La Justicia sospecha de una persecución política

Nadie sabe (tal vez ni él mismo) si Mauricio Macri será candidato a presidente el próximo año. Solo se conoce que ha dicho entre íntimos que nunca hará nada para entorpecer el regreso al poder de Juntos por el Cambio, aunque –y esto también es cierto– decidió en los últimos tiempos ser más directo y enfático en sus posiciones sobre cómo debería ser otra experiencia cambiemita en el Gobierno. Las rotundas posiciones actuales de Macri forman parte ahora de la intensa lucha interna dentro de la coalición opositora. Sin embargo, hay algo seguro sobre el expresidente: es el principal adversario elegido por el actual gobierno. Alberto Fernández avisó públicamente de esa constatación política en su reciente gira europea cuando lanzó una frase con palabras equivocadas: “Mi enemigo es Macri”, aseguró. Cristina Kirchner solo alude a Macri en público, pero su extensa maquinaria judicial (y también mediática) no cesan de perseguir al expresidente en los tribunales o en la información pública. Basta ver la extensa cadena de juicios iniciados por los actuales jefes de los servicios de inteligencia contra Macri o la (mala) presencia permanente de él en los medios que responden a Cristina Kirchner.

No obstante, el caso en el que más entusiasmo puso el Gobierno es el del Correo Argentino, que fue propiedad de la familia Macri. El procurador del Tesoro (jefe de los abogados del Estado), Carlos Zannini, y el director de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, se dedican a tiempo completo a buscar la quiebra no solo del Correo, sino también de Socma, que fue la casa matriz de todas las empresas de la familia Macri. No faltó tampoco una pertinaz gestión de la fiscal general de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, una funcionaria judicial muy allegada a la exprocuradora general Alejandra Gils Carbó, que fue jubilada en tiempos del gobierno de Macri. Boquín cultiva ideas políticas que la acercan objetivamente al kirchnerismo y la alejan al mismo tiempo de Macri. Boquín y Nissen trabajaron juntos cuando este último ocupó el mismo cargo que tiene ahora en tiempos de Néstor Kirchner.

La primera precisión que debe hacerse es que las acciones del Correo que correspondían a Mauricio Macri fueron en su momento donadas por este a sus hijos. Es decir, que los que están en la mira de la Justicia son los hijos de Macri, no el expresidente. Tiempo después, los hijos de Macri le donaron esas acciones al hermano del exmandatario, Gianfranco. Lo que se juzga entonces, cuando se quiere aplicar la venganza, es un espacio de tiempo corto en el que los hijos de Mauricio Macri fueron accionistas del Correo, aunque ni siquiera tuvieron cargos en el directorio de la empresa. Fuentes cristinistas dijeron cuando todo empezó que los hijos de Macri debían pagar las deudas políticas de su padre como los hijos de los Kirchner, Máximo y Florencia, están pagando los pasivos también políticos de sus padres. La situación es diferente: Máximo Kirchner fue un activo administrador de los bienes de la familia Kirchner. Es cierto que Florencia Kirchner no tuvo nunca participación en los negocios familiares, pero sus padres la colocaron en los directorios de las empresas (o de algunas empresas investigadas por la Justicia). Esos mismos cargos en los directorios los tuvo también Máximo Kirchner. Más allá de la diferencia en las cuestiones de fondo, que son muchas y profundas, es verdad que la situación de los hijos de las dos familias políticas más importantes del país no es la misma, se la mire por donde se la mire.

La segunda comprobación es que el caso del Correo comenzó cuando Mauricio Macri ni siquiera había dado los primeros pasos en política. Su padre, Franco Macri, presentó a la empresa en concurso de acreedores en 2001 y argumentó la decisión señalando los “incumplimientos del Estado” desde que le habían dado la concesión de la principal empresa postal. En rigor, aspirar a esa concesión fue un error político del patriarca de los Macri, sobre todo porque sucedió en momentos en que el negocio postal venía del escándalo del caso Yabrán, que había aspirado también a quedarse con el Correo. En 2003, cuando Mauricio Macri comenzaba a desplegar sus alas políticas, Néstor Kirchner confiscó todos los activos del Correo, en ese momento una empresa privada, y los afectó a otra sociedad estatal. “Mauricio es Macri”, fue la frase que Néstor Kirchner usó para empezar la batalla política contra Mauricio Macri. El caso fue curioso (para llamarlo de alguna manera), porque Kirchner le sacó todos los activos a la empresa, pero le dejó los pasivos; es decir, las deudas. El propio Estado reconocería más tarde que los activos expropiados tenían un valor de 330 millones de dólares, según concluyó el Tribunal de Tasación en el año 2009, cuando gobernaba Cristina Kirchner. Hasta ahora, la empresa estatal Corasa, que tomó los activos del Correo, no pagó nada por la utilización de los bienes expropiados a la familia Macri. Todavía el traslado de los resultados electorales en días de elecciones se siguen haciendo con la tecnología confiscada al Correo de los Macri. Directivos de Socma aseguraron que solo “con el alquiler razonable de esos bienes la empresa hubiera pagado varias veces toda su deuda concursal”.

El Estado tiene verificada, al mismo tiempo, una deuda por cánones no pagados en tiempos de Franco Macri, pero se negó a compensar créditos y débitos (es decir, lo que debían los Macri y lo que les debían a los Macri). El último rechazo fue el más inexplicable de todos porque la empresa ofreció pagar el ciento por ciento de la deuda, con todos sus intereses incluidos, en los 30 días siguientes después de que la Justicia determinara el valor actualizado de la deuda. El rechazo perjudicó a los otros 700 acreedores privados del Correo Argentino que aceptaron la propuesta de manera unánime y sin impugnaciones, aunque el pago a ellos sería en cuotas, no en un solo acto como le ofrecieron al Estado. ¿Se necesitan, acaso, más pruebas de persecución política? Zannini llegó a pedir la quiebra ya no solo del Correo, sino también de Socma. La persecución se aplica no solo a la persona de Mauricio Macri, sino a sus hijos y a la empresa familiar. El caso exactamente contrario es el de Cristóbal López y Fabián de Sousa, a quienes le dieron un plan de cien cuotas para pagar sus deudas (por quedarse con dinero del Estado que cobraban como agentes de retención cuando vendían naftas) y le levantaron la quiebra de sus empresas. Amigos son los amigos.

Tanto tiempo perdido en una causa vana terminó cuando la Justicia tomó en días recientes tres decisiones que tiraron por la ventana todos los esfuerzos revanchistas de Zannini y sus seguidores. Primero la Cámara Comercial decidió no resolver nada, sobre el pedido de Zannini para que se declare la quiebra del Correo y de Socma, hasta que la Corte Suprema de Justicia no decida la jurisdicción en la que deberá ser tratado ese expediente. El máximo tribunal de justicia del país debe resolver si el caso seguirá tratándose en los tribunales nacionales o en los de la Capital Federal, que es lo que pidieron los abogados de la familia Macri. La decisión unánime de la Cámara postergó cualquier resolución hasta que la Corte no fije una posición definitiva sobre la jurisdicción. La misma Cámara rechazó un pedido “in extremis” de Zannini para que esta decidiera la quiebra y se concretara finalmente.

Con todo, la decisión más relevante de la Justicia la tomó la Cámara de Casación Penal con la firma de los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Borinsky y Eduardo Riggi. Ese tribunal decidió revocar las resoluciones del juez Sebastián Casanello y de la Cámara Federal que habían archivado una denuncia por abuso de poder contra Zannini, Boquín y Nissen en el manejo de la causa del Correo. Casación ordenó que se continuara con la investigación porque “faltan medidas de pruebas que podrían arrojar elementos conducentes a la investigación”. La persecución por razones políticas ya no es un deducción política o periodística, entonces, sino una suposición que la propia Justicia se hace, aunque no está aún en condiciones de determinar que realmente existió. Pero sí está en condiciones de ordenar, según los elementos que existen en la causa, que se investigue si esa persecución está sucediendo.

En tiempos recientes, no faltaron algunos exponentes empresarios que propusieron en reuniones privadas una “amplia amnistía” para beneficiar tanto a Macri como a Cristina Kirchner. La idea es a todas luces una torpeza política e intelectual, porque una amnistía debe pasar por el Congreso y nunca habrá votos suficientes para aprobar semejante decisión. Pero subraya la existencia de otra idea generada por el cristinismo: todos son iguales y la pacificación nacional necesita que los líderes se saquen la Justicia de encima. Ni la impunidad ni la venganza ni la persecución son procedimientos propios de demócratas. Son, por el contrario, los métodos que eligen los autoritarios, vengan de donde vengan y tengan las ideas que tengan.

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