La justicia argentina investiga al presidente de Nicaragua por violaciones a los derechos humanos
El fiscal Eduardo Taiano impulsó el caso y el juez de la causa, Ariel Lijo, envió un oficio al gobierno de Daniel Ortega para avanzar con el expediente
La justicia argentina abrió una investigación penal contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la vicepresidenta, Rosario María Murillo, para determinar si son responsables de delitos de lesa humanidad.
La investigación la lleva adelante el juez federal Ariel Lijo, a instancias de una denuncia presentada por los abogados Dario Richarte y Diego Pirota, y de un pedido del fiscal Eduardo Taiano, quien impulsó la causa.
Taiano afirmó que la justicia federal argentina está facultada para investigar violaciones a los derechos humanos ocurridos en otro país, ya que la Constitución Nacional reconoce el principio de jurisdicción universal. Lijo envió a la justicia nicaragüense un exhorto internacional para que le informe si existen causas abiertas sobre supuestas detenciones ilegales y desapariciones de personas.
El fiscal Taiano identificó como imputados -en su dictamen para impulsar el caso- a Ortega y Murillo, y a “quienes dentro de la estructura estatal o para estatal puedan resultar responsables del dictado y ejecución de órdenes tendientes a concretar acciones de persecución por cuestiones políticas y/o religiosas”.
Dijo el fiscal que “se encuentra habilitada la jurisdicción de nuestro país para investigar los delitos denunciados” a pesar de que no ocurrieron en este territorio, dados “los compromisos internacionales” asumidos por la Argentina que la obligan a hacerlo ante una denuncia.
Richarte fue número dos de la SIDE en el gobierno de Fernando de la Rúa y con Pirota, el otro denunciante, defendieron en los comienzos del kirchnerismo a funcionarios del Gobierno en problemas con la Justicia, incluido Amado Boudou, con quien finalmente rompieron.
Pirota y Richarte dijeron que se anoticiaron por los medios de la precaria salud del obispo de Matagalpa Rolando Álvarez, quien se encuentra detenido, bajo arresto domiciliario, sin que se conozcan más detalles de su situación. La denuncia señaló que el caso del religioso se da en un contexto de ataque sistemático contra la población civil y menciona investigaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que denuncian los excesos del gobierno de Ortega.
Taiano precisó en su dictamen, que la Corte Penal Internacional no podría juzgar esos crímenes, toda vez que Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma.
La denuncia distingue seis etapas en la evolución del gobierno de Ortega, que comenzó en abril de 2018, con la “represión de las manifestaciones con uso excesivo y arbitrario de la fuerza, obstrucción de la asistencia humanitaria a las personas heridas, detenciones arbitrarias y violencia contra periodistas y medios de comunicación”. En junio de ese año, se dieron “operativos de limpieza” de la policía y grupos parapoliciales.
La tercera etapa la ubican en agosto de 2018 y se trata de “la criminalización selectiva, la obstrucción del derecho al debido proceso y la violación de derechos de las personas de los detenidos”, sostienen. “En noviembre creció la agresión y el hostigamiento y la expulsión de personas que participaron en protestas”, afirma la denuncia.
Las últimas dos etapas, en abril de 2020, las describen como de detenciones de personas por breves períodos pero en forma reiterada y luego dan cuenta ya de la detención de los candidatos presidenciales con oportunidades de disputarle el poder al matrimonio gobernante.
“Las aludidas acciones criminales habrían sido ordenadas desde las más altas esferas políticas nicaragüenses, desde donde se elaboró una estructura de represión estatal y paraestatal que permitieron su ejecución”, señalaron los denunciantes, y sostuvieron que esta situación incluye “asesinatos, encarcelaciones, privaciones de la libertad y desaparición forzada”, así como también “torturas, traslado forzado de la población y persecución por motivos políticos y religiosos”.
La justicia argentina ya asumió la jurisdicción universal cuando abrió una causa por delitos denunciados en un periodo que abarca la guerra civil española, el régimen de Francisco Franco y los dos años que transcurrieron entre la muerte del dictador, en 1975, y la celebración de las primeras elecciones democráticas. Por ese caso, iniciado en 2010, un tribunal anuló recientemente el procesamiento dictado por la jueza María Servini a un exfuncionario español que había accedido a declarar ante la magistrada por videoconferencia. La justicia argentina también habilitó una investigación en 2021 por las denuncias de represión contra el pueblo Rohingya en Myanmar.
En los últimos tiempos, el gobierno de Ortega ha intensificado la persecución de sus adversarios políticos y acusa a sus familiares por la vía penal, denuncian organizaciones de derechos humanos.
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