La Justicia electoral volvió a reclamar el uso de la boleta única y la reducción del gasto del Estado

La Cámara Nacional Electoral insistió en la necesidad de utilizar la boleta única y exhortó a cambiar la legislación para reducir el gasto en que incurre el Estado al entregar a los partidos exorbitantes sumas de dinero para imprimir un padrón entero de boletas por cada agrupación interna que interviene en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Los jueces Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas así lo sostuvieron en una sentencia donde rechazaron la pretensión de un partido político santafesino de cobrar 100 millones de pesos por la impresión de boletas de las últimas PASO. La alianza Nuevo Rumbo del distrito Santa Fe cobró 50 millones de pesos para las boletas de una lista y quiere otros 100 por las boleta de las otras dos listas internas, pero la justicia electoral rechazó su pretensión.

Los jueces dijeron que si bien la ley y la Corte Suprema establecieron como criterio que el Estado debe pagar un padrón completo a cada lista interna que se presente en la PASO, la medida no es razonable e implica un dispendio desmedido de fondos. Tal es así que la alianza santafesina imprimió 17 millones de boletas y obtuvo menos de 11.000 votos.

En las PASO, en las categorías diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur, la alianza Nuevo Rumbo debía recibir $49.376.265,6, para que cada una de sus tres listas internas pudiera imprimir 2.818.280 boletas por categoría, lo que daría un total de 16.909.680 boletas, para un padrón inferior a 3.000.000 de electores registrados en Santa Fe. “La irrazonabilidad” del mecanismo de cálculo, dijo la Cámara, “se torna aún más elocuente cuando, según los resultados del escrutinio definitivo, fueron efectivamente necesarias menos de 11.000 boletas para votar a las listas de la coalición” en ambas categorías (5372 para diputados nacionales y 5240 para parlamentarios de Mercosur)”.

Esta desproporción hizo que el año pasado el Estado pagara a los partidos unos once mil millones de pesos ($11.433.324.698,44) para la impresión de un volumen exorbitante de boletas. Y, además, que florecieran con un crecimiento exponencial las listas, alianzas (en algunos casos solo sellos de goma), que reclamaban dinero para impresión de boletas. La Justicia electoral dispuso medidas para evitar el fraude y hay decenas de causas donde se investigan si los fondos recibidos se usaron para imprimir boletas o para otros fines.

La Cámara Nacional Electoral insistió en la necesidad de que se modifique el mecanismo de asignación de fondos públicos para la impresión de las boletas de las PASO y aseguró que la última interpretación mantenida por la Corte Suprema de Justicia y el régimen vigente imponen que el Estado Nacional cubra el monto de impresión de las boletas de todas las listas de precandidatos.

En 2017, el gobierno de Cambiemos se negó a pagarle $20 millones al partido del ultraderechista Alejandro Biondini, quien se postuló al frente de una única lista de diputados nacionales, pero presentó siete listas internos de candidatos a senadores en las PASO. “No vamos a permitir avivadas”, afirmó entonces el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez.

En febrero de 2020, la Cámara Nacional Electoral convalidó esa decisión de la gestión de Mauricio Macri, estableciendo una interpretación más restrictiva con respecto al otorgamiento de fondos. Pero en septiembre de ese año, la Corte Suprema revirtió el fallo de la Cámara y ordenó pagarle al partido del dirigente ligado al nazismo un total de $14.080.00 por la impresión de boletas en 2017, que se sumaron a los más de cinco millones que ya había recibido ese año.

Esa interpretación de la ley –señala la Cámara Nacional Electoral– conduce a resultados irrazonables. La sentencia pone de relieve que, además del incremento exponencial de listas, “no pueden descartarse situaciones de abuso del derecho o, lisa y llanamente, casos de malversación de fondos”.

En ese sentido, recordaron una serie de medidas adoptadas por la Cámara para verificar la actividad de las imprentas que aparecen contratadas por las agrupaciones políticas y mencionaron la existencia de actuaciones penales por la posible comisión de maniobras delictivas en el manejo de los fondos públicos asignados para la impresión de boletas.

La Cámara recordó que viene reclamando además más cambios por los problemas que traen las boletas partidarias, “cuyas deficiencias el Tribunal ha remarcado en infinidad de oportunidades, desde el año 2007″. Allí habló de la conveniencia de la boleta única suministrada por el tribunal electoral, como la que usan los detenidos en prisión y los votantes en el extranjero: en lugar de haber una boleta por lista interna de cada agrupación, hay una sola boleta con los candidatos de todos los partidos.

“La multiplicidad de candidatos propuestos y la inmensurable cantidad de boletas oficializadas generaron una serie de contratiempos que deben inexorablemente conllevar un debate sobre los medios instrumentales que el régimen jurídico establece para canalizar la oferta electoral y ejercer el derecho de sufragio”, dijeron los jueces al advertir sobre los problemas ocurridos en las últimas elecciones con las boletas.

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