La Justicia ordenó exámenes médicos de Báez para definir si lo excarcelan

Tras estar casi cuatro años, LázaroBáez deberá esperar unas semanas más para saber si queda en libertad. La Justicia ordenó realizarle estudios médicos para determinar si es posible darle arresto domiciliario, controlado con una pulsera electrónica.

La decisión fue del Tribunal Oral Federal 4 que rechazó un pedido de excarcelación de Báez, acusado de lavado de dinero y preso en la cárcel de Ezeiza.

En cambio, los analizan si corresponde mandar al detenido a su casa con limitaciones para su desplazamiento.

Los jueces ordenaron que los médicos verifiquen su estado actual de salud, informando sus patologías físicas y psiquiátricas; si son crónicas y progresivas y si ameritan un tratamiento especial extramuros.

Los jueces también quieren que les informen si tiene problemas cardíacos.

También el tratamiento a seguir y si estar preso puede agravar sus enfermedades y, por último, quieren que les informen si poniéndolo bajo arresto domiciliario podría llevar a una mejora de su estado de salud. También quieren saber si Báez está entre los "pacientes de riesgo" por el coronavirus.

Los jueces pidieron al Servicio Penitenciario Federal la historia clínica de Báez y que les informen si fue calificado como "integrante del grupo poblacional de riesgo que pudiera presentar sintomatologías graves ante el eventual contagio e infección del coronavirus, y si se han adoptado medidas que garanticen la integridad física del imputado".

Los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y Daniel Obligado se habían opuesto a la liberación de Lázaro Báez porque entendieron, tal como lo había hecho el fiscal, que no cambiaron las circunstancias evaluadas la última vez que se analizó si correspondía la excarcelación, el 27 de diciembre pasado, decisión que confirmó la Cámara Federal de Casación tres días después.

Báez había argumentado que debía salir en libertad porque tiene 64 años, padece hipertensión arterial, arritmia cardíaca y diabetes tipo 2, lo que era especialmente riesgoso ante un posible contagio de Covid-19.

Por ello, expresó que sus enfermedades y el encierro "en un establecimiento hacinado y superpoblado" lo hacen especialmente "vulnerable al contagio poniendo en riesgo su integridad física y su vida".

Pero la respuesta de los jueces fue: "La única circunstancia novedosa introducida por la defensa fue la emergencia sanitaria declarada en razón de la pandemia ocasionada por el COVID-19" y "no comprende ninguno de los supuestos que posibilitan el otorgamiento automático de la excarcelación".

"El mantenimiento de la medida atacada resulta, de momento, la opción más ajustada a derecho a efectos de evitar los riesgos procesales que se mantienen con respecto al encartado", advirtieron los jueces del tribunal.

Una jugada a dos puntas

De acuerdo con el tribunal, la libertad de Báez sigue implicando un peligro para la causa.

Pero la defensa de Báez hizo su jugada a dos puntas: le pidió la libertad en el tribunal oral que lo juzga en un juicio oral por lavado de dinero, y también al juez Sebastián Casanello, que se quedó con una parte residual del caso.

Casanello le preguntó la opinión al fiscal de su causa Guillermo Marijuan, quien entendió que correspondía morigerar la situación de Báez y otorgarle la prisión domiciliaria.

Marijuan sostuvo que se está ante una situación extraordinaria por la pandemia declarada y que correspondía el arresto domiciliaria de Báez mientras dure la emergencia sanitaria.

El fiscal solicitó que el empresario está aislado y con custodia en el lugar donde cumpla el arresto.

Casanello, siguiendo la opinión del fiscal Marijuan, decidió otorgarle a Lázaro Báez la prisión domiciliaria en su causa, donde se investiga la compra irregular de la estancia El Entrevero, en 2011.

Esa prisión domiciliaria, sin embargo, no se va a ejecutar hasta tanto el Tribunal Oral Federal 4 reciba los informes médicos y siempre y cuando estos jueces opinen igual que Casanello.

Lázaro Báez cumple prisión preventiva desde hace casi cuatro años. Fue detenido por orden del juez Sebastián Casanello el 5 de abril de 2016 en la causa conocida como "la ruta del dinero K".

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