La Justicia pidió informes “urgentes” a Capital Humano por los contratos de personal vía organismos internacionales
Lo decidió el fiscal Ramiro González, que investiga la denuncia por los contratos mediante la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI); citó a declarar al representante del organismo y requirió lo pagado
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LA NACIONHernán Cappiello
La Justicia citó a prestar declaración al responsable legal en la Argentina de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y requirió al Ministerio de Capital Humano, de manera urgente, que le informe el monto total de lo pagado por el organismo internacional y la lista total de personas contratadas mediante este mecanismo desde el 10 de diciembre de 2023.
La medida la tomó el fiscal federal Ramiro González al impulsar la investigación en la denuncia que realizó el propio Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. González, además, citó a declarar al representante legal de la OEI en la causa en que se invetsiga a Pablo de la Torre, el exfuncionario a cargo de la Secretaría de Familia y Niñez que fue desplazado del área a raíz de la polémica por este tipo de contrataciones y por los alimentos retenidos en dos depósitos.
El objetivo de esta causa es investigar las distintas contrataciones realizadas a través de la Organización de Estados Iberoamericanos con el Ministerio de Capital Humano y sus secretarias para ver si hay delito en esos contratos y determinar la identidad de cada uno de los que participaron en la maniobra.
Esta causa está radicada en el juzgado de Ariel Lijo, uno de los dos candidatos del presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia.
En su dictamen, el fiscal González requirió “con carácter de urgente” que el Ministerio de Capital Humano le envíe copia certificada del con la Organización de Estados Iberoamericanos y todas las actas complementarias firmadas por la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación.
Además, pidió las solicitudes de contrataciones efectuadas; los datos personales de los consultores contratados, cuánto cobraron, qué hicieron y las certificaciones de servicio que le permitieron a los consultores cobrar sus honorarios. El fiscal quiere además que le manden la totalidad de empleados y funcionarios que prestaron servicios desde el 10 de diciembre de 2023 a la fecha.
La fiscalía citó a declarar al subsecretario de Gestión Administrativa de la Secretaría de Niñez, Alejandro Schiavi, el 13 de junio, a las 10. A su vez, el fiscal Gonzalez quiere el monto total de las erogaciones que realizó la Organización de Estados Iberoamericanos como consecuencia del convenio con el ministerio y citó a declarar al representante legal de la OEI.
Este expediente tramita en forma paralela al que lleva el juez Sebastián Casanello por los alimentos almacenados en depósitos de Capital Humano, donde se detectaron faltantes, inconsistencias y productos a punto de vencer que fueron repartidos por el Ejercito.
Hay un tercer expediente judicial en el que son investigados dirigentes piqueteros del Polo Obrero por extorsionar a beneficiarios de planes sociales y desviar dinero de Capital Humano, que debía aplicarse a proyectos productivos y cooperativas para el financiamiento de la organización.
En su dictamen, el fiscal González recapituló que la denuncia en este caso la hizo el propio ministerio, que relató que el 24 de enero de 2024 el exsecretario de Coordinación de Capital Humano, la Jefa de Gabinete de la SENNAF y el exsubsecretario de Administración de SENNAF se reunieron y conversaron sobre la contratación de funcionarios y de personal, cuyo nombramiento se encontraba demorado.
Los denunciantes explicaron que en ese contexto, Federico Emanuel Antonio Fernández, director de Administración de la Secretaría de Niñez, sugirió realizar las contrataciones a través de la Organización de Estados Iberoamericanos. Pero el problema era que algunos empleados que se encontraban trabajando a la espera de su nombramiento, no podían facturar por cuestiones impositivas.
Además, el tope de los sueldos en estas contrataciones era de $1.300.000, mientras que los directores cobraban un sueldo aproximado de $2.500.000. Entonces se planteó hacer contratos por 3 meses.
Fernández dijo que a partir de ahí comenzaron a llegarle curriculums de distintas personas para contratar, los cuales reenviaba a la Dirección General de Proyectos Especiales para que allí se estableciera el rango salarial. A principios de marzo comenzaron a cobrar los primeros contratos suscriptos con la Organización de Estados Iberoamericanos, celebrados en enero.
La primer semana de abril, siempre y cuando hubieran presentado la documentación correspondiente, cobraron la totalidad del contrato y actualmente no hay contratos vigentes.
Por último, Fernández explicó que los consultores cobraban a través de transferencias bancarias, previa certificación de servicios de los funcionarios de la Secretaría de Niñez. Luego extraían el dinero de sus cuentas, lo cambiaban a dólares y se lo entregaban a los funcionarios quienes lo distribuían a trabajadores que no formaban parte de la nómina vigente y a otros a funcionarios con bajas retribuciones.
“Los remanentes de dinero en dólares eran entregados a Pablo De la Torre para saldar los sueldos del personal que nunca fue nombrado”, dice la denuncia del Gobierno.
Otros organismos con contratados vía OEI
También la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, y la de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, tienen a empleados contratados vía OEI, porque hay programas del organismo internacional relacionados con la implementación de políticas educativas y laborales. Sin embargo, hay otros colaboradores directos de Pettovello que percibieron sus primeros sueldos con esa modalidad hasta que fueron oficialmente designados vía Boletín Oficial y a partir de allí cobraron sus haberes directamente del Estado.
Fuentes muy al tanto de los convenios que firma la OEI señalaron que también existiría este tipo de contratos en la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), que depende de Salud, y en otros ministerios, como Interior (ahora devenido en secretaría) donde hay algunos empleados bajo ese convenio.
El mecanismo que se emplea con la OEI no es nuevo y se extendió fuertemente con los decretos del gobierno anterior que prohibieron ampliar la planta del Estado. En Educación, por ejemplo, un empleado raso que está bajo esta modalidad calculó que en diciembre “había cerca de 500 contratos de este tipo”, pero que en febrero — antes de que se desatara el vendaval sobre la Secretaría de Niñez — “muchos de ellos ya se habían dado de baja”, en el marco de la reducción generalizada de la gestión libertaria.
En el caso de Trabajo, Cordero heredó un convenio firmado en 2020. En diciembre estaban contratados 175 consultores a través de OEI con un gasto mensual de 90 millones de pesos. Actualmente siguen contratados 53 agentes, con un gasto mensual de 41 millones de pesos.
La propia Pettovello estuvo reunida con autoridades de la OEI a principios de mayo y firmó convenios con el organismo. Para la contratación de personal, estos convenios habrían alcanzado los 1000 millones de pesos, mientras que para hacer licitaciones para la compra de alimentos se firmaron dos convenios en marzo, que suman $6.700 millones.
Por Hernán Cappiello
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