Tras el pedido de captura, Rodríguez Simón se presentó ante un juez en Montevideo y pidió refugio
La jueza Servini había ordenado su detención; el exasesor de Macri fue a un juzgado en Montevideo que informó a Interpol que “está a derecho”
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Por Candela Ini y Hernán Cappiello
Luego de que la jueza federal María Servini pidió la captura internacional del exasesor de Mauricio Macri Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y lo declaró en rebeldía, el acusado se presentó ante un juez de turno en Montevideo para informarle que se declara como un solicitante de refugio internacional y el magistrado informó a Interpol de esta situación.
Así lo informaron a La NACION allegados al ex funcionario de Macri que que pidió asilo como “refugiado político” en Uruguay por considerarse “perseguido” tras la resolución de Servini que lo llamó a indagatoria en una causa donde lo investiga porque supuestas presiones al empresario Cristóbal López. En el expediente, uno de los querellantes es Fabián de Sousa, patrocinado por Carlos Beraldi, y el otro es el propio López.
Las fuentes allegadas a Rodríguez Simón señalaron que aunque no lo creía necesario, el exasesor judicial de Macri renunció a la residencia uruguaya para facilitar los trámites de concesión del refugio. El estatus de refugiado se adquiere con la solicitud, aunque las normas señalan que un comité integrado por funcionarios uruguayos y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), entre otros, debe evaluar el caso en un plazo de 90 días.
“Apenas se conoció la orden de captura se presentó ante un juez uruguayo como solicitante de refugio y este magistrado ya ofició a Interpol para informarle que Rodríguez Simón se encuentra a derecho”, dijo la fuente consultadas. Mencionó con que con esta decisión “Rodríguez Simón está en libertad y conforme a derecho en Uruguay. No está prófugo, ni se entregó a la justicia”, insistió el allegado a “Pepín”.
La jueza Servini había afirmado en su fallo que estaban dadas “las condiciones para decretar su rebeldía y ordenar su inmediata captura nacional e internacional”. La magistrada dispuso además la inhibición general de bienes de Rodríguez Simón, que es parlamentario del Mercosur y amigo del expresidente Macri.
Los delitos por los que la jueza pidió la captura de Rodríguez Simón son los de amenazas y extorsión. Y en el pedido de detención, enumeró que hay evidencias de reuniones del exasesor con empresarios allegados a López en el negocio del juego y llamadas telefónicas realizadas de manera contemporánea con esos encuentros donde supuestamente se ejercieron las presiones.
En cuanto a la presentación que hizo el acusado ante el juzgado, en la que comunicó su decisión de pedir asilo político a Uruguay, Servini escribió: “Su planteo es absolutamente improcedente, y parecería ser un atajo para obstruir el curso de la investigación en un caso en el que, luego de más de dos años de trámite, no se le ha impuesto ninguna medida cautelar personal ni real que pudiera dar un viso de verosimilitud al temor que el imputado pretende sostener y, mucho menos, a lo que denomina ‘persecución política”.
La jueza escribió, además, que librará un exhorto internacional a las autoridades que correspondan de la República Oriental del Uruguay “a efectos de solicitarles que, de manera muy urgente, arbitren los medios para que se proceda a la localización de Fabián Jorge Rodríguez Simón”. Pidió también que se le prohíba la “salida de ese país”.
Rodríguez Simón está citado a declarar el 17 de junio, acusado de haber integrado una presunta asociación ilícita “organizada con el objetivo de perseguir empresarios”, en el expediente iniciado por una denuncia de Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Servini dijo que el hecho de que Rodríguez Simón sea parlamentario del Mercosur no le provee inmunidad de arresto. “En nada conmueve lo aquí dispuesto lo que prevé el art. 16 de la ley 27.126, por cuanto si bien Rodríguez Simón es miembro del Parlamento del Mercosur, lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ha decidido que la inmunidad de arresto prevista en la normativa citada resulta inconstitucional y no se aplica a casos como este”, escribió la jueza.
La decisión de Rodríguez Simón de pedir asilo político causó desconcierto en los tribunales de Comodoro Py. Fuentes del juzgado de Servini desmentían ayer que antes a la presentación de Rodríguez Simón estuviera bajo consideración la posibilidad de detenerlo.
Incluso dentro del espacio de Juntos por el Cambio causó sorpresa la decisión de Rodríguez Simón. El abogado había denunciado que Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa contaban con el “apoyo explícito” del gobierno nacional. “Alberto Fernández estuvo en la nómina del Grupo Indalo como abogado hasta que asumió la presidencia y de la vicepresidenta Cristina Kirchner, son amigos personales y presuntamente socios”, afirmó Rodríguez Simón.
Sostuvo además que los dueños de Indalo “cuentan con un importantísimo respaldo económico –los fondos del Estado de los que se apropiaron–, liquidez financiera y expertise como para comprar voluntades en el corrupto y deteriorado sistema judicial argentino”.
El expediente en el que Rodríguez Simón es investigado es de alto voltaje político. Los empresarios dueños del Grupo Indalo, De Sousa y López, radicaron una denuncia hace más de dos años por las supuestas presiones que habrían sufrido de parte de Rodríguez Simón para que modificaran la línea editorial de sus medios, entre otros elementos que aportaron a la Justicia.
En cambio, Rodríguez Simón dijo que los medios del Grupo Indalo y la Justicia lo persiguen porque él “trabajó para que sus casinos [de Cristóbal López] pagaran impuestos”.
Por Candela Ini y Hernán Cappiello
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