La Justicia falló contra la Oficina Anticorrupción

La Justicia falló en favor de la Auditoría General de la Nación (AGN) y ordenó a la Oficina Anticorrupción (OA) que en un plazo de quince días le brinde la información necesaria para auditar al organismo de control.

Sin embargo, la OA apeló la decisión del juez Enrique Lavié Pico, medida que suspende la aplicación del fallo hasta que se pronuncie la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

Lavié Pico dictó sentencia en la controversia que mantienen desde hace un año los dos organismos de control: la OA y la AGN. La Auditoría, que depende del Congreso y cuya presidencia está en manos de un opositor, Oscar Lamberto, le viene pidiendo a la OA que le brinde información para auditar su funcionamiento.

Pero la OA le pidió antes de contestar que la AGN le explique los alcances de su auditoría, sus objetivos, los criterios y procedimientos que se van a ejecutar y los resultados que se espera alcanzar con la auditoría.

La AGN interpretó tras nueve meses de idas y venidas entre los organismos que estas respuestas eran en realidad impedimentos para su trabajo y que el organismo se mostraba reticente a ser auditado. Por eso, el Colegio de Auditores resolvió en junio pasado presentar un amparo para que la Justicia obligue a la OA a entregar la información.

Ahora, el juez Enrique Lavié Pico dijo que debe hacerlo, pero esa decisión fue apelada por la OA.

"La negativa a brindar la información requerida constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática e implica, en consecuencia, una acción que recorta de manera severa derechos que son reservados a cualquier ciudadano, en tanto se trate de datos de indudable interés público y que hagan a la transparencia...", afirmó al juez.

"En una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto un sistema restringido de excepciones", sostuvo el magistrado.

La AGN -dijo el juez- es el organismo del Congreso que controla a toda la administración pública y está facultada a "exigir la colaboración de todas las entidades del sector público, las que estarán obligadas a suministrar los datos, documentos, antecedentes e informes relacionados con el ejercicio de sus funciones".

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