La jugada de Larreta puede ingresar en un campo minado

Horacio Rodríguez Larreta convocó a las elecciones primarias porteñas adoptando el sistema de boleta única. La consecuencia inmediata es que los candidatos locales ya no irán atados a los nacionales. Como Larreta fijó, además, la misma fecha de los comicios nacionales, el 13 de agosto, el procedimiento obliga a disponer de dos urnas. Este método se denomina “elecciones concurrentes”. El alcalde sostiene que con esta opción está obedeciendo el Código Electoral de la ciudad, que establece la boleta única.

Los radicales porteños, que postulan para la Jefatura a Martín Lousteau, aplaudieron la decisión de Larreta. Ellos todavía enfrentan el inconveniente de carecer de un candidato a presidente competitivo. Les conviene, por lo tanto, una elección local que se recorte de la nacional y enfrente sólo a los candidatos porteños.

Cuando el jefe de Gobierno dice que la ley establece la boleta única dice la verdad. Pero no toda la verdad. Porque la ley también lo habilita, en su artículo 60, a adherir al régimen nacional, lo que supondría no utilizar la boleta única y recurrir a la clásica lista sábana. Son las que se llaman “elecciones simultáneas”. Muchos dirigentes del Pro, entre los que están Mauricio Macri, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, prefieren este camino. Si se adoptara, también cumplirían con la ley. Ellos están convencidos de que así se fortalecería a su candidato a jefe de Gobierno, que podría atar su destino al de Larreta, Bullrich o Vidal. El arrastre de las candidaturas presidenciales beneficiaría, entonces, a Jorge Macri, Fernán Quirós o Soledad Acuña, que son los tres postulantes en carrera, al menos por ahora.

Larreta insiste en su posición, alegando que la boleta única es una bandera que Juntos por el Cambio viene levantando para todas las elecciones del país. Sus críticos le reprochan modificar las reglas de juego en medio de la carrera por su sucesión. Aquí es donde se abre una hendija que permite interpretaciones diversas y movimientos contradictorios. Son, como suele suceder, ambigüedades que pueden habilitar impugnaciones en los tribunales. Para prever esta posibilidad no hay que suponer que se está produciendo una violación flagrante de las normas. Lo que podría empantanar el trámite en una engorrosa esgrima tribunalicia es el nivel de conflicto interno que desató en Juntos por el Cambio la controversia por el procedimiento para elegir candidatos.

Es indispensable advertir un detalle. Larreta convocó a elecciones concurrentes. Es decir, con boleta única, pero en la misma fecha que las nacionales. Deberá haber, por lo tanto, dos urnas. ¿Es un cambio de reglas? En principio, no, porque esa modalidad está prevista en las leyes. Pero, para llevarla adelante, debe crearse un nuevo instrumento normativo. Se trata de un acuerdo entre la Justicia Federal y la Justicia porteña para regular los dos comicios de manera coordinada. No hay muchos antecedentes. Si se toma como modelo el de Salta, el convenio debe ser suscripto por el juez federal del distrito y el Tribunal Electoral de la provincia. La Cámara Nacional Electoral debe convalidar ese entendimiento. Si se prefiere, en cambio, el modelo de Santa Fe, deben intervenir el juez federal, la Cámara Nacional Electoral, el Tribunal Electoral de la provincia y el ministro de Gobierno santafesino.

Trasladada esta segunda opción a la Capital Federal, Jorge Macri debería firmar el acuerdo. Como se sabe, él está en contra de la medida. Antes de suscribirla prefirió irse a Nueva York y delegar su firma en el ministro de Seguridad Eugenio Burzaco. Dicho sea de paso, es llamativo que Jorge Macri siga siendo ministro a pesar de semejante disidencia. Es decir, es llamativo que no haya renunciado o que Larreta no le haya pedido la renuncia. El estrafalario vínculo entre Alberto Fernández y Eduardo “Wado” De Pedro se reproduce ahora en el gobierno porteño de Juntos por el Cambio.

Si Larreta hubiera convocado a las elecciones en una fecha separada de la nacional se habría evitado este trámite. No lo hizo para no multiplicar la asistencia a las urnas. El costo es que debe poner sobre la mesa un nuevo instrumento jurídico, susceptible de ser impugnado en cualquier instancia. Sobre todo si hay ganas de impugnarlo.

El acuerdo entre la Justicia Federal y la local ofrece también una vía, muy indirecta, para que el Poder Ejecutivo Nacional se inmiscuya en las elecciones porteñas. La razón hay que buscarla en la infinidad de veces en que el Código Nacional Electoral exige coordinación entre la Cámara Nacional Electoral y la Dirección Nacional Electoral que depende del Ministerio del Interior. Bastaría que “Wado” De Pedro haga saber a la Justicia que no convalida el modo en que se van a realizar las elecciones concurrentes, para que todo el proceso empiece a empantanarse. Puede tener muchas razones para hacerlo: la mayoría de carácter administrativo, relacionadas con la organización material de la elección.

Quiere decir que existen oportunidades para enmarañar los comicios de la Ciudad que pueden ser muy tentadoras para los que enfrentan a Larreta. Ni siquiera deben dejar sus huellas en una impugnación. Siempre puede ser un vecino ignoto quien golpee la puerta del juzgado pidiendo por sus derechos electorales.

En los próximos días se sabrá si la ciudadanía porteña deberá asistir a una guerra de expedientes. No sólo por eventuales controversias en la organización de los comicios. También la postulación de Jorge Macri puede deslizarse hacia una trampa judicial. La Constitución porteña, en su artículo 97 establece que para ser candidato a jefe de Gobierno se debe haber nacido en la Ciudad, o haber tenido en ella residencia habitual y permanente durante, por lo menos, cinco años. El ministro de Gobierno nació en Tandil. Y fue hasta el 1 de diciembre de 2021 intendente de Vicente López, lo que le exigió demostrar que mantuvo por lo menos dos años inmediatos de residencia en ese partido. Quiere decir que Jorge Macri está en una encerrona: no puede cumplir las dos prescripciones al mismo tiempo.

A Larreta le preguntaron por esta incompatibilidad. Contestó que Jorge Macri le había asegurado que no había límite alguno. Pero dejó una puerta abierta: “Si hubiera algún problema debe resolverlo la Justicia”. ¿Los radicales irán a tribunales, o mandarán a alguien, para cuestionar la habilitación de Macri para competir contra Lousteau?

El nivel de conflicto interno que ha tomado a Juntos por el Cambio amenaza, todavía de manera muy brumosa, el proceso electoral. Las decisiones que tomó Larreta pueden ingresar, desde el punto de vista jurídico, en un campo minado.

Por debajo del plano reglamentario actúa un conflicto político cuya naturaleza y alcance se desconoce. Su centro es una contradicción entre Macri y Larreta. Se la presenta como un duelo sucesorio. Si se prefiere, un caso de parricidio. También se especula con que, sensible a la mala imagen del expresidente en algunas franjas electorales, Larreta hace de este enfrentamiento un eje de su proselitismo. Podría haber una dimensión más amplia del enfrentamiento, relacionada con el destino de Juntos por el Cambio. Es obvio que en la sociedad existe una exigencia creciente de renovación política. Macri parece responderla radicalizando sus posturas. Acercándose a Javier Milei. Inclusive para neutralizarlo. Larreta propone otra aventura: afianzar la relación con el radicalismo como paso previo a una nueva transversalidad asociada a fracciones peronistas. En esos movimientos de largo alcance puede estar cifrada la verdadera discusión: cómo responder a la presión social para que se regenere el vínculo entre los representantes y los representados.

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