La Justicia autorizó la entrega de la carga del avión venezolano-iraní retenido en Ezeiza

La causa por el avión de Emtrasur, tripulado por 14 venezolanos y cinco iraníes, y retenido en Ezeiza desde hace casi dos meses, arrojó este lunes una novedad, luego de que el juez federal de Lomas de Zamora autorizó la entrega de la carga de autopartes que la aeronave transportó al país desde México. La misma autorización se extendió sobre otro cargamento llegado desde Miami en otro avión, a cuenta de la misma autopartista.

Según pudo confirmar LA NACION de fuentes judiciales, Villena dio vistas a las partes del expediente sobre el pedido para levantar la prohibición de salir del país que pesa sobre los tripulantes. El plazo para que la fiscalía y la DAIA respondan vence este martes, pero puede ser prorrogado. El pedido para permitir la salida de la aeronave está atado a una serie de medidas de prueba.

El miércoles pasado, la República de Irán comunicó que le había pedido al gobierno argentino, a través de la Cancillería, que permita la salida del país del avión y sus tripulantes. Ese mismo día ingresó en la causa un planteo similar del abogado de los tripulantes venezolanos, Hernán Carluccio.

La Justicia argentina ya determinó que las autopartes que transportó el Boeing provenían de la empresa francesa SAS (del proveedor automotriz global Fauresia), que opera una planta en Querétaro, México, para su entrega en territorio argentino a la compañía automotriz Volkswagen, para los asientos de sus autos TAOS. La misma empresa había enviado otro cargamento desde Miami, en otra aeronave, que también fue retenido. Villena autorizó la entrega de ambos lotes.

La semana pasada, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, dio a conocer que había pedido al gobierno argentino la suspensión “inmediata” de la prohibición de abandonar el territorio de cinco iraníes de la tripulación del avión retenido en Argentina desde el 8 de junio pasado, cuando intentó sin éxito aterrizar en Uruguay, confirmaron fuentes oficiales a LA NACION.

Según supo LA NACION, la Cancillería iraní transmitió su inquietud ante la Secretaria de Embajada de la sede diplomática argentina en Teherán consultando por el estado de la causa y la inquietud fue trasladada a la justicia.

El canciller Abdollahian expresó mediante un comunicado al representante diplomático argentino “la profunda preocupación del gobierno iraní y de las familias de la tripulación iraní por la retención de sus documentos de viaje y la restricción de abandonar el país, lo que constituye una violación de los derechos humanos”, afirmó en un comunicado.

En un sentido similar, el abogado de los tripulantes venezolanos pidió al juzgado que las medidas restrictivas que pesan sobre sus defendidos (la prohibición de salida del país) sean levantadas. Calificó a la investigación como una “excursión de pesca”.

“Si las medidas de restricción de derechos por su intensidad y prolongación dejan de lado la presunción de inocencia terminan constituyendo una sanción encubierta y anticipada que resulta inadmisible”, planteó el abogado.

La investigación judicial

La justicia argentina prohibió a la tripulación abandonar la Argentina mientras se investiga un posible nexo de los tripulantes y la aeronave con la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, sindicada como organización terrorista por los Estados Unidos. En el expediente, sin embargo, no hay pruebas que permitan indagar a los tripulantes y acusarlos formalmente de un delito.

La investigación judicial permitió reunir indicios, pero no pruebas que sostengan una sospecha firme, como la que requiere una indagatoria. No hay aún sustancia para construir una imputación. Los investigadores están “cuchareando la lata hasta el final a ver si hay algo”, admitieron en los tribunales. La tripulación, así, se encuentra en una suerte de limbo judicial, que no se puede extender eternamente.

Sin embargo, lo que no alcanza para construir una imputación penal formal, sobra para el mundo de la inteligencia, que se ilusiona con lo que pueda encontrarse en los aparatos electrónicos de los venezolanos e iraníes, que fueron analizados por las fuerzas de seguridad.

Esa información debería completarse con las respuestas que espera la justicia argentina de los exhortos internacionales que envió a Estados Unidos, Uruguay y Paraguay. El primero es sobre la existencia de causas en la justicia norteamericana sobre el piloto Gholamreza Ghasemi, y el copiloto, Mahdi Museli. El FBI ya informó oficialmente a la Justica que Ghasemi es CEO de una aerolínea, sancionada por Estados Unidos por colaborar con el transporte de armas y tropas para Hezbollah. Esa aerolínea supuestamente vendió el avión a la venezolana Emtrasur

Venezuela ya respondió a los pedidos de la justicia argentina con la documentación sobre la adquisición de la aeronave que fue supuestamente fue vendida hace un año a Emtrasur, una empresa de la venezolana Conviasa, por la empresa iraní Mahan Air, que es investigada desde 2011 por Estados Unidos por nexos con la Guardia Revolucionaria de Irán y con la Fuerza Quds, la unidad especial del ejército de los Guardianes de la Revolución Islámica.

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