La Justicia procesó a otro exfuncionario de Vialidad Nacional por corrupción y lavado de inmuebles, autos y hasta una moto de colección

Otro funcionario de Vialidad Nacional quedó contra las cuerdas judiciales. El juez federal Sebastián Casanello procesó al otrora subgerente de Estudios y Proyectos de ese organismo descentralizado durante el kirchnerismo, Ricardo Garione. Encontró evidencias de presunto lavado de activos derivados de la corrupción, con la colaboración de familiares, allegados y empresarios a los que, en teoría, debía controlar.

Casanello consideró probado que Garione compró terrenos, casas, departamentos, lotes, autos y al menos una moto de colección, entre otros activos, en su afán por reintroducir al circuito legal –“blanquear”- al menos parte de las ganancias delictivas que acumuló, por lo que le impuso un embargo por $23.000 millones para su eventual decomiso, según consta en la copia de la resolución que obtuvo LA NACION.

Garione se sumó así a la lista de funcionarios y empleados de Vialidad Nacional que fueron condenados o procesados por la Justicia durante los últimos años. Entre ellos, Nelson Periotti, Sandro Férgola, Sergio Passacantando y Gustavo Gentili, quien luego lideró el Órgano Contralor de las Concesiones Viales (Occovi) durante la gestión kirchnerista.

La situación judicial de esos y otros muchos alfiles de Vialidad deja en evidencia prácticas corruptas que serían recurrentes en ese organismo, como así también la ausencia de controles internos o externos que sean consistentes y eficaces para prevenir esas prácticas, según estimó el juez Casanello, que así se lo transmitió a la Oficina Anticorrupción (OA).

En el caso de Garione, la investigación comenzó en 2017, tras una denuncia del titular de Vialidad durante el macrismo, Javier Iguacel. A partir de ese momento, Casanello avanzó en la investigación por dos sendas. La primera se centró en los actos de corrupción que Garione habría protagonizado, senda que concluyó con procesamientos confirmados por la Cámara Federal y el envío de ese tramo al Tribunal Federal N° 4, para que inicie un juicio oral. La segunda, centrada en el blanqueo de esas supuestas ganancias criminales, arribó ahora a los procesamientos del otrora funcionario, su familia y varios allegados.

En ese sentido, y basado en la labor de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que lidera Sergio Rodríguez, el juez Casanello consideró demostrado que Garione acumuló un patrimonio “exorbitante” a su nombre o a través de testaferros que no puede justificar con sus ingresos y que, además, le ocultó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de manera sistemática, tanto él, como sus hijos y presuntos testaferros.

Ese patrimonio incluye departamentos en la ciudad de Buenos Aires; lotes, casas, campos, más departamentos o incluso edificios en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz y Buenos Aires; una reserva natural y chacras en la provincia de Formosa; autos o camionetas Renault, Chrysler, Peugeot, Citröen, Ford y Volkswagen; una moto Harley Davidson; participaciones accionarias en tres sociedades; y depósitos bancarios y dólares en efectivo.

Al defenderse, Garione afirmó que los investigadores habían desarrollado un análisis “caprichoso” de su patrimonio, que según él puede justificar. Lo basó en sus ingresos como funcionario público, sus trabajos en el sector privado –que no especificó-, la herencia de sus padres, una donación de su hermana, compras y ventas de propiedades en términos beneficiosos y la labor de su entonces esposa, Silvana Andrea Calderón, que aportó sus propias explicaciones en los tribunales de Comodoro Py.

Según Calderón, ella trabajó como modelo y promotora de marcas y del grupo humorístico “Midachi”, fue “acompañante” del basquetbolista Earvin “Magic” Johnson durante su brevísimo paso por la Argentina y gerenta de un par de bancos. También detalló que recibió “donaciones económicas” de un “gran empresario chileno” -cuyo nombre se reservó- del que indicó que fue amante mientras estaba en pareja con Garione, al que a su vez definió como un “ingeniero exitoso” y “heredero” de una fortuna, aunque sostuvo que ahora no tendría obra social, ni dinero para sostener a su nueva familia.

“Relación simultánea y promiscua”

Tanto para la PIA como para el juez Casanello, sin embargo, las explicaciones de Garione, Calderón y otros acusados resultaron insuficientes para desvirtuar las pruebas recolectadas durante la etapa de instrucción. Las evidencias reflejan, por ejemplo, cómo Garione mantuvo negociaciones incompatibles con su cargo en Vialidad para beneficiar a empresarios como Tomás Alberto Prato, con los que tenía “una relación simultánea y promiscua”, según se plasmó en la resolución de procesamiento.

Otro eslabón clave fue Diego Omar Gerlo, por entonces integrante del directorio de Rovella Carranza, constructora que obtuvo cuatro de las cinco licitaciones de obras públicas en las que Garione se involucró de manera “continua y deliberada”, según la Justicia, para beneficiar a quienes figuraban como sus socios en la esfera privada, apartándose de sus deberes como funcionario público y ocultando esas incompatibilidades.

Consultados por LA NACION, voceros de Rovella Carranza despegaron a la constructora de la actual –y eventuales delitos- cometidos por Garione y Gerlo, quien también se presentó ante la Justicia como “sólo un empleado de la firma” que, aunque se desempeñó como integrante de su directorio, remarcó que se encontraba “en relación de dependencia”, argumento que la Justicia también desestimó.

Ante semejante cuadro probatorio, Casanello procesó a Garione como “figura central del acontecer delictivo”, y como partícipes necesarios a su exesposa, Silvana Calderón, sus hijos Manuel y Carola Garione, al igual que a Tomás Prato, Diego Gerlo, Cecilia Graciela Ortiz y Marcelo Fedrizzi, con embargos para todos ellos que fijó entre los $470 millones y los $23.000 millones cada uno.

Garione y todos los demás procesados también quedaron con sus libertades ambulatorias limitadas. Casanello dispuso que la prohibición de salir del país para todos ellos hasta que, como mínimo, la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones –conformada por Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi- aborde sus apelaciones y revise sus situaciones procesales.

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