La marcha del #1F expuso las diferencias entre los jueces y fiscales frente a la Corte y el Gobierno
Entre los funcionarios judiciales existen desde fundamentalistas que hablan de lawfare y piden “echar a patadas” al máximo tribunal hasta los que denuncian un clima “destituyente” que atenta contra la independencia judicial
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LA NACION
La marcha contra la Corte Suprema de Justicia convocada por el kirchnerismo y alentada por el Gobierno dejó en evidencia los matices con que los jueces y fiscales se posicionan ante el máximo tribunal y los ataques recurrentes de Cristina Kirchner y Alberto Fernández a los magistrados.
Las posturas recorren todo el arco: desde los fundamentalistas que reclaman la renuncia de los jueces de la Corte hasta los que advierten al Gobierno que no debe alentar estas manifestaciones por considerarlas destituyentes. Y en el medio están representados todos los tonos, que van mas allá de la grieta.
Un habitante de esos extremos es el camarista Juan Ramos Padilla, uno de los convocantes de la marcha junto Luis D’Elía y otros dirigentes que enfrentaron procesos judiciales. El titular del Tribunal Oral N°29 de la ciudad llamó “una mafia” a los jueces de la Corte y dijo que “el pueblo quiere echarlos a patadas”.
El colectivo Justicia Legítima, que comparte las políticas judiciales del kirchnerismo, no llegó a tanto, aunque exigió una “reformulación” del máximo tribunal. Expresó su respaldo a la marcha para expresar “su hartazgo ante una administración de Justicia degradada hasta límites nunca vistos”. Con una mezcla de denuncia de machismo, misoginia y lawfare, el colectivo criticó “los manejos espurios de los cuatro ministros de la Corte, todos hombres, ninguna mujer, que solo se esfuerzan en incrementar su propio poder, autovotándose, avanzando sobre los otros dos poderes del Estado, permitiendo el generalizado descontrol judicial que protege intereses económicos y mediáticos inconfesables”. Lo más fuerte que dijeron contra la Corte.
Siguiendo el arco de matices se pronunció la Lista Celeste de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn), que en general apoya las políticas del Gobierno. Su referente en el Consejo de la Magistratura, el juez Alberto Lugones, explicó a LA NACION que la agrupación “deja libre a la gente de su espacio que quiera adherir a la marcha o no, pero manifestó que no está de acuerdo con la convocatoria. “No nos parece el método adecuado para cuestionar algo”, señalaron en ese espacio.
En un comunicado dado a conocer a mediados de enero, desde la Lista Celeste dijeron que rechazaban cualquier intento de menoscabar el derecho a la protesta o la libertad de expresión y allí se manifestaron contra la idea de la Lista Bordó de la Amfjn, la más dura contra el Gobierno, y de Compromiso Judicial, la otra lista intermedia. Estos jueces habían firmado un documento en el que señalaban que la manifestación del 1° de febrero iba “contra el funcionamiento republicano de la democracia”.
Los celestes advirtieron que ese documento era inconsulto y lo desconocieron. Los referentes de la Bordó insisten que ese documento fue consensuado en una reunión virtual (por chat) del Consejo Directivo.
Tras ese cruce, los representantes de la Bordó ratificaron y endurecieron su posición. Dijeron directamente que rechazaban la manifestación porque se había salteado los mecanismos constitucionales para cuestionar a la Corte (como un pedido de juicio político) para pasar a las vías de hecho, como hacer una marcha para reclamar la renuncia de los cuatro magistrados.
Entendieron los integrantes de la lista Bordó, presididos por el juez Marcelo Gallo Tagle, titular de la Amfjn, que la manifestación es una vía de hecho destituyente que pasa por encima de los mecanismos constitucionales”. Agregaron que la convocatoria tiene “ruido a destituyente” y es “alentada y patrocinada desde distintos sectores y funcionarios del gobierno nacional”. Indicaron que “la convocatoria apoyada por jueces, juezas y funcionarios públicos que la propagan como proselitismo partidario, no hace más que corroer a uno de los poderes del Estado, cuya cabeza es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y ello como lógica derivación, importa un ataque al sistema republicano de gobierno, por ignorar los mecanismos previstos constitucionalmente”.
La otra entidad que reúne a los magistrados nacionales y federales es la Junta de Presidentes de Cámara Federales. Son el gobierno del Poder Judicial federal, desplegado sobre el territorio, por debajo de la Corte. En general alienados con los jueces de la Corte, ayer estaban trabajando en un duro documento para defender lo que consideran un avance contra la cabeza de uno de los poderes del Estado que pone en riesgo la independencia judicial.
Quienes ya alumbraron su pronunciamiento y quedaron en el extremo más duro junto con los jueces de la lista Bordó son los integrantes de la Asociación de Fiscales. Con la firma de su presidente, el fiscal federal Carlos Rívolo, advirtieron a los funcionarios del gobierno nacional sobre el riesgo de apoyar esta convocatoria.
Los fiscales exhortaron “al poder político” a manejarse con “la debida prudencia” y a evitar “toda posibilidad de vulneración de los principios republicanos”. Sostuvieron que debe respetarse la división de poderes y garantizarse el desempeño de los jueces “con total independencia asegurando a la comunidad el acceso a una justicia imparcial”.
“La independencia de los magistrados es una obligación de la República, y su vigencia es impuesta por la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. En este sentido, es obligación de los otros poderes del Estado respetarla y afianzarla, sin que ello implique la imposibilidad de auditar, con criterios objetivos y ya determinados por la ley, que contengan y respeten la autonomía de cada magistrado”, sostiene el comunicado.
La marcha convocada por el kirchnerismo fue apoyada expresamente por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. Por su parte, Juan Martín Mena, número dos del Ministerio de Justicia, dijo que le parecía “sano y necesario” que la gente se pronunciara. La titular de la AFI, Cristina Caamaño, presidenta de Justicia Legítima, llamó a manifestarse.
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