Asamblea Legislativa: la Justicia federal investiga el acuerdo con el FMI desde hace dos años
LA NACIONHernán Cappiello
Más allá del anuncio del presidente Alberto Fernández de presentar una querella criminal contra Mauricio Macri y su equipo económico por los acuerdos con el FMI, la Justicia federal investiga desde hace al menos dos años un grueso expediente en el que se reunieron al menos ocho denuncias contra el expresidente, el exministro Nicolás Dujovne y otros exfuncionarios de Juntos por el Cambio acusados de beneficiarse con la firma de esos convenios que permitieron a la Argentina recibir préstamos por 44.000 millones de dólares. En paralelo, el Banco Central remitió a la Sindicatura General de la Nación y la Oficina Anticorrupción los antecedentes de esos acuerdos.
El caso judicial está en manos del fiscal Franco Picardi y de la jueza María Eugenia Capuchetti, que pidió una serie de informes al Ministerio de Economía y la Auditoría General de la Nación, entre otras cuestiones.
En el expediente se acumulan denuncias de Fernanda Vallejos, Juan Grabois, Guillermo Moreno y Pablo Challú y Claudio Lozano, entre otros. Los imputados son Macri y los exfuncionarios de su gabinete económico relacionados con estas negociaciones.
Según escribió el fiscal Picardo en su último dictamen del año pasado, en este expediente se investiga si a partir de la firma del acuerdo con el FMI "se habría profundizado un proceso llevado adelante por distintos funcionarios públicos que agravó notablemente una matriz de endeudamiento externo ya iniciada con anterioridad, permitiendo de este modo que perviva un proceso sostenido de formación de activos externos que, en caso contrario, hubiera sido imposible de continuar tal como se venía llevando adelante".
Se busca determinar si, a partir de la primera carta de intención, "a sabiendas, se habría iniciado un nuevo ciclo de endeudamiento destinado no a los fines declamados formalmente en los documentos suscriptos con el FMI, sino primordialmente a obtener divisas para su posterior fuga, en perjuicio de las arcas públicas".
Picardo quiere saber si "los funcionarios públicos a cargo de la administración de recursos estatales que habrían dirigido y encabezado este proceso obtuvieron, a raíz de ello, beneficios económicos indebidos para sí y/o para terceros (tales como otras personas físicas y jurídicas, fondos de inversión) y/o les proveyeron de información privilegiada en franca incompatibilidad con sus deberes funcionales".
Al mismo tiempo, el fiscal busca comprobar si el endeudamiento con el FMI se hizo mediante actos jurídicos en violación de la ley porque no se dio intervención al Congreso. "Se deberá averiguar si los funcionarios del BCRA actuaron en contraposición a los mandatos planteados en dicha Carta Orgánica, así como si Christine Lagarde y David Lipton [funcionarios del FMI] actuaron en contraposición a las normativas del FMI en el marco de un acuerdo con funcionarios públicos argentinos". Y si "funcionarios del Ministerio de Hacienda actuaron dolosamente a los fines de sustraer información de la presente pesquisa".
En línea directa con el anuncio presidencial de denunciar el acuerdo con el FMI como un fraude, el Banco Central (BCRA), que conduce Miguel Pesce, elevó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Oficina Anticorrupción toda la documentación vinculada al último acuerdo firmado por la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para determinar si generaron perjuicios al Estado.
El giro de los expedientes fue acompañado con un pedido para que este organismo realice una "auditoría específica" de la documentación para evaluar las "responsabilidades de los funcionarios que actuaron oportunamente en la efectivización del acuerdo suscripto por la República Argentina con el FMI" en 2018 y "determinar la existencia de perjuicio para el patrimonio público".
Entre la documentación aportada está el informe sobre las actuaciones tramitadas en el exministerio de Hacienda de la Nación y el Informe de "Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015-2019", aunque en períodos de las administraciones anteriores el ritmo de salida de capitales fue similar. También las actuaciones administrativas referenciadas y de los expedientes EX-2018-00154908- -GDEBCRA-GG#BCRA y EX-2018-00258928- -GDEBCRA-GG#BCRA tramitados en el BCRA. Algunos de estos documentos ya estaban en poder de la Justicia.
En el comunicado mediante el que difundió su decisión, el BCRA recordó que esos expedientes ya habían sido remitidos a finales de julio de 2020 a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación (Ley 27.249) y en diciembre 2020 a la Auditoría General de la Nación, lo que no hace más que vincular el nuevo giro de la documentación con el anuncio que hizo el Presidente.
En el pedido de investigación se sostiene que los expedientes que dieron origen a los dos acuerdos firmados por la administración de Macri con el Fondo Monetario "resultarían incumplimientos a los procedimientos establecidos en diversas leyes para la constitución de deuda pública externa, así como la violación de obligaciones asumidas con el FMI".
Vale recordar que el director del departamento de Comunicaciones del Fondo Monetario, Gerry Rice, había anunciado días atrás que el organismo publicará en los próximos meses un trabajo de evaluación sobre el desempeño del programa financiero firmado en 2018 por el Gobierno de Mauricio Macri con la entonces directora gerente Christine Lagarde, que se convirtió en el préstamo más grande de la historia de la institución.
El BCRA hizo notar ahora que en el primer acuerdo firmado con el Fondo surge la "ausencia de dictamen jurídico previo" a la firma de la Carta de Intención y los Memorándums de Política Económica y Financiera y de Entendimiento Técnico, algo que luego se intentó subsanar con un dictamen que se limitó a analizar si el exministerio de Hacienda se encontraba facultado para suscribir y cursar las misivas al Organismo Internacional, de acuerdo con el rol que le asigna el artículo V, sección I, del Convenio Constitutivo de ese Organismo.
Ese dictamen posterior a la firma no se pronuncia sobre las cuestiones medulares que necesariamente deberían haber sido objeto de estudio legal previo a la suscripción de la Carta de Intención con el FMI: si el Poder Ejecutivo y en especial el Ministerio de Hacienda, eran competente para decidir y formalizar una operación de crédito público de esas características.
En el segundo acuerdo con el FMI se incorporó el dictamen previo, pero sin entrar a considerar si, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, los órganos que decidieron su ampliación y tales modificaciones estaban facultados para tomar dicha decisión.
Por Hernán Cappiello
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