La Justicia rechazó que la AFIP acuerde con un alfil de Ricardo Echegaray para no ir a juicio oral
Horacio Curien está acusado de estafa; el Tribunal Oral Federal 1 se negó a sobreseerlo, con la disidencia de Adrián Grünberg, el mismo juez que había votado por beneficiar a Cristina Kirchner en el caso Hotesur-Los Sauces
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LA NACIONHugo Alconada Mon
Horacio Curien, uno de los alfiles más cercanos a Ricardo Echegaray dentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) deberá afrontar un juicio oral, acusado de estafar al Estado Nacional. ¿Por qué? Porque usó para irse de vacaciones a Miami los viáticos y pasajes por medio millón de pesos de las arcas públicas que debía utilizar para viajar a un congreso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La decisión de avanzar hacia el juicio oral la adoptó ayer el Tribunal Oral Federal N° 1, con los votos de Ricardo Basílico y José Antonio Michilini, en tanto que Adrián Grünberg –que como subrogante en el Tribunal N° 5 sobreseyó el viernes pasado a Cristina Fernández de Kirchner en la “causa Hotesur”- consideró que debería aceptarse el acuerdo que Curien alcanzó con las actuales autoridades de la AFIP y sobreseerlo.
Basílico y Michilini rechazaron el acuerdo que Curien había cerrado con la AFIP con el propósito de evitar el juicio. El alfil de Echegaray en ese organismo -y luego en la Auditoría General de la Nación (AGN)- podrá ahora apelar una vez más ante la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal del país, invocando que se aplicaron en su contra dos limitantes inválidas. La primera, que era funcionario al desviar los fondos –limitante que no está vigente-; la segunda, que el fiscal Miguel Ángel Osorio rechazó al acuerdo que alcanzó con la AFIP -y por el cual ofreció devolver el dinero desviado-. Para la defensa, ese rechazo no debe impedir la extinción de la acción penal.
A cargo del primer voto del tribunal, Grünberg compartió los planteos de la defensa: “Considero que ni el consentimiento del Fiscal ni la calidad de funcionario público del imputado –circunstancias mencionadas por el [fiscal] Osorio- son elementos que deban analizarse, puesto que las normas aludidas no lo exigen”.
De este modo, Grünberg consideró válido el acuerdo que Curien firmó con el actual subdirector general de Administracióń Financiera de la AFIP, Juan Arturo Siegenthaler, por el cual se comprometió a devolver $493.748,30 y la AFIP, a retirar su reclamo, provocando de ese modo la extinción de la acción penal y el sobreseimiento del alfil de Echegaray.
“Considerando que el acuerdo conciliatorio [entre Curien y la AFIP] se ajusta a los preceptos legales vigentes y aplicables al caso, voto por su homologación”, concluyó Grünberg, “y, en consecuencia, luego de transferida la suma dineraria referida en el primer párrafo, [voto] por que se declare la extinción de la acción penal seguida en la presente causa a Curien y se disponga el correspondiente sobreseimiento”.
Sin embargo, sus colegas de tribunal, Basílico y Michilini, lo dejaron en minoría. Remarcaron que no resulta un dato menor que Curien haya ocupado uno de los cargos más altos dentro de la AFIP, incluso con responsabilidades internacionales ante la OCDE, a la luz de los acuerdos y tratados contra la corrupción a los que adhirió la Argentina.
“Es menester destacar los diversos compromisos internacionales asumidos por nuestro país ante la comunidad internacional –Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción-”, destacó el voto de la mayoría, que sostuvo que esos acuerdos “tienen como propósito promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir de manera eficaz y eficientemente la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio”.
El Estado como víctima
Basílico y Michilini coincidieron también en que el desvío de fondos públicos a finales de 2015 no tuvo como “víctima” a la AFIP, como planteó Curien, sino a la administración pública en general, debiéndose entonces proteger un bien jurídico “difuso”. Por tanto, abundaron, no alcanza con que el organismo tributario acepte la propuesta de reparación de Curien, porque el Ministerio Público Fiscal es el que debe definir los pasos a seguir, siendo que el fiscal Osorio rechazó la posibilidad de un acuerdo y sobreseimiento.
Ahora, mientras Curien recurre a la Casación para evitar que comience el juicio oral, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, lo asignó a la Dirección Regional Mar del Plata, ciudad donde conoció a Echegaray cuando estudiaban en la universidad.
Para Curien, de todos modos, el desvío de viáticos no es su primera turbulencia pública. Fue señalado como uno de los sabuesos que viajaron en 2009 a Río Gallegos para reunirse con el entonces contador de los Kirchner, Víctor Manzanares. Juntos evaluaron cómo resolver las “inconsistencias conceptuales” en las declaraciones juradas impositivas de los Kirchner en plena investigación penal por su presunto enriquecimiento ilícito.
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