La necesidad de una discusión integral
Cada vez que empiezan a escasear los recursos, comienzan a surgir voces que plantean de manera directa o indirecta la necesidad de discutir el reparto de fondos entre el gobierno nacional y las provincias. Uno de los aspectos centrales de esta discusión es la ley de coparticipación federal de impuestos. Han pasado 16 años desde la fecha en que, según el mandato constitucional, debiéramos haber tenido una nueva ley, lo que pone de manifiesto que no es un tema sencillo de resolver. Y si bien tiene base económica, es una discusión de alto contenido político.
En la actualidad, uno de los principales planteos de algunas provincias está relacionado con la centralización creciente de recursos en el orden nacional. En este proceso ha influido la creación de impuestos nacionales cuya distribución entre la Nación y las provincias se sesgó a favor del gobierno nacional.
Un ejemplo concreto es el impuesto al cheque, del cual de cada 100 pesos recaudados, 15 solamente van a provincias y 85 quedan en manos del gobierno nacional y de la Anses.
Cuando se discuten estos temas, resulta relevante saber de cuánta plata se está hablando y lo que eso significa desde el punto de vista relativo. En efecto, si tomamos como base de comparación el promedio de los últimos años de la década del 90 (podríamos tomar otros años), las provincias recibían el 30% de la recaudación total, incluida seguridad social y en 2012 recibieron solamente el 26%.
Es decir que, en conjunto, las provincias resignaron unos 24.000 millones de pesos, cifra que les hubiese permitido cubrir el déficit fiscal. Para 2013 el número podría ascender a $ 30.000 millones.
Esta importancia relativa de la resignación, combinada con una situación fiscal provincial deficitaria, es lo que aumenta el número de voces que comienzan a plantear la necesidad de un cambio.
El camino elegido por los gobernadores está signado por el endeudamiento y la suba de impuestos. En efecto, 2013 viene con subas de impuestos a la actividad económica aún superiores a las registradas en 2012.
De esta manera, pagan el costo político de ajustar, cuando por otra parte están resignando recursos por sumas importantes. Al quedar estos últimos en manos del gobierno nacional, no solamente le permiten tener la decisión política del gasto en general, sino también la posibilidad de enviar recursos directamente a los municipios de las provincias, un esquema que altera aún más el humor de los gobernadores.
Los planteos demandando cambios de coparticipación hasta ahora realizados, tienen la mezcla de distribución primaria y secundaria.
Buenos Aires volvió con su viejo reclamo de la recuperación del porcentaje que alguna vez cedió, como el tema del atraso nominal del Fondo del Conurbano. Pero esta discusión no puede quedar en el marco de la distribución secundaria, ya que es un juego de suma cero.
Más plata para Buenos Aires implica menos plata para otras jurisdicciones. Por eso sería vital promover una discusión integral del federalismo fiscal argentino, que es mucho más amplia que la relacionada con la de la coparticipación federal de impuestos. No habría que desaprovechar esa oportunidad.
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