La Justicia allanó una empresa de la Presidenta por irregularidades
Lo dispuso el juez Claudio Bonadio sobre la firma que administra el hotel Alto Calafate; la investiga por la falta de balances y por las contrataciones ficticias que hicieron compañías de Lázaro Báez
Cuando la policía abrió la puerta de la oficina del cuarto piso de Lavalle 975, sobre la peatonal, a metros de la avenida 9 de Julio, no había nadie. Sólo había un departamento vacío. Sin embargo, el lugar fue declarado oficialmente como la sede de Hotesur, la empresa donde la presidenta Cristina Kirchner es accionista y que administra Alto Calafate, uno de sus hoteles. Esa oficina donde debía funcionar la compañía de la mandataria fue allanada ayer por el juez federal Claudio Bonadio, quien también allanó la Inspección General de Justicia (IGJ) para pedir los legajos originales de esa empresa. Además le solicitó información a la AFIP sobre sus declaraciones de impuestos.
El juez Bonadio investiga anomalías registrales en Hotesur y la falta de presentación de balances de la empresa. Pero además investiga la hipótesis del lavado de dinero, dado que la firma acordó alquilar casi un millar de habitaciones al mes a Lázaro Báez durante dos años, estén o no ocupadas, según reveló LA NACION el año pasado.
La acción judicial sobre la empresa de la que Cristina Kirchner declaró tener acciones por 9.367.528,85 de pesos responde a una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer, basada en una investigación del programa de televisión Periodismo para todos, que señaló irregularidades registrales en la firma.
En concreto, se denunció que la sede de la empresa era una oficina vacía y que la firma no presenta balances desde hace años ante la IGJ, organismo público que depende del Ministerio de Justicia y que se encarga de registrar y controlar a las empresas.
Bonadio comprobó ayer, al menos parcialmente, parte de la denuncia: en la sede declarada en las oficinas de Lavalle al 900 no funcionaba nada. Sí encontró que debajo de la puerta había correspondencia comercial dirigida a la empresa que administra el hotel Alto Calafate, de esa ciudad santacruceña.
LA NACION ya había publicado el 19 de diciembre de 2013 que la IGJ protegía a Hotesur, porque no se la había sancionado a pesar de que adeuda balances, no informa quiénes integran su directorio desde hace años y sus directores incumplen la normativa contra el lavado de activos que dictó la IGJ, que obliga a detallar si algunos de ellos son "personas políticamente expuestas" (PEP).
Además, la empresa presentó su declaración jurada obligatoria de actualización de datos meses después de vencido el plazo. Y, a diferencia de lo que ocurrió con otras empresas, ni por ese incumplimiento ni por los otros fue sancionada con las multas previstas.
En la causa de Bonadio, el fiscal Carlos Stornelli había impulsado la acción y el pedido medidas de prueba. Pero la investigación judicial no sólo tiene por objeto corroborar un incumplimiento formal de las normas registrales, sino que además el juez Bonadio analizará la consistencia de la información económica que surja de los balances, comparada con la de la facturación y las declaraciones impositivas de la empresa, dijeron fuentes judiciales.
LA NACION reveló a fin del año pasado que siete compañías del empresario kirchnerista Lázaro Báez, por medio de la firma Valle Mitre, suscribieron acuerdos confidenciales y retroactivos por los que alquiló y pagó 935 habitaciones por mes a las empresas de la Presidenta, durante 2010 y 2011, sin importar si se ocupaban o no, ni si se trataba de temporada alta o baja. Así, y sólo por el Alto Calafate, el matrimonio presidencial recaudó más de $ 10,1 millones de Báez. De ese monto, más $ 6,3 millones correspondieron a 2010 y $ 3,7 millones al año siguiente, cuando ya había fallecido el ex presidente Néstor Kirchner. Por eso ayer un funcionario judicial con cinco hombres de la Policía Metropolitana y testigos se apersonaron en la AFIP para buscar la información económica de la empresa allí depositada. El juez les dio 48 horas para entregarla. Bonadio analizará los balances y si hay lavado de dinero en el alquiler de las habitaciones.
Paralelamente, otra brigada fue a la IGJ, donde ayer a la tarde buscaban los legajos de Hotesur. Allí hay mas irregularidades: la empresa adeuda presentación de balances, conformación societaria y tasas, correspondientes a los ejercicios 2011, 2012 y 2013.
En tanto, la última designación de directorio corresponde a una asamblea que se celebró en noviembre de 2008, con mandato hasta la asamblea que debía tratar el ejercicio con cierre el 31 de octubre de 2009. Esa asamblea designó a una sobrina de los Kirchner -la fiscal Romina Mercado- y a un socio del ex presidente en la inmobiliaria, Osvaldo Sanfelice, además de Adrián Berni -el máximo ejecutivo de Lázaro Báez en Valle Mitre- y otros hombres del entorno compartido por ambos: Alejandro Fermín Ruiz, Patricio Pereyra Arandia y Roberto Saldivia.
Según el estatuto interno de Hotesur, sus directorios se conforman con mandatos por tres años, pero aun así durante sus primeros ejercicios los renovaron cada año. De ese modo, si desde 2009 mantuvieron la tradición de conformarlos cada 12 meses, la sociedad no informó sus cuatro últimos directorios. Y si pasó a cambiarlos cada tres años, faltan dos: el de 2009 y el de 2012.
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