La marcha contra la Corte: logística sindical, aval oficial y viejas consignas kirchneristas

La consigna de “democratizar la justicia” que tanto impulsó el gobierno de Cristina Kirchner en 2013 está latente y se escuchará este martes en la marcha “1F”, en la que varios dirigentes sindicales, abogados y organismos de derechos humanos protestarán contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y contra el funcionamiento del Poder Judicial.

Aunque el Gobierno se despegó formalmente de la iniciativa (pese a que el Presidente y algunos funcionarios lo apoyaron), el contenido de los reclamos que se harán frente al Palacio de Justicia es muy similar a los que vocifera el sector más duro del Frente de Todos: la agrupación Justicia Legítima difundió la semana pasada un comunicado en el que pidió, entre otras cosas, “democratizar la justicia con perspectiva de género” y “el fin del lawfare”.

Otro sector que participa del armado de la movilización, integrado por el juez penal porteño Juan María Ramos Padilla, el dirigente piquetero Luis D’Elía y el dirigente sindical Pablo Moyano, pide, desde una posición acaso más extrema, la renuncia y remoción de los jueces del máximo tribunal. “Que se vayan a patadas”, dijo D’Elía sobre los cortesanos. También formó parte de la organización de la protesta la pareja del exministro kirchnerista Julio De Vido, Alesandra Minnicelli, quien comanda el Foro por la Democracia y los Presos Políticos.

No solamente participaron del armado los exfuncionarios y sindicalistas implicados en casos de corrupción. También se movilizarán las organizaciones Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, H.I.J.O.S. Capital, la Asamblea Permanente por los Derechos humanos (APDH) y otros organismos de Derechos Humanos, que ya emitieron un comunicado a favor de la democratización de la justicia.

Todos estos reclamos fueron volcados en un documento que será leído en la Plaza Lavalle sobre un escenario. Según reconstruyó LA NACION, la redacción de ese documento estuvo signada por discusiones en torno al tono de las consignas: no todos los sectores que participarán de la protesta estaban de acuerdo con pedir la renuncia de los cortesanos. La oposición calificó, mediante un comunicado que emitió Juntos por el Cambio, a ese reclamo y al apoyo del Gobierno a la marcha como golpista.

El Frente Sindical, que reúne a más de 50 gremios, adquirió un importante protagonismo en la iniciativa, y entre los organizadores dan por descontado que los gremios de Camioneros, la CTA, ATE y Sitraju movilizarán a sus trabajadores a la protesta. Un dirigente que participó de las reuniones dijo a este medio que el escenario y el sistema de sonido sería aportado por el dirigente del gremio de Camioneros Pablo Moyano, pero cerca de Moyano negaron que el gremio vaya a hacerse cargo de los detalles técnicos y señalaron que el escenario será proveído por MILES, el partido conducido por D’Elía.

Los embates son en torno a un puñado de decisiones que tomó el máximo tribunal y a fallos de tribunales inferiores que fueron avaladas por los supremos.

Aunque varios funcionarios del gobierno nacional se manifestaron abiertamente a favor de la movilización y replicaron las críticas a los jueces de la Corte, la portavoz Gabriela Cerruti dijo el jueves pasado que el Gobierno “no toma postura sobre las marchas que organizan los sectores sociales”.

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño respaldó la movilización en más de una oportunidad pero no estará presente el martes en la Plaza Lavalle. “Estoy de acuerdo con la movilización del 1F porque la va a hacer el pueblo, la gente a la cual la Justicia siempre la da la espalda”, dijo la semana pasada.

Cerca de Caamaño aclararon a este medio que esas declaraciones las hizo en carácter de presidenta de Justicia Legítima y no como funcionaria nacional. Sí asistirá el ministro de Desarrollo Territorial y Habitat Jorge Ferraresi, y la Directora de Asuntos Jurídicos del Senado Graciana Peñafort. Otros funcionarios, como el viceministro de Justicia Juan Martín Mena y el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, apoyaron la iniciativa con críticas hacia el Poder Judicial pero no precisaron si participarán.

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