La Justicia investiga en 44 causas contra el Movimiento Evita y otras agrupaciones en territorio bonaerense

La mayor parte de la atención sobre las denuncias contra las organizaciones sociales está concentrada en la ciudad de Buenos Aires y en el Polo Obrero, la organización que lidera Eduardo Belliboni. La investigación avanza en el juzgado de Sebastián Casanello y en la fiscalía de Sergio Pollicita. Pero lo cierto es que se mueven también otras causas. En la provincia de Buenos Aires, en el Juzgado Federal de Quilmes a cargo de Luis Armella, hay un proceso que complica a las organizaciones que concentran su actividad en el conurbano bonaerense y sobre las que se hicieron la mayor cantidad de llamadas al 134 por extorsiones para ir a marchas o entregar una parte del plan a cambio de mantenerlo.

El juez Armella recibió de Comodoro Py una serie de denuncias sobre las que el juez Martínez de Giorgi y Casanello se declararon incompetentes. Comenzó una investigación que al momento identificó decenas de grupos de organizaciones con una estructura y comportamiento similar a las amenazas que se develaron en la causa del Polo Obrero. La fiscal a cargo es Silvia Cavallo.

A raíz de que se trataba de agrupaciones distintas, se iniciaron 44 causas por separado y algunas fueron derivadas a otros juzgados. De acuerdo con fuentes conocedoras de los procedimientos, se ordenaron medidas de prueba en todas y ya fueron señaladas por lo menos 85 personas pertenecientes a estas organizaciones, aunque no se revelaron aún sus nombres. Aseguraron, asimismo, que la mayor parte de las denuncias tienen que ver con hechos ocurridos en La Matanza, por parte del Movimiento Evita. Personas cercanas a la agrupación negaron participación en amenazas a beneficiarios de planes sociales.

También figuran entre los denunciados por presuntos extorsionados la Corriente Clasista Combativa, la organización 8 de Octubre, Barrios de Pie, el MTR, Libres del Sur y Ramón Carrillo, entre otras.

La línea 134 que puso a disposición el Gobierno reportó más de 160.000 llamados realizados contra organizaciones sociales y sindicatos en todo el país. Fueron hechos por personas presuntamente extorsionadas y amenazadas, que decidieron reportar, incluso con nombres de referentes, videos, audios y capturas de conversaciones. Todas estas acusaciones vía telefónica y por correo fueron recopiladas por los ministerios de Seguridad y de Capital Humano y dieron lugar a una clasificación, identificación de aquellas que revestían algún grado de verosimilitud; luego se concretaron envíos en cuatro “tandas” principales de denuncias a la Justicia federal.

De estas cuatro, dos (una contra sindicatos y otra contra movimientos sociales) cayeron en el juzgado de Ariel Lijo, el candidato del oficialismo a la Corte Suprema. Es quien tiene la mayor parte de los llamados recibidos por Seguridad y referidos posteriormente a la Justicia (cerca de 6.000). Otra, fue al despacho de Sebastián Casanello (la que tiene como principal protagonista al Polo Obrero y Eduardo Belliboni) y, la restante, al de Marcelo Martínez de Giorgi.

El desafío del contenido de estas denuncias es que cada “tanda” consiste en miles de hechos que muchos de ellos, a priori, no tienen nada vínculo entre sí. Incluyen planillas con números de reclamo, la situación y presunto delito que describen los que llaman y el distrito en el que ocurrieron. Los distintos jueces y fiscales plantearon estrategias diferentes con respecto a qué hacer sobre la gran cantidad de eventos inconexos que se planteaban en los listados que brindó el Ejecutivo.

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