La Justicia investiga si detrás del puntero del PJ hay una asociación ilícita y citan a declarar a los dueños de las tarjetas de débito
Se rechazó la excarcelación de Julio Rigau, detenido por haber hecho cientos de extracciones de dinero con plásticos de supuestos empleados de la Cámara de Diputados bonaerense
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LA NACION
LA PLATA.- El juez de garantías Guillermo Atencio, con competencia penal en esta capital, rechazó la excarcelación del puntero del PJ Julio Segundo Rigau y busca determinar a los responsables de un presunto acto de corrupción de “inmensurable trascendencia” que habría tenido lugar con una defraudación a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Rigau fue detenido el miércoles último cuando retiraba dinero de cajeros automáticos con 48 tarjetas de débito de empleados de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Atencio quiere saber si fue un hecho aislado o existe una asociación ilícita que defrauda al Estado.
La Legislatura bonaerense tiene 1340 empleados en el Senado y 1510 en Diputados. El sueldo promedio es de $500.000. La Justicia intentará determinar si el caso del detenido con decenas de tarjetas de débito con nombres de presuntos empleados es una modalidad que se perpetuó durante el tiempo.
Rigau, que estaba empleados como electricista de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, está detenido e imputado por defraudaciones reiteradas con 177 hechos consumados. Tenía en su poder 48 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura. “Chocolate” Rigau integró en 2019 una lista del peronismo en La Plata como precandidato suplente a concejal. Es un conocido puntero del Partido Justicialista platense.
De acuerdo al pedido de detención, Rigau extrajo dinero los días cinco, seis, siete, ocho de septiembre, siempre con más de 40 tarjetas de débito de distintas personas. Todas las tarjetas corresponden a la Cámara de Diputados y por su intransferibilidad se sospecha que el imputado las obtuvo de manera ilegítima.
La fiscal Betina Laky se encamina a citar a declarar a los dueños de las 48 tarjetas de débito secuestradas en poder de Rigau a efectos de determinar cómo se armó el mecanismo de recaudación que daría cuenta de una caja negra en la Cámara de Diputados. Ayer el juez de Garantías Guillermo Atencio denegó un pedido de excarcelación de la defensa de Rigau y ordenó un allanamiento en la casa del imputado a pedido de la fiscal que interviene en el caso.
El allanamiento tuvo lugar en el barrio de La Granja, donde además del domicilio del imputado funciona un comedor comunitario. Busca el magistrado comprobar la existencia de una organización criminal destinada a defraudar al Estado.
“Analizados los hechos, las significativa cantidad de tarjetas utilizadas y el alto monto de dinero que con ellas fue extraído posibilitaría que con el devenir de la pesquisa se llegara a detectar un acto de corrupción de inmensurable trascendencia”, señaló el juez en su escrito de rechazo de la excarcelación. Rigau tenía en su poder al momento de la detención 48 tarjetas de débito y 1,2 millones de pesos que habrían correspondido a extracciones a nombre de diferentes personas. La Justicia busca determinar ahora quién entregó las tarjetas bancarias a Rigau y si las personas titulares de las cuentas habían prestado consentimiento para estas extracciones.
Para los investigadores Rigau no actuaba solo. Sospechan que formaría parte de un armado para financiar una caja negra de la política. Todo esta hipótesis se podría consolidar o descartar una vez que avance la investigación.
La hipótesis de una estafa compuesta mediante una asociación ilícita se sustenta en un dato llamativo para la Justicia: todas las tarjetas tenían una clave similar: 2021, 2022 o 2023. El imputado se negó a declarar.
La Justicia liberó oficios el lunes pasado a la Cámara de Diputados para verificar si las 48 personas de las tarjetas de débito prestaban servicios; todavía no recibió respuestas. Tampoco recibió información del Banco Provincia para conocer los domicilios de los titulares de las tarjetas. Ayer en el allanamiento en la casa del imputado se hallaron varios elementos que podrían constituirse en nuevas pruebas. Encontraron un cuaderno con anotaciones que podrían estar vinculadas a las extracciones.
Con cada una de las 48 tarjetas se hicieron múltiples extracciones de $30.000 por día hasta completar $580.000 por titular. Es decir algo más de 700 extracciones. Ahora la Justicia intenta determinar si esta modalidad si se repitió en el tiempo.
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