La línea 620, bajo la lupa por no instalar cámaras y con delegados ligados a la conducción de la UTA
Los representantes gremiales en la empresa están alineados con Roberto Fernández; el año pasado, el grupo DOTA había denunciado que otras firmas incumplían la instalación de dispositivos de seguridad
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LA NACION
La empresa Nuevo Ideal SA, que tiene entre sus líneas a la 620, donde trabajaba Daniel Barrientos, el chofer asesinado ayer a la madrugada, cuenta con un cuerpo de delegados alineado con la conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que encabeza Roberto Fernández. A fines del año pasado, quedó bajo la lupa junto a la mayoría de las firmas del sector tras una denuncia de las empresas que integran el grupo DOTA por incumplimiento de la instalación de cámaras de seguridad.
Fuentes que conocen el sector del transporte automotor describieron a la línea como “una más” dentro del espectro de las empresas de colectivos, aunque con la particularidad de transitar por zonas peligrosas en las que se suceden permanentes hechos de violencia. Las mismas fuentes sostuvieron que los delegados de la empresa pertenecen a la corriente que encabeza Fernández. No obstante, una fuente consultada señaló que el líder de la UTA está “desprestigiado en las bases”.
Sergio Berni fue agredido ayer en una protesta con mayoría de trabajadores de la empresa Nuevo Ideal, y denunció la presencia de “infiltrados” que vinculó a Pro. Según pudo saber LA NACION de fuentes del sector automotor, la representación sindical de los trabajadores de la empresa se vincula con Fernández y no con Miguel Bustinduy, líder de la oposición en la UTA que cuenta con el respaldo de Hugo Moyano.
Entre los reclamos que generó el crimen estuvo el de la instalación de cámaras de seguridad en las unidades. A fines del año pasado, cuatro empresas que integran el grupo DOTA le presentaron una nota al ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, para denunciar un incumplimiento generalizado de la normativa que obliga a las empresas a colocar estos dispositivos de vigilancia.
La carta, fechada el 30 de noviembre de 2022, a la que accedió LA NACION, lleva las firmas de Germán José López, Luciana Ingaramo, Julio Marcelo Pasciuto y Miguel Ramón Jaime Zamora, en representación de las empresas General Tomás Guido Sacif, San Vicente SA de Transportes, Micro Ómnibus Avenida SA y Transportes Atlántida SAC. En la misiva dirigida a D’Onofrio, con copia a Berni, Fernández (jefe de la UTA) y a Martín Insaurralde (jefe de Gabinete bonaerense) se denunció “incumplimiento y falta de control con relación a la Ley 14897 y la resolución de la Subsecretaría de Transporte 35/2021″.
Son medidas que, “en lo fundamental, impone la obligatoriedad de instalación de cámaras de seguridad en las unidades que prestan el servicio público de transporte por automotor de pasajeros provincial y municipal”.
En esa presentación, las líneas que integran DOTA informaron que colocaron 503 cámaras en su flota de 671 coches y denunciaron que “la gran mayoría de las empresas provinciales y municipales de la provincia de Buenos Aires incumplen la normativa”. Subrayaron que las empresas recibieron los fondos para hacerlo y pidieron al ministerio de D’Onofrio que las controle. “Quienes hemos invertido para cumplir con la normativa, nos sentimos unos verdaderos ‘ingenuos’”, indicaron en la presentación. En la carta, las firmas de DOTA acusaron a las “cámaras empresarias amigas del Sr. Ministro” de esos incumplimientos.
LA NACION
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