La justicia federal ordenó rastrear si hubo llamadas telefónicas cruzadas entre Alberto Fernández y empresarios del seguro
El juez Julián Ercolini pidió un informe sobre las comunicaciones entre las líneas del exmandatario y los demás imputados en la causa por presunta estafa al Estado
- 4 minutos de lectura'
LA NACIONCandela Ini
La justicia federal analizará las comunicaciones del expresidente Alberto Fernández para determinar qué grado de responsabilidad tuvo en la supuesta estafa al Estado con contrataciones millonarias de aseguradoras por parte de distintas dependencias públicas durante su gobierno.
El juez federal Julián Ercolini ordenó esta mañana realizar un informe de entrecruzamientos de llamadas entre todos los imputados en la causa que investiga la trama de contrataciones, según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION. En esta causa Ercolini ya pidió la inhibición de bienes de Alberto Fernández y los demás imputados y dispuso el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil sobre sus cuentas.
Serán analizadas, según dispuso el magistrado, las comunicaciones del expresidente, así como también las de su histórica secretaria María Canteros y las de su amigo Héctor Martínez Sosa, pareja de Canteros y sospechado por los contratos que tuvo con el Estado. Según la acusación, Canteros se comunicaba por teléfono con varios exfuncionarios para pedirles que contrataran, desde las dependencias estatales que conducían, las pólizas que intermediaba Martínez Sosa.
La medida alcanzará también a los exfuncionarios de Nación Seguros Alberto Pagliano, Mauro Tanos y Federico Eufemio, y a todos los empresarios del mundo del seguro que son investigados en este expediente, como Pablo Torres García, entre otros. Tanos y Eufemio fueron imputados por tener presuntos nexos con las empresas alguans de las aseguradoras implicadas en las maniobras. Son al menos 40 las líneas telefónicas que las autoridades judiciales examinarán para determinar qué grado de intercambio tuvieron entre sí.
Según reconstruyó LA NACION, se les solicitó a las empresas telefónicas que informen sobre las comunicaciones de los abonados que están imputados en esta causa judicial, desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el día de ayer. Se incluye en pedido a las compañías telefónicas que informen sobre las llamadas entrantes y salientes de los abonados, así como también los mensajes de texto y el uso de datos móviles.
Además se le dio intervención a una división de la Policía Federal Argentina, que deberá peritar los teléfonos celulares secuestrados en los allanamientos. Esta medida implicará el análisis del material extraíble de los teléfonos celulares así como también de las computadoras y tablets o demás dispositivos que hayan sido secuestrados en los domicilios de los imputados y en las empresas allanadas.
Según un documento elaborado por la Sigen que tienen los funcionarios judiciales, Bachelier S.A -vinculada a Martínez Sosa-, Castello Mercuri SA, San Ignacio Sociedad de Productores y Torres García Brokers, fueron las empresas más beneficiadas por las contrataciones investigadas, y el monto de las comisiones asciende, al menos, a los $3453 millones, a valores nominales. El Ministerio de Seguridad y la Gendarmería Nacional contrataron a Bachellier SA, una de las sociedades satélites de Martínez Sosa. La póliza de Anses, en cambio, fue intermediada por la firma San Ignacio e intervino en ese contrato la empresa de Pablo Torres García -también imputado en esta causa-, TG Brokers. Esas dos fueron las pólizas más costosas.
Sus directivos y socios quedaron bajo la lupa judicial no solo por la información recibida por la justicia en materia de contrataciones y comisiones sino por algunos movimientos ocurridos cuando las sedes de las compañías fueron allanadas.
Pese a las imputaciones, que ya tuvieron consecuencias concretas sobre varios de los implicados como fueron las inhibiciones de sus bienes, el expresidente todavía no designó de manera formal a quien lo defienda en esta causa.
El fiscal del caso es Carlos Rívolo, quien pidió darle intervención a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal Diego Velasco, para profundizar las líneas de investigación relacionadas con los patrimonios de los imputados y así dilucidar si se realizaron, en el marco de la compleja trama, maniobras de lavado.
Por Candela Ini
Conforme a los criterios de
Conocé más
Tipo de trabajo:
noticia original
Más leídas de Política
1El Colegio de Abogados de la Ciudad repudió la fiesta del fiscal Ramiro González
2Alarma en la Corte Suprema. La Justicia investiga una serie de llamados a comisarias de alguien que se hace pasar por Horacio Rosatti
3La Justicia dispuso el desalojo de la ocupación ilegal en el Parque Nacional Los Alerces
4Elisa Carrió pidió indagar a Sergio Berni acusado de contaminar la escena del crimen de Nisman
Últimas Noticias
“Se pasó 20 metros”. El Gobierno le pidió explicaciones a Chile por un helicóptero militar que violó el espacio aéreo argentino
Dinero, control policial y culto a la personalidad. El sistema que montó Gildo Insfrán en Formosa y que la Corte buscó clausurar
