La Justicia le pide a Bullrich información sobre el protocolo y el manual de uso de las “armas no letales”
Es en la causa por los incidentes frente al Congreso el 12 de marzo, cuando un fotógrafo resultó gravemente herido; la jueza Servini solicitó la documentación relativa al operativo
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La jueza María Servini solicitó al Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich que remita los reglamentos o protocolos que rigen la actuación de las fuerzas federales durante las protestas sociales y, entre otros puntos, le pidió que detalle cómo debe utilizarse el “armamento no letal”, según los manuales.
El pedido se enmarca en la causa que investiga los incidentes ocurridos durante la protesta por los jubilados, el pasado 12 de marzo, en la que un fotógrafo que trabajaba de manera independiente, Pablo Grillo, terminó gravemente herido luego de ser alcanzado por el casquillo de una granada de gas lanzada de manera horizontal por un efectivo de la Gendarmería.
A instancias del fiscal Eduardo Taiano, la jueza Servini pidió que el ministerio le gire “todas las actuaciones labradas a raíz del operativo desplegado por las fuerzas de seguridad el día 12 de marzo”, y todo el “marco normativo” que aplica al caso, como “protocolos y reglamentos”, además de la orden que bajó desde el Ministerio para poner en marcha el operativo.
A su vez, la jueza pidió que se especifique el tipo de “armamento no letal” que se utilizó ese día, y las respectivas “guías de actuación” que regulan su manejo. También los sumarios o informes que se labraron después de los hechos, de haberse realizado alguno. Tal como publicó este medio, la granada de gas que impactó a Grillo, un instrumento diseñado para dispersar a los manifestantes, debió haberse lanzado de tal manera que su trayectoria dibuje una parábola pronunciada.
Servini le pidió la misma información al Ministerio de Seguridad de la Ciudad, desde hace un mes en manos de Horacio Giménez, tras la salida de Waldo Wolf. En el marco de otras actuaciones por los mismos hechos, el ministerio de Seguridad porteño sostuvo que durante la movilización del 12 de marzo no se puso en marcha ningún protocolo en particular y que la normativa vigente sobre el tema es el “Protocolo para el Uso de la Fuerza en el marco de la actuación Policial”, publicado en marzo del año pasado en el boletín oficial.
El documento establece las pautas que regulan el accionar de las fuerzas, respetando los principios de “progresividad”, “excepcionalidad”, “racionalidad” y “progresividad”, y describe a los “disuasivos químicos” como “agentes que producen en el organismo humano efecto lacrimógenos, vomitivos, ardor en vía respiratoria, etc. Pueden ser de uso manual (rociadores) o lanzados a distancia (cartuchos autopropulsados o granadas)”.
La denuncia que guía la investigación sobre los hechos es una de las dos que activó la Procuvin, una fiscalía contra la violencia institucional. Junto a ella tramitan otras actuaciones, como la denuncia que hizo la familia de Grillo o la que hizo Beatriz Blanco, la jubilada que cayó secamente de espaldas luego de trenzarse en una disputa cuerpo a cuerpo con un policía.
El caso tramita en el juzgado de Servini, luego de que el presidente de la Cámara Federal, el magistrado Mariano Llorens, debiera resolver la semana pasada una disputa por la competencia. La decisión hizo recaer la causa en el Juzgado Federal N.º 1. Actualmente, Servini se encuentra de licencia y, por estas horas, su juzgado está siendo subrogado por su colega, el juez Sebastián Ramos.
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