener $1300 millones de superávit, según fuentes gremiales. Las cifras surgen de la contribución del 2% del sueldo de unos 400.000 afiliados activos, del aporte a la salud por parte de empleados y empleadores, y de otras fuentes de financiamiento, como pueden ser el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), a cargo de los recursos del fondo de desempleo, y el Fondo Especial del Tabaco, una caja que se nutre por ley de un porcentaje de las ventas de cada paquete de cigarrillos y que en el primer semestre de 2024 recaudó $74.796 millones. Las cifras podrían ser incluso mayores si se tiene en cuenta que siete de cada 10 trabajadores rurales están contratados de manera irregular, según denunciaron desde el gremio.

A fines de 2022, Voytenco le ganó la elección interna a Ansaloni por apenas un punto. Fue la primera vez desde 1991 que no había lista única en el gremio donde reinó Gerónimo Venegas, un exaliado de Macri. A Ansaloni, que manejaba la obra social, no le alcanzó el apoyo que le había dado Sergio Massa, por entonces el hombre fuerte del gobierno de Alberto Fernández. Las elecciones se concretaron después de un proceso nublado de sospechas y acusaciones, que fue incluso judicializado en tribunales federales y provinciales.

La gestión de Fernández terminó reconociendo a Voytenco, a quien identificó como propio. Osprera, la obra social de la Uatre, recibió el 7 de diciembre de 2023 un subsidio de $3350 millones del Frente de Todos en concpeto de “apoyo financiero”. Es decir, tres días antes de dejar el Gobierno. Daniel López, titular de la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS) de ese entonces, fue el que autorizó el envío de los fondos. A pesar de la decisión del juez federal de La Pampa Juan José Baric de intervenir la obra social, Voytenco mantuvo siempre el control. Incluso cuando la SSS del gobierno libertario dispuso por decreto una intervención del Poder Ejecutivo sobre la intervención judicial al considerar que las prestaciones no se brindaban y que el déficit pasó de 26.979.000 en septiembre de 2023 a 43.949.000 en marzo de 2024. Un curioso choque de poderes, como los de Milei con el Congreso por el veto de las leyes. Así y todo, Voytenco continúa con el doble comando: preside el gremio y la obra social, donde cobra un salario de $14.005.643 mensuales.

Ante la amenaza de perder todo, Voytenco les abrió las puertas a empresarios vinculados a Luis Barrionuevo y tendió puentes con la gestión libertaria. Por un lado, le quitó el servicio de seguro de sepelio al grupo Néspola para cedérselo a El Surco, de Jorge Gianni y Julio Comparada, casi un hijo para el jefe gastronómico. Comparada fue presidente de Independiente y entre sus clientes tiene a gremios, aunque su gran negocio es con el fútbol, gracias al acuerdo que selló hace años con la AFA en los tiempos de Julio Humberto Grondona. La Uatre le paga a El Surco $400 millones mensuales por los seguros de sepelio. Comparada y Gianni se entusiasman ahora con que su aseguradora participe de los fondos de cese laboral que se activen sectorialmente en reemplazo de las indemnizaciones. “Los dueños de los restaurantes siempre quisieron este formato [fondo de desempleo]”, dijo Barrionuevo, en un contundente aval al punto neurálgico de la reforma laboral de Milei, recientemente reglamentada.

Como parte del mismo rompecabezas, Voytenco también cedió terreno en la obra social. Habría acordado con la Superintendencia de Servicios de la Salud una administración compartida de Osprera. Designó tres gerentes que habrían llegado con aval del Gobierno, según fuentes de la Uatre. Se trata de Eduardo Cavallo, en el área de prestaciones; Laura Tochi, en Asuntos Jurídicos, y Sergio Casinotti, en asistencia de medicamentos. Casinotti estuvo en el Pami durante el macrismo y es dueño de Exegesis Salud, la cual fue contratada por Osprera por $59 millones para hacer auditorías. A Cavallo, un informe de Telenueve, lo vinculó con Eduardo “Lule” Menem, asesor directo de Karina Milei.

En la SSS, el organismo a cargo de la regulación de las prestadoras, rechazaron tajantemente estas versiones ante la consulta de LA NACION. También las fuentes oficiales desmintieron un involucramiento directo de Mario Lugones, el empresario de la salud que se convirtió en flamante ministro del área tras la sorpresiva renuncia de Mario Russo. Lugones, que en los papeles figuraría como asesor de Francos en la jefatura de Gabinete, es el interlocutor de Milei con los gremios por la caja de las obras sociales. Hasta el jueves a la noche, Lugones era una suerte de ministro sin cartera, con ascendencia sobre el propio Russo, y sobre Gabriel Oriolo, el exejecutivo de Osde que encabeza la SSS. “Es el zar de la salud, maneja todo: la Súper, la Anmat, PAMI y la agencia de discapacidad”, dijo un exfuncionario del área de salud sobre Lugones. La definición fue antes de ser oficializado en el Gabinete.

Lugones fue presidente hasta hace poco de la Fundación Sanatorio Güemes, una clínica en cuyo paquete accionario coinciden el sindicato de gastronómicos, es decir, Luis Barrionuevo, y Julio Comparada. En alguna charla, Lugones se refirió a Barrionuevo y al operador Enrique “Coti” Nosiglia como “mis socios”, según reconstruyó LA NACION de tres fuentes del rubro sanitario. ¿El nuevo ministro de Milei todavía no asumió y ya surge un posible conflicto de interés? Eso no es todo: Lugones es, además, padre de Rodrigo, socio y amigo íntimo Santiago Caputo en sus emprendimientos de consultoría y comunicación política. Fue Caputo el que bajó el jueves a la noche el martillo para que Lugones reemplace a Russo. Protagonistas ocultos de un rompecabezas que une negocios, poder y política.

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