La Justicia investiga si las irregularidades con cooperativas denunciadas en Quilmes se replicaron en otros municipios

Mientras la justicia federal de Quilmes avanza con la causa que investiga el supuesto desvío de fondos por parte del municipio a través de cooperativas de trabajo, ahora también indaga si la maniobra investigada también se extendió a otros distritos, según supo LA NACION de fuentes judiciales.

La causa se enfoca en las contrataciones millonarias a un conjunto de cooperativas supuestamente relacionadas con funcionarios municipales del entorno de la intendenta Mayra Mendoza, quienes habrían desviado parte de los fondos recibidos por esas cooperativas a sociedades off shore.

Mendoza está imputada en la causa pero, por ahora, los principales sospechados de haber articulado el desvío de fondos a través de la contratación de cooperativas son el exsubsecretario de Hábitat del municipio, Sebastián Raspa, que renunció cuando se hicieron públicas las acusaciones, y quien fuera su socio, el abogado Martín Bordalejo. También está en la mira José Alejandro Scozzari, contador de varias empresas vinculadas a la causa y contratista del municipio. El caso está en manos del juez federal Luis Armella y de la fiscal Silvia Cavallo.

En las últimas semanas entregaron información a la Justicia la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP. Cada informe de la AFIP (en total son dos) tiene 9000 páginas. Los funcionarios judiciales todavía analizan el caudal de información que recibieron y preparan una nueva serie de medidas de prueba, según supo LA NACION. De la documentación recolectada surge que la maniobra se replicó en, al menos, un municipio más, y que para estas operaciones se manejaron altas cifras de dinero en efectivo. También surge de la información entregada por la UIF y la AFIP que las supuestas cuentas offshore a las que habrían desviado fondos los exfuncionarios implicados en la maniobra no están declaradas en Argentina. El próximo paso podría ser librar exhortos internacionales para rastrearlas, una medida que ya fue impulsada en la otra causa por estos hechos que está en Comodoro Py.

En la causa también hay información enviada por entidades bancarias con el objetivo de analizar los patrimonios de los imputados. “Hay mucho flujo de dinero: transferencias entre las sociedades y las cooperativas de montos importantes, e incluso extracciones de dinero en efectivo”, dijo una fuente judicial a este medio. También se estudia el material secuestrado en los allanamientos a las oficinas de las cooperativas y de las firmas constructoras involucradas.

Respecto de los contratos de obras municipales que recibieron las cooperativas, la fiscal y el juez todavía deben analizar la documentación de las obras y luego hacer una inspección in situ para ver si efectivamente fueron realizadas. “Es un punto central de la causa, para ver si hubo defraudación”, acotó la misma fuente.

Mientras el expediente judicial tuvo sus primeros avances, Mayra Mendoza, que fue respaldada por el gobernador bonaerense Axel Kicillof e incluso por el ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro, negó que las vinculaciones entre las cooperativas y los funcionarios de su municipio sean tales. Pero en un tramo inicial del expediente, mediante un dictamen, la fiscal del caso Silvia Cavallo afirmó que existen vínculos societarios concretos entre Raspa y las cooperativas que recibieron más de 500 millones de pesos por obras y trabajos municipales.

Estas cooperativas recibieron contratos de obras, de mantenimiento y de diversos servicios por parte del municipio por más de 500 millones de pesos. “Recolección de residuos”, “puesta en valor y embellecimiento de los espacios públicos”, “fumigación y control de plagas”, “adquisición de plantas ornamentales”, y “mantenimiento de plazas”, son los motivos formales de las contrataciones del municipio. La acusación sostiene que parte de los fondos recibidos por estas cooperativas fueron desviados a cuentas en el exterior pertenecientes a un conjunto de exfuncionarios cercanos a la intendenta.

En paralelo, en Comodoro Py hay otra investigación por los mismos hechos. El fiscal de ese caso es Ramiro González y el juez es Ariel Lijo. En ese caso fueron impulsadas medidas de prueba similares a las del expediente que hay en Quilmes, pero además se enviaron exhortos a la ciudad de Miami para conocer más sobre las firmas a las que habrían sido desviados los fondos. Según supo este medio, todavía no hay una disputa de competencia entre los tribunales federales de Comodoro Py y los de Quilmes.

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