La Justicia busca documentación en la Jefatura de Gabinete por una causa contra Marcos Peña y Gabriela Michetti
LA NACIONCandela Ini
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó un procedimiento judicial en la Jefatura de Gabinete en una causa donde investiga al exjefe de Gabinete Marcos Peña y a la exvicepresidenta Gabriela Michetti por negociaciones incompatibles con la función pública, a través de contrataciones directas a empresas de publicidad. La medida fue pedida por el fiscal del caso, Jorge Di Lello.
El procedimiento, una orden de presentación, quedó frustrado porque, cuando las autoridades policiales llegaron al Edificio SOMISA -sede donde funciona la Jefatura de Gabinete a cargo de Santiago Cafiero-, las personas que debían recabar y entregar la documentación no se encontraban en el lugar, debido al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio por la pandemia de coronavirus, y por casos positivos de Covid-19 en personal de la dependencia.
Se definió, entonces, que la Dirección de Gestión Documental y Despacho de la Jefatura de Gabinete entregarán al juzgado de Martínez De Giorgi la documentación y los elementos requeridos "en el menor tiempo posible".
En esta causa se investiga si durante el gobierno anterior se otorgaron contratos millonarios de manera directa -sin concurso- a empresas que participaron en el desarrollo de las campañas publicitarias de la coalición política Cambiemos durante la compulsa electoral de 2015.
Según supo LA NACION, el objetivo de esta medida era obtener los expedientes mediante los cuales tramitaron las contrataciones directas a las empresas y sus posteriores ampliaciones, así como también las constancias de ingresos y egresos a todas las oficinas correspondientes a la Jefatura de Gabinete.
La causa fue iniciada a partir de una denuncia que presentó el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, y el fiscal de turno con el juez De Giorgi, Jorge Di Lello, impulsó la investigación penal contra Peña, Michetti, contra el exsecretario de Comunicación Pública Jorge Grecco, y otras cinco personas que trabajaron en esa secretaría.
Según el dictamen emitido por Di Lello, los hechos denunciados por la PIA demostrarían "la existencia de una estructura montada por funcionarios nacionales, para favorecer a las empresas mencionadas, mediante la utilización de la figura del "legítimo abono" en contrataciones de forma habitual, eludiendo las normativas administrativas en la materia y dejando a la empresa estatal Télam, sin una de sus labores esenciales como era la realización de campañas publicitarias oficiales".
Por Candela Ini
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