La justificación kirchnerista para un futuro indulto

Ningún escándalo afectó tanto la competitividad electoral de Cristina Kirchner como el que se desató con la denuncia originada en las obsesivas anotaciones del chofer Oscar Centeno , promovida por LA NACION. Ni la aparición nocturna de José López, revoleando 9 millones de dólares tras los muros de un convento, ni la denuncia seguida de muerte del fiscal Alberto Nisman tuvieron la capacidad de hundirla en las encuestas hasta perforar el 20% de intención de voto.

En el contexto que ofrece la histórica disputa de poder que se está librando en el país, este es el significado principal del proceso judicial que se inauguró con los cuadernos de Centeno. La señora de Kirchner es consciente de esta relevancia. Sabe que si la fase más intensa de su proselitismo coincide con un juicio oral escandaloso su carrera tendrá un límite difícil de quebrar.

Para lidiar con esta mortificación, en las últimas semanas disfruta de una novedad. El juez de Dolores Alejo Ramos Padilla abrió una pesquisa penal que aspira a ser una contracausa respecto de la que llevan adelante Claudio Bonadio y los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo .

La investigación que inició Ramos Padilla está basada en los testimonios del pícaro chacarero Pedro Etchebest, quien acusó al autodenominado agente de la DEA Marcelo D'Alessio de querer cobrarle 300.000 dólares a cambio de que el fiscal Stornelli no tomara en cuenta que el arrepentido Juan Manuel Campillo lo había enchastrado en su declaración. Para sostener su imputación, Etchebest grabó durante horas al logorreico D'Alessio. También le tomó fotos furtivas y registró supuestos intercambios de WhatsApp entre D'Alessio y Stornelli. Una rareza: antes de tomarse ese trabajo, a Etchebest no se le ocurrió saber si era verdad que Campillo lo había señalado. Porque al chacarero, que para D'Alessio es otro agente de inteligencia, lo estaban corriendo con la vaina. Otra rareza: Etchebest tiene como defensora a Natalia Salvo, que es laboralista. Salvo secundó a Ricardo Nissen en la lista de abogados kirchneristas para el Consejo de la Magistratura. Hacía campaña desde El Cohete a la Luna, la publicación digital de Horacio Verbitsky que reveló la acusación contra D'Alessio y Stornelli. Asoman los piolines.

Ramos Padilla procesó a D'Alessio por extorsión. Pero desligó a Stornelli del delito. En un párrafo en el que oscila entre el sentido común y la ironía, sostiene que un fiscal con esa trayectoria no podría servirse, para ejecutar un chantaje, de alguien a quien conoció como presunto agente de la DEA. Pero sí solicita que Stornelli sea investigado por el procurador general por otras irregularidades. Por ejemplo, el intento de realizar una cámara oculta a un abogado defensor de la causa de los cuadernos. El procurador, Eduardo Casal, inició ayer ese sumario.

Stornelli rechazó estas acusaciones, denunció a D'Alessio ante el juez Julián Ercolini por defraudación y reclamó que la causa se tramite en Comodoro Py. Ahora, Ramos Padilla y Ercolini disputan por la jurisdicción sobre el caso. Con una ventaja para Stornelli: el fiscal de Dolores, Juan Pablo Curi, sostiene que el juez debe ser Ercolini. Los kirchneristas ya le encontraron afinidades con ese magistrado y con Ariel Lijo por la proximidad a la controvertida Asociación de Jueces Federales. El conflicto terminará en Casación. Mientras tanto, Stornelli fue llamado a indagatoria en Dolores. Es la foto que buscaba la expresidenta: su fiscal en el banquillo.

En el auto de procesamiento, Ramos Padilla presenta a D'Alessio como extorsionador. Pero, lo que es mucho más importante, lo describe como un agente de inteligencia. Para ello se basa en 47 bolsas de pruebas recogidas en los allanamientos. Y, sobre todo, en el testimonio del propio D'Alessio, quien declaró que se aproximó a Etchebest a pedido de dos agentes de la AFI, excomisarios de la policía bonaerense: Ricardo Bogoliuk y Norberto Degastaldi. Ramos Padilla citó a ambos a indagatoria. Pero ellos se negaron a declarar. Se les imputó formar con D'Alessio una asociación ilícita dedicada al espionaje para extorsionar a personas involucradas judicialmente. El abogado de Bogoliuk, Ángel Moyano, proviene de los sótanos del fútbol. En 2014 fue designado por Macri, entonces jefe de gobierno, director del Mercado Central. También se notan los piolines.

Ramos Padilla, que supo ser abogado defensor de Héctor Timerman, sostiene que D'Alessio es un engranaje de una temible maquinaria de coacción destinada a manipular las acusaciones penales. El juez parece estar retratando el régimen montado por Néstor Kirchner con el auxilio de Francisco Larcher, Antonio Stiuso y el gestor judicial Javier Fernández.

Pero Ramos Padilla no intenta hacer historia. Pretende describir la actualidad. Y presta un servicio invalorable a Cristina Kirchner y su feligresía. Ellos ya cuentan con su propio arrepentido: D'Alessio, quien admite trabajar para el Gobierno. A tal punto que los abogados kirchneristas andan detrás de una foto suya con Patricia Bullrich. Además, este personaje disparatado, y los supuestos agentes inorgánicos de la AFI, Bogoliuk y Degastaldi, encarnan la corroboración gozosa de una presunción principal del kirchnerismo. La investigación de la corrupción sería, en realidad, una gigantesca patraña de los servicios de inteligencia. Cristina Kirchner coronó esa pintura con un detalle indispensable. Como D'Alessio se presentaba como agente de la DEA, el titiritero de la maniobra es la embajada de los Estados Unidos. En otras palabras: el imperio, que se ensaña con los líderes que defienden los intereses populares. Sobre esa hipótesis, pidió que la causa que se disputan Ercolini y Ramos Padilla sea tramitada por la Corte, que es la que tiene jurisdicción cuando una de las partes es un Estado soberano.

El kirchnerismo encontró en Dolores una bandera con la que ingresar a la campaña electoral. A la luz de las innumerables pruebas de corrupción que pesan en su contra, muchas aportadas por los propios corruptos, el argumento de un complot suena ridículo. Pero eso importa poco, porque el objetivo es convencer a quienes ya están convencidos. Y justificar, en el caso de regresar al poder, un indulto generalizado. ¿Resulta inconcebible? Eduardo Duhalde ya lo propuso, aunque reservado a los grandes empresarios. Fidelidad a una tradición: en 1983, el peronismo propuso absolver los crímenes de aberrantes de la dictadura militar, y en 1989, Carlos Menem firmó los indultos.

La otra circunstancia que fortalece el argumento de campaña de la expresidenta es el uso ilegal de escuchas telefónicas. Para demostrar que las acusaciones de Etchebest contra D'Alessio y Stornelli habían sido maquinadas por presos kirchneristas, Elisa Carrió divulgó conversaciones del exviceministro de Planificación Roberto Baratta, y del exsecretario de Transportes Juan Pablo Schiavi, realizadas desde el Módulo 6 de la cárcel de Ezeiza. En esas charlas con los exfuncionarios Carlos Zelcovickz y Eduardo Valdés, Baratta y Schiavi se refieren a las investigaciones de Ramos Padilla. Las dirigentes Paula Olivetto y Mariana Zuvic utilizaron esas charlas para denunciar ante el fiscal Gerardo Pollicita la presunta conspiración. Baratta y Schiavi alegan que sus comunicaciones fueron posteriores a la denuncia de Etchebest. Lo que no termina de anular la posibilidad de que todo el emprendimiento se esté financiando con la recaudación contabilizada por Centeno.

El episodio es relevante por otros motivos. Llama la atención que Carrió, implacable como nadie para reprobar la utilización clandestina de escuchas judiciales, haya echado mano de ese método. Pero todavía más notorio es que el Gobierno le regale al kirchnerismo ese argumento. El teléfono del pabellón de Ezeiza está intervenido por la AFI a pedido del juez de Lomas de Zamora Federico Villena para investigar al traficante de efedrina Mario Segovia. Villena aclaró que él solo recibió esas escuchas. El resto debería haber sido destruido. Pero no lo fue. El kirchnerismo acusa a la AFI de escuchar de manera ilegal las conversaciones de De Vido, Cristóbal López, Amado Boudou, Gerardo Ferreyra, Baratta, Schiavi y los demás encausados para ejercer una persecución política. Cerca de la expresidenta atribuyen a Villena, que llegó a juez federal apañado por La Cámpora, una amigable relación con Silvia Majdalani, la segunda de la AFI.

Majdalani tiene antecedentes que la vuelven sospechosa. El más notorio fue la designación del fiscal Eduardo Miragaya como puente entre la AFI y los tribunales. Miragaya fue expulsado por el jefe de la AFI, Gustavo Arribas, cuando se descubrió que había participado en una operación con testigos falsos, contra el juez Sebastián Casanello. Miragaya no fue el único funcionario judicial reclutado por Majdalani. El juez Alberto Santa Marina abandonó un juzgado con competencia sobre Ezeiza, al que ahora aspira a ir Villena, y fue designado, a instancias de la subjefa de los espías, como "consejero" en la embajada en España.

A raíz del escándalo de las escuchas a los presos, los kirchneristas lograron lo que se creía imposible: que el senador radical Juan Carlos Marino saque de su letargo a la comisión de control de los organismos de inteligencia para investigar lo ocurrido. Marino debe hacerlo con placer: hace pocas semanas, en el contexto de una feroz interna de Cambiemos en La Pampa, fue acusado con pobrísimas evidencias de un episodio de acoso sexual. Otros radicales, que pertenecen a Cambiemos, imaginan un ajuste de cuentas con Carrió. Sonríe Ricardo Lorenzetti. El vicepresidente de esa comisión es Leopoldo Moreau, un alfonsinista de izquierda, como la familia Ramos Padilla. En la arena judicial se libran todas las batallas.

Son minucias. Lo relevante es que vuelve a demostrarse que Mauricio Macri decidió una lamentable continuidad con el kirchnerismo en el área donde más se exigía una ruptura: la contaminación de la Justicia con la ciénaga del espionaje. Esa continuidad es casi física. Majdalani es, acaso, la mejor amiga de Larcher. Fue designada no a pesar, sino en razón de esa familiaridad. Aun cuando Macri diga "me la puso Nicky", refiriéndose a Nicolás Caputo. Y Arribas alegue: "Cuando yo llegué ella ya estaba designada". No hubo en la historia nacional una causa con una dimensión institucional como la de los cuadernos. Estas razones exigirían una prolijidad irreprochable, es decir, una ruptura con el orden anterior. Porque en el campo judicial el gradualismo significa impunidad.

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