La Corte Suprema falló a favor de Juan José Aranguren en las causas vinculadas con Shell

La Corte Suprema de Justicia se expidió a favor del exministro de Energía Juan José Aranguren en las causas que lo tenían como protagonistas relacionadas con la petrolera Shell. El exfuncionario fue presidente de la compañía durante 37 años, hasta que en 2015 inició funciones en el gobierno de Mauricio Macri.

El conflicto data de 2005, año en que no se hizo eco del pedido del por entonces presidente Néstor Kirchner y subió entre 2,6% y 4,2% los precios de sus combustibles. En esas circunstancias, el ex mandatario llamó a un boicot contra la empresa y, luego, comenzaron a gestarse una serie de causas penales en su contra impulsadas por quien en aquel momento estaba a cargo de la Secretaría de Comercio, Guillermo Moreno.

Entre los considerandos de la decisión del máximo tribunal, señalan que “la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal al revocar la sentencia de primera instancia, declaró la nulidad de la resolución 25/2006 de la Secretaría de Comercio Interior mediante la cual se estableció la obligación de las empresas refinadoras y/o expendedores de cubrir en forma razonablemente justificada la demanda de gasoil, conforme al cupo mínimo determinado por volúmenes del año anterior ajustados por las pautas allí indicadas. Contra tal pronunciamiento, el Estado Nacional –Ministerio de Economía y Finanzas Públicas interpuso el recurso extraordinario que fue replicado y concedido por encontrarse en tela de juicio normas de derecho federal y denegado en cuanto a la arbitrariedad y gravedad institucional alegadas por el recurrente, lo que motivó que ocurriera en queja ante el Tribunal”.

En una entrevista con LA NACION, Aranguren rememoró los procedimientos judiciales que debió enfrentar en el contexto de la ley de abastecimiento, que aplicó el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, a partir de 2007. “Hubo 113 actos administrativos, que son investigaciones que hizo la Secretaría de Comercio Interior para verificar supuestos desabastecimientos. Iban a una estación de servicio y, si no encontraban un producto o algún tipo de gasoil, consideraban que era desabastecimiento”, relató.

En tanto, enumeró que “de esos 113 actos administrativos, entre 2007 y 2008, se labraron 86 supuestas infracciones, que derivaron en causas penales, 23 en un año y 63 en el otro, con las cuales se pretendía imponer una multa de un millón de pesos por cada una y la solicitud de la pena de prisión de entre 6 meses y 4 años para el presidente de la empresa”, que era él mismo.

“Obviamente nos defendimos en la Justicia en todos los casos. Para poder litigar, tuvimos que presentar algún tipo de activo para cubrir la multa. Presentamos estaciones de servicio y una planta de lubricantes como prenda hasta tanto se dilucidara en la Justicia cuál era el resultado de las supuestas infracciones. La Justicia nos declaró inocentes en primera y en segunda instancia, después de que el secretario de Comercio Interior apelara la medida. Ya después no recurrió a la Corte Suprema”, rememoró.

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