La Justicia de Bariloche allanó Lago Escondido en busca de pruebas

La justicia federal de Bariloche realizó un allanamiento en la estancia Lago Escondido y otro en el aeropuerto bonaerense de San Fernando como parte de la causa por presuntas dádivas por el viaje al Sur que compartieron jueces federales, un ministro porteño, un fiscal y directivos del grupo Clarín.

El operativo en la estancia del empresario británico Joe Lewis comenzó el lunes a las 19 y duró hasta pasadas las 7 del martes. La noticia, publicada por la agencia oficial de noticias Télam, fue confirmada a LA NACION por fuentes oficiales, que informaron que por orden de la jueza Silvina Domínguez se secuestraron durante el allanamiento distintos elementos que podrían servir de prueba para la causa. Entre ellos, notebooks, celulares, carpetas y cuadernos con registros de eventos y hospedajes. También, el registro de facturación, documentos de la administración, balances y la nómina de empleados de Hidden Lake SA, empresa que administra la estancia. Las fuentes oficiales informaron además que la jueza estuvo presente durante los allanamientos y tomó declaraciones testimoniales al personal que estaba en el lugar.

LA NACION se comunicó con la administración de Lago Escondido, donde no hicieron declaraciones sobre el tema.

El viernes pasado, otro operativo se llevó a cabo en las oficinas y el hangar de la empresa Flyzar, en San Fernando, informaron las fuentes. Esa es la empresa con la que viajaron a Bariloche, en un vuelo privado, los jueces federales Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Carlos Mahiques y Pablo Cayssials; el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro; el fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques; el empresario Tomás Reinke y el exfuncionario de la SIDE Leonardo Bergroth. Todos ellos fueron imputados en esta causa por la fiscal María Cándida Etchepare.

Del viaje participaron también los directivos del Grupo Clarín Jorge Rendo y Pablo Casey, pero ellos no volaron con los demás; los estaban esperando en el aeropuerto de Bariloche, según surge de imágenes que están incorporadas a la causa penal.

Los investigadores buscan determinar cómo se solventó ese viaje y si los funcionarios públicos incurrieron en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario y de admisión de dádivas.

En su dictamen de la semana pasada, la fiscal había destacado que “todas las facturas emitidas por los servicios [vuelo y alojamiento] fueron abonadas ‘al contado’ e, incluso, en el caso del alojamiento, formalizadas con posterioridad” a la fecha del viaje. “De modo tal -escribió la fiscal- que adquiere sustentación (con el grado que requiere esta incipiente instancia) la denuncia del letrado en cuanto a que el viaje en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios, extremo que habrá de corroborarse o descartarse a lo largo de la pesquisa.”

El contenido de presuntos chats intercambiados por los participantes del viaje, que se hicieron públicos hace diez días, aludía al tema de las facturas. En los intercambios se hablaba de cómo simular los pagos y de lo llamativo que resultaría el hecho de que ninguno figurara pagando con tarjeta de crédito ni transferencia bancaria.

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