La marca propia que moldea Alberto Fernández y el atributo de la honestidad

Aunque tarde, Alberto Fernández busca diferenciarse. El objetivo es construir su propia marca país, la marca “Alberto Fernández” con la que aspira a disputar un fragmento de la división que calcula en una PASO 2023. En su mercado político, la marca contra la que compite es la de Cristina Kirchner. La “honestidad” está entre los intangibles que la identidad presidencial busca anudar bajo un mismo lazo. “Soy una persona honesta”, dijo el viernes pasado en respuesta a las sospechas que se filtraron desde la casa de Gran Hermano. Una síntesis de lo que había instalado en el escenario del Coloquio de IDEA: “¿En este gobierno, alguien les pidió un centavo para hacer obra pública?”.

Dentro del kirchnerismo, las denuncias de corrupción -y especialmente en la obra pública- son un atributo central de la imagen negativa que la opinión pública tiene de la vicepresidenta y de sus gestiones de gobierno. La causa Cuadernos pesa en el inconsciente colectivo, entre otras. La causa Vialidad mantiene viva esa percepción. Las encuestas de opinión pública lo demuestran. Pero hay un punto donde las diferencias entre el Presidente y la vicepresidenta se borran. La manipulación de estadísticas es un problema para ambos. Su pasado los interpela. Su presente aporta datos para sostener la polémica. En un sentido más amplio, la manipulación de estadísticas abre preguntas sobre el alcance del atributo “honestidad” con que se autopercibe el Presidente.

En ese punto, la cumbre de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), que se realiza por estos días en Buenos Aires, trae memorias amargas de otras épocas. Amargas para Alberto Fernández y para Cristina Kirchner y, también, para la Cepal. La “honestidad” en un sentido más amplio, hasta abarcar la ética pública, cae bajo la lupa.

Recién en 2019, la Cepal -ese organismo de la ONU, central en el aval a políticas públicas de los gobiernos de América Latina-, reconoció por primera vez, de forma oficial, lo que calló durante años: que el kirchnerismo “subestimó” -fue el eufemismo- las cifras de pobreza y de indigencia. ¿La razón? El uso de cifras oficiales de inflación que, al no ser reflejo fidedigno del nivel de precios, impactaba en la medición confiable de la pobreza.

“Entre los aumentos [de pobreza e indigencia], el más significativo es el que se presenta en la Argentina, donde el uso de las cifras de inflación oficiales condujo a una subestimación de la pobreza”, sostuvo la Cepal. En una sola oración expuso la adulteración de la medición de la inflación y de la pobreza. Desde hacía años, ya desde la presidencia de Néstor Kirchner y, luego, en las dos presidencias de Cristina Kirchner, se multiplicaban las voces argentinas y de organismos internacionales que alertaban sobre las estadísticas oficiales.

Datos dudosos

Sin embargo, durante años, la Cepal tomó como ciertos los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec intervenido de hecho por la presidencia de Néstor Kirchner, a través de la influencia indebida de Guillermo Moreno. El período crítico se dio entre 2007, cuando Alberto Fernández era jefe de Gabinete de Kirchner, y 2015. “Más allá de las explicaciones oficiales iniciales, se impuso en la opinión pública y en el ámbito académico la idea de que, lejos de explicarse por lógicas metodológicas, los cambios institucionales producidos en el Indec respondían a la intencionalidad política de manipular los datos, y en particular el Índice de Precios al Consumidor (IPC)”: así se lee en el trabajo de investigación “Claroscuros. 9 años de datos bajo sospecha. EPH en la Argentina entre 2007 y 2015″, de los investigadores Sol Minoldo y Diego Born, que también afirman: “La evidente distorsión del IPC, la falta de transparencia en algunas decisiones internas y procedimientos, arrastraron la credibilidad de otros datos producidos por el Indec”.

Cuando en julio de 2008, Alberto Fernández dejó la jefatura de Gabinete en la primera presidencia de Cristina Kirchner, ya se habían publicado 17 IPC adulterados y el escándalo se conocía en la Argentina y en el exterior.

Ahora, en el escenario de la Cepal, a pesar de ese antecedente, el Presidente sostuvo: “Las fronteras se diluyen frente al riesgo de la manipulación de datos y noticias falsas que influyen en el ánimo social”. No se refirió a los datos estadísticos, sino a la matriz conceptual con la que insiste desde el atentado a la vicepresidenta: la relación causa-efecto entre los discursos de odio e informaciones falsas que circulan en las redes sociales y la violencia explícita contra dirigentes políticos.

Si la vicepresidenta sufrió un atentado contra su vida e integridad física, para Alberto Fernández las palabras del participante de Gran Hermano representan un atentado contra su integridad moral. La “manipulación de datos” que preocupa al Presidente no es la falsificación de las series históricas de inflación, pobreza, indigencia, PBI y desempleo adulterados durante la gestión kirchnerista.

La falla de origen

Fernández tiene un problema: son las memorias que despierta esa frase pronunciada en el contexto de la Cepal. Una falla de origen de la marca Fernández: su pertenencia activa a un gobierno que inauguró la manipulación de estadísticas en la Argentina como política de Estado. En ese punto, aun cuando la justicia no haya avanzado con una investigación judicial sobre las responsabilidades políticas de las máximas autoridades de la Argentina en relación a la manipulación del Indec, un concepto ampliado de “honestidad” termina por abarcar la noción de “ética pública” de un funcionario. Esa es una idea que el mismo Presidente viene alentando.

La imagen de Fernández se mueve entre dos pasados: el crítico del cristinismo, por un lado, y, por el otro, el justificador del cristinismo. El atajo que Alberto Fernández usó este año y viene usando desde 2019, cuando dejó a un lado sus diferencias con su socia política para librarla de la palabra “corrupción”, apela al atajo ético. Para justificar la contratación de empresarios con los que la familia Kirchner tenía vínculos comerciales privados para hacer obra pública, en 2019 Alberto Fernández sostuvo, inaugurando esa interpretación: “Fue un descuido ético, no un delito”. No está claro que esa distinción, que para un abogado circunscripto a la letra del Código Penal es clave, sea importante para la opinión pública. Más allá del debate jurídico, una falla ética de semejante impacto corre el riesgo de asimilarse a un rasgo de deshonestidad. La manipulación de estadísticas cae en la misma bolsa.

Confrontado con el presente, el presidente vuelve a encontrarse con el obstáculo de la falta de credibilidad estadística. El tema es el Censo de Población, Hogares y Viviendas, y las dificultades para cumplir con el cronograma de elaboración y divulgación de datos. La novedad ahora es que se perdieron millones de datos provisorios del Censo que correspondía divulgar en agosto. Están en juego fallas en la logística y en la formación de los censistas, la intervención de militancia política en la realización del censo, además de errores. Habrá que esperar un año para conocer los resultados.

Detrás de esas vicisitudes, una trama de sospechas se teje desde hace meses sobre la credibilidad del Censo 2010, en relación a datos de cantidad de habitantes de distritos clave del conurbano, como La Matanza, coto histórico del perokirchnerismo: cualquier distorsión que lleve al aumento artificial de habitantes, implica un beneficio indebido, más dinero por coparticipación municipal. Hay una denuncia ante la Justicia. El Censo 2022 podría ser una prueba que dirima si efectivamente la población de La Matanza se infló en un 27% en el Censo 2010.

En 2019, cuando Alberto Fernández le planteó a Jorge Todesca, que le había devuelto la credibilidad a las estadísticas del Indec durante la gestión de Cambiemos, continuar en su cargo, Todesca fue contundente. Se negó a seguir al frente del Indec y dio sus razones: “Haber intervenido el Indec, haber distorsionado la información pública argentina fue una política de Estado del kirchnerismo. Es un hecho excepcional y gravísimo en el mundo”. Esa política pesa como una mochila cargada de piedras éticas, como mínimo, en la noción de “honestidad”.

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