La Justicia de Formosa sobreseyó a Gildo Insfrán y a Amado Boudou por las coimas a The Old Fund
Lo dispuso el juez Marcelo López Pïcabea en la causa que investigó un fraude en el proceso del canje de deuda pública durante el kirchnerismo
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LA NACIONHugo Alconada Mon
Se venía venir. En un trámite exprés, la Justicia formoseña sobreseyó al gobernador de esa provincia, Gildo Insfrán, y al exvicepresidente Amado Boudou en el expediente por el presunto pago y cobro de sobornos en el proceso de reestructuración de la deuda que Formosa mantenía con el Estado nacional.
El juez Marcelo López Pïcabea concluyó que Insfrán no cometió delito alguno durante el proceso del canje de deuda pública que protagonizó con Boudou, entonces ministro de Economía, y dispuso el sobreseimiento de ambos.
A cargo del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial, López Picabea tomó esa decisión poco después de recibir el expediente, en el que no citó a declarar a Alejandro Vandenbroele, quien intermedió en la operatoria como presidente de The Old Fund y confesó luego cómo se pagaron las coimas.
La resolución que benefició a Insfrán ocurrió el viernes 12 de noviembre último, pero solo trascendió durante las últimas horas, a través de un artículo publicado en el diario Ámbito Financiero, del empresario Cristóbal López. A lo largo de veinte páginas, el magistrado no aludió siquiera una vez a Vandenbroele, ni a su confesión, ni squiera para defenestrarla.
Tres días después, el lunes 15, el magistrado sobreseyó a todos los demás acusados. Es decir, a Boudou, a su socio José María Núñez Carmona, a la entonces ministra formoseña Inés Beatriz Lotto de Vecchietti, a Martín Cortés, el alfil de Insfrán que recibió dinero de The Old Fund, y a Jorge Gustavo Martínez.
Para López Picabea –al que en la provincia lo caracterizan como “ultradisciplinado” con el poder local-, los decretos que firmó Insfrán no tuvieron vinculación alguna con la contratación de The Old Fund como asesor aparente en la reestructuración de la deuda pública, ni la consultora tuvo rol alguno en esa operatoria.
“En su dictado [en alusión a los decretos que firmó Insfrán] no media la finalidad atribuida en la imputación sino, categóricamente, que este decreto, a la par de la necesaria aprobación del convenio, con igual o mayor importancia para su ejecución, tuvo la expresa finalidad de garantizar con recursos provinciales el cumplimiento de los pagos comprometidos a la Nación en el convenio suscripto y aprecio que está muy lejos de configurar un aporte personal o una contribución al hecho típico descripto en la acusación”, estimó el magistrado.
El sobreseimiento de Insfrán por la Justicia provincial se produjo poco después que la jueza federal de Formosa, María Belén López Mace, se declaró incompetente y dispuso que el expediente pasara a los tribunales formoseños, que ya en 2012 intentaron cerrar el expediente sin investigar lo ocurrido.
El presidente de la presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Hernández, intentó evitar que el expediente se girara a la Justicia local, para lo cual planteó que la Cámara Federal porteña determinó que debía ser la Justicia federal con asiento en esa provincia la que asumiera la instrucción.
Con el expediente ya en los estrados formoseños, sin embargo, la pesquisa terminó de cerrarse, tras un largo periplo desde los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires, y la Justicia federal en esa provincia que a lo largo de quince meses no registró movimientos procesales relevantes.
Contrato ficticio
El expediente se había iniciado a partir de una investigación de LA NACION, que reveló en 2012 el pago de $7,8 millones –unos dos millones de dólares al cambio entonces vigente- a la firma The Old Fund en mayo de 2010 por parte del gobierno de Insfrán. Le pagó por su supuesto asesoramiento para el canje de la deuda pública que Formosa acumulaba con el Estado nacional.
Ese supuesto asesoramiento, sin embargo, jamás ocurrió. Se trató de un contrato ficticio para que Boudou, por entonces ministro de Economía cobrara una comisión a cambio de darle luz verde a esa reestructuración financiera, según confesó luego Vandenbroele. Detalló que The Old Fund emitió su factura 003, manuscrita y tras anular las dos primeras, para efectivizar ese cobro.
El pago de ese “retorno” incluyó, sin embargo, un giro adicional. Porque el 30% del dinero que el Fondo Financiero Provincial (FonFiPro) le transfirió a The Old Fund terminó días después en las arcas de Estrategias de Imagen y Comunicación SA, una firma que controlaba Martín Cortés, un conocido operador de Insfrán que con el paso de los años se convirtió en director, presidente y accionista del Banco de Formosa. Al decir de los investigadores, esa transferencia del 30% configuraría sería el “retorno del retorno”.
La investigación judicial sobre ese soborno, sin embargo, jamás terminó de despegar. A fines de 2012, la Justicia formoseña archivó el expediente sin ordenar medidas de prueba relevantes ni indagación material alguna sobre la posible comisión de los delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública. Se apoyó en la versión de los hechos que le proveyó el gobierno de Insfrán.
El entonces juez provincial Héctor Suhr dispuso el archivo del expediente. Consideró que no se había corroborado “un móvil distinto al que debe sustentar los actos realizados, tutelando la hacienda pública y el prestigio de la Administración”. Tiempo después pasó a gozar de su jubilación como magistrado.
Desde el Ministerio Público Fiscal formoseño tampoco impulsaron la investigación. La entonces fiscal provincial Marisa Vázquez concluyó que no le correspondía dictaminar, pero en ese mismo escrito dictaminó la “inexistencia de elementos” incriminatorios y sostuvo que The Old Fund había “realizado y luego cumplido los objetivos” de asesoramiento trazados. Dos años después, el gobierno de Insfrán apoyó su designación al frente de una de las dos decisivas fiscalías federales en la capital provincial.
La pesquisa, sin embargo, resurgió cuando la Justicia federal con asiento en los tribunales de Comodoro Py ahondó en lo ocurrido. Al punto que con las mismas evidencias que Suhr y Vázquez descartaron toda ilicitud, concluyó lo contrario. Esa sospecha se confirmó cuando Vandenbroele se acogió al régimen del arrepentido, en noviembre de 2017, y confesó el cobro de la coima. “La operación estaba avanzada”, detalló. “La llevaban adelante el gobernador Infrán y el ministro de economía Amado Boudou. Solo había que simular un asesoramiento con la provincia para cobrar una comisión”.
Pero en 2020, la investigación se detuvo. El juez federal a cargo del caso Ciccone en Buenos Aires, Ariel Lijo, y la Cámara Federal porteña concluyeron que la pesquisa debía continuar en Formosa, donde poco después la remitieron, otra vez, a la Justicia provincial para su cierre definitivo.
López Picabea acumulaba ya fallos controvertidos en favor del Ejecutivo formoseño, según detalló el diario El Comercial de esa provincia. Por ejemplo, cuando rechazó un hábeas corpus presentado en uno de los centros oficiales de cuarentena durante la pandemia. Lo hizo en menos de 48 horas, sin concurrir al centro a verificar las instalaciones, ni escuchar a los involucrados.
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