La muerte de Nisman: a nueve años, no hay indicios sobre los autores materiales y el caso sigue enredado en el mundo del espionaje y los “buches” de la AFI

Pasaron nueve años desde la muerte del fiscal Alberto Nisman y, aunque en los tribunales federales de Comodoro Py dieron por probado que se trató de un asesinato, a los investigadores judiciales todavía les resulta imposible esclarecer quién lo mató. Año tras año se torna más lejana la posibilidad de arribar a una conclusión sobre quién o quiénes podrían haber sido los autores materiales del crimen. Lejos de poder responder a esa pregunta crucial, el mundo del espionaje aparece, hace años, en el primer plano de la causa judicial. Y ahora los investigadores buscan reconstruir quiénes reportaban de forma inorgánica a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la ex-SIDE, con la hipótesis de que el técnico informático que le dio el arma a Nisman, Diego Lagomarsino, procesado como partícipe necesario por la muerte, pudo haber trabajado para la central de espías. Los pedidos de la Justicia a la AFI todavía no tuvieron respuesta.

En noviembre pasado, LA NACION informó que un exjefe de la ex-SIDE admitió que la central de inteligencia sí recibía información de los que en la jerga se conocen como “buches”, a los que se les pagaba para hacer trabajos, según supo de fuentes judiciales LA NACION. Los dichos no resultaron por sí solos reveladores para la causa que investiga la muerte del fiscal Nisman, pero sí cobraron relevancia cuando estalló el caso asociado al espionaje kirchnerista, a partir del denominado agente inorgánico Ariel Zanchetta, un expolicía que espiaba, entre otros, a políticos y jueces. ¿Por qué? Porque Zanchetta hizo trabajos como agente inorgánico para la AFI y porque, según surge del análisis de uno de los dispositivos que le fueron secuestrados, tenía informes de inteligencia sobre Nisman.

Además, supo LA NACION de fuentes del caso, que del informe en base al entrecruzamiento de comunicaciones entre los agentes de inteligencia en las horas previas y posteriores a la muerte del fiscal se detectó que Zanchetta hablaba asiduamente con al menos cuatro de ellos. Ese entrecruzamiento dio lugar a 70 declaraciones testimoniales.

Un dato que llamó la atención de los investigadores es que uno de los agentes que hablaba con Zanchetta declaró como testigo que se trataba de un amigo personal y que nada tenía que ver con sus funciones. Luego, con las revelaciones del caso en el que Zanchetta está implicado, confirmaron que ese agente mintió y que en realidad hacían trabajos juntos.

A Zanchetta le secuestraron una computadora en la que fue hallada información sobre Nisman. Y para el fiscal Eduardo Taiano y el juez Julián Ercolini, que además investigan en otro expediente el espionaje llevado a cabo contra Nisman, no hay dudas de que lo estaban siguiendo. En esa causa podrían darse nuevas imputaciones y citaciones a indagatoria en el mediano plazo, supo LA NACION.

Pero en el expediente central por la muerte de Nisman los investigadores ahora se enfocan en llegar a detectar quiénes eran los agentes inorgánicos de la AFI. “La única forma de llegar a detectar quiénes eran los buches es a través del área contable. Porque si bien se les pagaba con fondos reservados, debería haber quedado un registro de a quién se le pagó”, dijo una fuente del caso a este medio. La sospecha de la fiscalía es que Diego Lagomarsino pudo haber participado de este grupo de personas que hacían trabajos como “buches” para la AFI.

Hay pedidos formulados desde la fiscalía de Taiano a la AFI para que la central informe quiénes comandaban e integraban el área contable durante el gobierno de Cristina Kirchner. El oficio judicial llegó a la central de espías días antes del cambio de gobierno. La respuesta se dilató: desde la AFI le preguntaron a la fiscalía con qué fines buscaba acceder a la información. Los días pasaron y las autoridades de la AFI cambiaron. Los investigadores judiciales todavía no recibieron la información requerida para poder avanzar sobre cómo fue el circuito de pagos con fondos reservados.

Hay otro escollo judicial: en la fiscalía de Taiano todavía no tienen la información sobre los teléfonos y las computadoras de Zanchetta. Buscan conseguir los peritajes de los 19 equipos que le secuestraron en el marco de la causa que tiene el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, pero esa causa no tiene fiscal definido, dado que se apartó Gerardo Pollicita y luego el juez apartó a Carlos Stornelli. Esa decisión fue anulada por la Cámara Federal y toda esa secuencia dilató, explicaron fuentes judiciales, la respuesta al fiscal Taiano para obtener la información de los dispositivos de Zanchetta.

“Lo que sí está probado para nosotros es que fue un homicidio, que Lagomarsino fue partícipe de ese homicidio y creemos que es más que suficiente para poder avanzar. Sería perfecto poder saber quiénes fueron las personas que entraron al departamento. Pero al día de hoy esa información no está”, dijo una fuente de la causa judicial a LA NACION.

Los gobiernos que se sucedieron desde entonces tuvieron distintas posturas sobre lo ocurrido. Finalizaba la gestión de Cristina Kirchner y el fiscal que investigaba el atentado contra la AMIA, que había denunciado a la entonces presidenta por encubrimiento del atentado, fue encontrado muerto en su departamento del Complejo Le Parc de Puerto Madero. La administración de Mauricio Macri llegó al poder con una fuerte impronta: tanto el expresidente como sus ministros sostenían que Nisman había sido víctima de un asesinato.

Con la asunción del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner la exministra de seguridad Sabina Frederic dijo que el informe de la Gendarmería Nacional que le permitió a la justicia concluir que a Nisman lo mataron en realidad incumplió el protocolo vigente de las fuerzas y que debía ser revisado. Alberto Fernández, que apenas sucedió la muerte de Nisman dijo que se había tratado de un asesinato, luego se desdijo. Incluso fue citado como testigo en la Justicia antes de asumir como presidente para aclarar sus dichos.

En el actual oficialismo hay posiciones contrapuestas. Si bien Javier Milei nunca hizo bandera de la causa por la muerte de Nisman, sí cuestionó y denunció penalmente a Alberto Fernández cuando este hizo declaraciones sobre el fiscal Diego Luciani y lo comparó con el destino de Nisman. Pero sí existen fuertes diferencias entre el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Bullrich fue durante el gobierno de Macri quien empujó la hipótesis del homicidio, e incluso fue la Gendarmería nacional la fuerza que produjo el informe que permitió concluir que a Nisman lo drogaron, lo golpearon y luego le dispararon. Como abogado penalista, Cúneo Libarona dijo más de una vez que Nisman se suicidó. Como ministro de Justicia no se pronunció sobre el tema. “El video que está circulando en redes es del año 2017. En esa entrevista yo expresé mi opinión con los datos de la investigación conocidos hasta ese momento. Luego la justicia avanzó y determinó que se trató de un homicidio. Como digo siempre, respeto las decisiones judiciales. Como ministro de justicia no puedo ni debo opinar sobre expedientes en curso”, dijo Cúneo Libarona ante la consulta de LA NACION.

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