La Justicia argentina le pidió a Uruguay preservar un avión del Plan Cóndor encontrado en Montevideo
El juez Casanello solicitó que se preserve la aeronave en su estado actual; se encontró a partir de una investigación universitaria; lo habría usado el exalmirante Massera
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LA NACION
La Justicia argentina pidió a Uruguay preservar un avión hallado en territorio uruguayo señalado de haber trasladado a detenidos en el marco del Plan Cóndor de colaboración entre regímenes militares sudamericanos en las décadas de 1970 y 1980, dijeron fuentes judiciales.
El exhorto internacional, firmado el 15 de junio por el juez federal Sebastián Casanello, solicita “a las autoridades jurisdiccionales uruguayas competentes” que dicten “una medida cautelar que disponga preservar el estado actual del avión Hawker Siddeley HS-125 modelo 400B con código de identificación 5-T-30 y 25251, que fuera registrado con la matricula 0653″.
La aeronave “se hallaría en el aeropuerto internacional Ángel S. Adami” de Melilla, en las afueras de la capital uruguaya, Montevideo, precisa el documento emitido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 de Buenos Aires.
Casanello, que investiga causas por el Plan Cóndor, libró el exhorto tras tomar declaración el mismo 15 de junio al uruguayo Sebastián Santana.
El hallazgo del avión sucedió en septiembre pasado mientras un investigador buscaba datos para un proyecto de la Universidad de Oxford en Reino Unido, que documenta las violaciones de derechos humanos por parte de las dictaduras del Cono Sur.
Santana contó a la agencia AFP que localizó el avión en Melilla al buscar material gráfico para un audiovisual sobre cinco militantes de izquierda detenidos en 1977 en Asunción por las fuerzas de seguridad paraguayas y aún desaparecidos.
Es el caso de los argentinos José Luis Nell, Alejandro Logoluso y Marta Landi, y de los uruguayos Nelson Santana y Gustavo Inzaurralde, quienes según documentos del llamado Archivo del Terror de Paraguay, conocidos en 1992, fueron llevados a Buenos Aires el 16 de mayo de 1977 en un avión de la Armada argentina.
“Diez días después Ricardo Peidró, sobreviviente del centro clandestino de detención y tortura bonaerense ‘El Atlético’, compartió celda con Inzaurralde; es el último dato que se tiene sobre uno de estos secuestrados”, señala Santana en su informe presentado a los tribunales argentinos.
El avión fue identificado en Melilla gracias a datos de la página de Facebook de la Armada argentina y de blogs de aficionados a la aviación, que indicaban que era para uso personal del exalmirante Emilio Massera, jerarca de la dictadura argentina de 1976 a 1978, según la agencia AFP.
“La nave está en mal estado, aunque en una sola pieza”, dice Santana en su informe. “En 2013 se le desmanteló parte del panel de navegación, pero sigue siendo un objeto reconocible”.
El aparato, que voló por primera vez en julio de 1970, fue vendido por la Armada argentina en 1987 y desde entonces estuvo en manos de civiles, primero de empresas argentinas “para operaciones antigranizo” y luego de la empresa uruguaya AirWolf “para servicios de taxi aéreo”, según el reporte.
Santana desestimó que haya sido utilizado para los “vuelos de la muerte”, en los que la dictadura argentina arrojaba desde el aire a detenidos opositores.
“Este avión no podría haber sido usado para tirar gente al mar porque tiene los dos reactores pegados a la cola y vuela muy rápido, entonces hubiera sido muy riesgoso”, explicó.
La investigadora de la Universidad de Oxford Francesca Lessa, experta en el Plan Cóndor, celebró el hallazgo.
“El avión encarna la materialidad de los crímenes cometidos y su ubicación en Uruguay puede impulsar las investigaciones existentes en Argentina que aún intentan determinar el destino final de las víctimas”, dijo en un comunicado.
Santana subrayó que el caso de los cinco activistas detenidos en Asunción motivó tres procesos judiciales: uno en Paraguay, iniciado en 1993 “pero sin avances”; otro en Uruguay, por el que en 2010 fue procesado con prisión el militar Carlos Calcagno, fallecido en 2013; y otro en Argentina, que supuso la condena del militar Antonio Vañek, fallecido en 2019.
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