La Justicia rechazó el pedido de Capital Humano para llevar ante la Corte el fallo que obliga a repartir los alimentos

La Cámara de Casación rechazó el recurso que interpuso el Ministerio de Capital Humano para llevar ante la Corte Suprema el fallo que obliga a distribuir los alimentos almacenados en los depósitos de la cartera. El movimiento contó con el impulso del procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, jefe de todos los abogados del Estado.

Para la sala II del tribunal, integrada por Guillermo Jorge Yacobucci, Ángela Ledesma y Alejandro Walter Slokar, la cartera que encabeza Sandra Pettovello no demostró la cuestión federal detrás del conflicto y, en juego con la fiscalía, declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado ante la Cámara de Casación. Capital Humano, sin embargo, todavía puede acudir en queja a la Corte Suprema.

Con Barra como espada jurídica, el ministerio presentó el recurso luego de que la Cámara de Apelaciones confirmara el fallo del juez federal Sebastián Casanello por el cual se ordenaba una ejecución “inmediata” de un plan de distribución. Fue luego de que se conociera, a mediados de mayo, que los depósitos de la cartera almacenaban más 5 mil toneladas de alimentos. Casación ya se había pronunciado en esta puja cuando rechazó la apelación que hizo el ministerio a la resolución del juez Casanello.

Para Capital Humano, esa resolución, que obliga a repartir los alimentos sin dictaminar el modo en que debe hacerse, es una clara intervención de la Justicia en el terreno de las políticas públicas del Gobierno, que apunta a reservar la mercadería para situaciones de “emergencia”. El ministerio hizo pública esta política cuando estalló el caso de los alimentos almacenados que derivó en una ampliación de la denuncia que el dirigente Juan Grabois inició en febrero contra la ministra Pettovello por incumplimiento en los deberes de funcionario.

En el escrito presentado ante Casación, Barra sostuvo que hay una “palmaria” cuestión federal al verse afectada la división de poderes en “desmedro de la población argentina”, y remarcó la política del ministerio de reservar los alimentos para casos de urgencia. “A juicio de esta parte -afirma Barra en su escrito- es evidente la cuestión federal: el ejercicio de competencia propia, que históricamente se realizaba en el ámbito exclusivo del ministerio, se ve alterada actualmente por la intromisión del Poder Judicial”, indicó.

Antes, la Cámara Federal había avalado la decisión del juez Casanello. En la antesala de aquel fallo se dio la audiencia en la que Grabois se cruzó en duros términos con la subsecretaria de legales, Leila Gianni y el letrado patrocinante del ministerio, Ariel Romano.

En su voto, el juez Farah señaló: “Cabe a esta altura preguntarse ante cuántas instancias ‘judiciales’ está dispuesto el ministerio a llegar para comprender que es atribución de este Poder del Estado el control de los actos de gobierno cuando las decisiones (u omisiones) afectan derechos de las personas y existen medios disponibles para satisfacer esos derechos”.

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