La Justicia Electoral enfrenta una gran cantidad de vacantes y graves denuncias a un magistrado
Tres juzgados y cinco fiscalías no tienen titulares; pese a estar acusado de cobrar de sobornos, Walter Bento sigue al frente del proceso electoral en Mendoza
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Por Cecilia Devanna y Candela Ini
En la antesala de las elecciones legislativas, la Justicia Electoral tiene tres juzgados vacantes, cinco fiscalías acéfalas y un juez acusado de delitos graves en plenas funciones. El escenario se completa con la dinámica atípica que propone la pandemia de coronavirus, que obliga a cambios antes las elecciones de septiembre y noviembre próximos.
Desde mayo, el problema más serio para el fuero lo protagoniza Walter Bento, juez federal con competencia electoral de Mendoza. Bento está acusado de ser la cabeza de una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de favores procesales. Se le imputan también los delitos de cohecho pasivo, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Tiene pedido de indagatoria y de detención, pero permanece en libertad por los fueros que lo amparan. Como parte de esa trama, su esposa, Isabel Boiza, también está acusada por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en tanto que dos hijos del matrimonio son investigados.
La situación de Bento se juega tanto en la Justicia penal como en el Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la designación, el control y la remoción de los jueces. La Comisión de Disciplina y Acusación lleva semanas sin reunirse. Sus integrantes lo harán este martes. El instructor del expediente contra Bento es el diputado de Pro Pablo Tonelli, que pedirá medidas de prueba.
Aun en estas condiciones, Bento seguirá al frente de un cargo clave: deberá supervisar y autorizar los frentes electorales, aprobar el financiamiento de los partidos e intervenir en las denuncias que puedan presentarse por fraude y eventuales cuestionamientos a los resultados electorales.
El caso de Bento recuerda al de Carlos Soto Dávila, que se desempeñó como juez federal con competencia electoral en Corrientes durante 23 años y quien renunció en 2019 por las severas acusaciones en su contra. Está procesado por cobrar coimas a cambio de beneficiar narcotraficantes, a la espera del juicio oral y público.
Desde su dimisión, en febrero de 2019, su cargo en el juzgado federal con competencia electoral de Corrientes está vacante. El Consejo realizó el concurso y está en etapa de evaluar impugnaciones, lo que implica que aún quedan varios pasos para que el Ejecutivo finalmente designe sucesor.
En Río Negro y Tucumán, otras dos jurisdicciones que tienen cargos vacantes, los tiempos del Consejo también presentan dilaciones. El de Río Negro tenía fecha de examen para mayo pasado, pero se encuentra suspendido, en tanto que en el de Tucumán se encuentra con fecha suspendida, pero para la prueba de oposición.
En el caso de Río Negro, el juzgado quedó vacante tras la renuncia de Mirta Filipuzzi, quien tuvo más de tres décadas como jueza y lideró 22 elecciones nacionales. Filipuzzi presentó la dimisión a su cargo en marzo de 2020, poco después de que el oficialismo avanzara con los cambios previsionales para magistrados. La exmagistrada negó que ese fuera el motivo de la renuncia y aseguró que se debía a motivos personales.
En Tucumán, la vacante se generó con la salida de Daniel Bejas, que había sido designado por Cristina Kirchner en 2011 y que desde diciembre integra la Cámara Nacional Electoral (CNE) junto a Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía.
Otra vacante que se completó este año fue la del juzgado federal de La Plata, frente al cual asumió Alejo Ramos Padilla, quien desde entonces tiene bajo su órbita el padrón de la provincia de Buenos Aires. El exjuez federal de Dolores ocupó la silla de Manuel Blanco, histórico magistrado electoral platense, fallecido en 2014.
Los juzgados vacantes son actualmente cubiertos con otros jueces federales, pero que no concursaron específicamente para cargos electorales.
La situación de vacantes también se replica en las fiscalías. Tras la muerte del fiscal federal con competencia electoral de la Ciudad de Buenos Aires Jorge Di Lello en febrero de este año, el cargo es subrogado por el fiscal Ramiro González, titular de una fiscalía en Comodoro Py y uno de los que más conoce el área electoral, tras años trabajando junto a la jueza federal María Servini.
También están vacantes las fiscalías federales con competencia electoral de Paraná, Entre Ríos, Neuquén, La Rioja y Río Gallegos.
La complejidad del escenario electoral no está dada este año solamente por la gran cantidad de vacantes, sino por la dinámica que impone la pandemia de Covid-19, que obligó a generar nuevos lugares de votación y nuevos circuitos para que no se crucen votantes, así como medidas de protección para quienes sean convocados como autoridades de mesa.
Por Cecilia Devanna y Candela Ini
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