Alimentos: un juez avaló “parcialmente” el reclamo de Grabois, pero aclaró que la ayuda debe llegar sin intermediarios
El juez Walter Lara Correa recibió interpretaciones contrapuestas en las dos partes del conflicto; le hizo un guiño al Gobierno al desestimar que el presupuesto de asistencia estuviera subejecutado
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LA NACION
El juez Walter Lara Correa decidió hacer lugar “parcialmente” al amparo colectivo que inició la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) –referenciada en el dirigente político Juan Grabois– junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y dejó interpretaciones contrapuestas entre los movimientos sociales y el Gobierno, las dos partes de un conflicto que se remonta a diciembre, cuando el Ministerio de Capital Humano,, a cargo de Sandra Pettovello, anunció un nuevo esquema en la distribución de la asistencia y la suspensión del reparto de alimentos en los comedores populares.
El Gobierno festejó que el juez Lara Correa “destacara” el avance y el “enfoque progresivo” de las políticas en materia alimentaria. En tanto, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) -que integra la UTEP y es liderado por Grabois- celebró que el juez reconociera el derecho a la alimentación “de las personas que asisten a comedores y merenderos” y que el Estado deba “continuar con la ejecución de las políticas públicas vigentes en materia alimentaria de manera progresiva”.
En su fallo, el juez Lara Correa -que en una resolución previa dejó solo al CELS como representante del grupo vulnerado- rechazó el reclamo de los movimientos sociales con respecto a la subejecución del presupuesto dispuesto para la asistencia social, pero a un tiempo avaló el amparo que interpuso el CELS.
“La sentencia determina que los titulares del derecho a la asistencia alimentaria son directamente las personas, y no los intermediarios, promoviendo un acceso directo y transparente a los recursos”, remarcó en un comunicado el Ministerio. “La decisión judicial consolida la continuidad de los procedimientos de asistencia alimentaria que se venían realizando y refuerza el compromiso del Ministerio de gestionar recursos públicos de manera responsable”, indicaron.
En tanto, en la UTEP afirmaron que el fallo “condena al Gobierno a restablecer la entrega de alimentos para no “incurrir en responsabilidad internacional”, y más allá de sus implicancias inmediatas, en la que interpretaban también que la sentencia representa un precedente importante, puesto que termina de ceñir un nudo en el que se agrupan una serie de derechos sociales y alimentarios. “Determinó un piso, y le cambió el eje de la discusión con el ministerio, que ahora dice que están cumpliendo”, remarcan.
No es la primera vez que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 deja un fallo dividido. En julio, en el marco de la misma causa, reconoció la verosimilitud del reclamo -al reconocer el peligro en la demora-, señaló a Capital Humano como responsable de las políticas de seguridad alimenticia y, sin dejar de otorgarle un margen de acción al ministerio, lo instó a que se apegara a las políticas de seguridad alimentaria vigentes. En aquel entonces, fuentes del departamento de legales del ministerio lo catalogaron como un fallo “híbrido”.
En su última resolución, el juez también le advirtió al ministerio que el fallo “no obsta a las facultades que posee el Poder Ejecutivo Nacional de reestructurar, modificar, alterar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas y/o planes respecto de los cuales se ordena la continuidad de su ejecución”. Es que en el ministerio aseguran que el Poder Judicial no puede inmiscuirse en las políticas sociales.
Además, le solicitó a Pettovello que “acompañe los convenios suscriptos por el Ministerio de Capital Humano con los distintos estamentos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de todos los programas alimentarios vigentes con las distintas jurisdicciones, informar la parte demandada las políticas públicas que ejecuta en coordinación con los estados provinciales, en este sentido, detalle en qué consiste la intervención de cada una de las jurisdicciones en la ejecución de las acciones positivas, identificando la cantidad de personas alcanzadas y toda la información que considere pertinente para ilustrar sobre lo requerido e informar las decisiones que se adopten en el seno del Consejo Federal de Desarrollo Social vinculadas y atinentes al derecho a la alimentación”.
A su vez, le indicó a la cartera que dirige Pettovello que deberá “presentar mensualmente un informe que dé cuenta sobre el grado de realización de los objetivos previstos por las políticas públicas en materia de alimentación, identificando la cantidad de personas alcanzadas por las políticas públicas, detallando el comedor y/o merendero y su ubicación geográfica”.
Cambio de esquema
En diciembre, el Ministerio de Capital Humano decidió auditar el sistema de comedores para eliminar a los “intermediarios”, en alusión a las organizaciones sociales. Así, se cambió el sistema de asignación de fondos, lo que aún está en proceso. Según denuncian desde las distintas organizaciones sociales, esto ocasionó el cierre de cientos de comedores en el país se cortó la asistencia de alimentos. Más adelante, se reactivó la distribución de la mercadería en manos del Gobierno a través de organizaciones religiosas tras varias demandas y allanamientos por alimentos retenidos en depósitos.
Desde esa cartera afirmaron a LA NACION que hoy “se asiste a un total de 4.325 comedores y merenderos, de los cuales 1.358 pertenecen al AMBA”. Ante la pregunta de si el relevamiento del Registro Nacional de Comedores terminó, contestaron que aún continúa. En concordancia con la política de eliminar intermediarios, indicaron que a los que han sido ratificados se le da una tarjeta prepaga para que puedan comprar ellos mismos de acuerdo a la cantidad de personas que asisten, que equivale a una canasta alimentaria básica de alimentos.
Ese dinámica fue instaurada a través del programa Alimentar comunidad. “Preferimos no dar alimentos, que los comedores compren lo que necesiten y que las personas coman en sus casas, no en esos lugares”, señalaron.
LA NACION
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